La Asociación de Funcionarios de Ceibal (Afuce) emitió un comunicado denunciando la situación que atraviesa el Plan Ibirapitá, dedicado para brindar acceso a la tecnología a adultos mayores.
"Desde diciembre del pasado año las autoridades de Centro Ceibal han reducido el equipo en territorio a la mitad", aseguran los trabajadores, quienes se remontan al pasado febrero, momento en el que "el Plan lbirapitá quedó sin gerencia y coordinación general, lo que ha limitado la capacidad de planificación y desarrollo de estrategias a futuro".
Ahora, a partir del 31 de julio, "once trabajadores que ejercen docencia directa en territorio para la inclusión digital de las personas mayores, serán desvinculados".
Para Afuce, además de esta prevista desvinculación, existen otras señales alarmantes acerca de la continuidad del proyecto. "Centro Ceibal no ha comprado nuevas tabiets para los beneficiarios ni ha habilitado la adquisición de aplicaciones para ampliar el alcance del Plan. Estas medidas además de perjudicar a los beneficiarios y a la sociedad en su conjunto, resultan incoherentes y poco transparentes, ya que el presupuesto para el funcionamiento del Plan en el año 2020 fue asignado", señalan.
Los funcionarios subrayan que estas decisiones "llegan en un momento en que el Plan Ibirapitá reafirma su compromiso con la sociedad al ampliar su cobertura a todas las personas mayores de 60 años a través del acceso a talleres y contenidos. Asimismo, el Plan ha tenido un rol clave de acompañamiento y sostén de redes en el marco de la emergencia sanitaria".
Hasta el momento, "la Gerencia General no ha tomado ninguna medida al respecto, no ha habilitado un diálogo fluido con las/los trabajadores y no se pronuncia sobre el futuro del proyecto y la continuidad del Plan", lamentan.
Desde Afuce se reivindica el mencionado plan "como política pública que acompaña a las personas mayores en su inclusión social y digital, exigimos que las autoridades garanticen su continuidad".
"Sin trabajadores, sin planificación, sin objetivos, sin recursos, no hay una política de calidad. Los derechos de las personas mayores sí importan", concluyen.