La muerte
este mes de una menor marroquí de 14 años a causa de un aborto clandestino ha
desatado la polémica en Marruecos sobre la necesidad de despenalizar esta
práctica muy recurrente en el país, con entre 600 y 800 casos diarios, según
los datos manejados por las ONGs.
Meriem falleció el día 7 en la localidad rural de Boumia, en la provincia
sureña de Midelt, como consecuencia de la hemorragia causada por la operación,
que se habría practicado en la casa de un joven de 25 años con el que no estaba
casada, en un país que penaliza las relaciones extramatrimoniales.
Desde entonces, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, solo
permitida en Marruecos cuando la salud de la madre corre peligro, está en las
redes y medios marroquíes, donde se pide al menos desbloquear el proyecto de
reforma del Código Penal que se presentó en 2015 (ahora en revisión) y que
contemplaba excepciones como la violación, el incesto o enfermedad mental de la
madre.
"Sabemos que la marroquí es una sociedad conservadora, pero pedimos, por
razones exclusivamente sanitarias, que se despenalice la interrupción
voluntaria del embarazo", explica a EFE el presidente de la Asociación
Marroquí para la Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC), Chafik Chraibi.
"Exigimos que la interrupción del embarazo la regule el Código de Salud y
no el Código Penal, porque esta práctica forma parte de la política pública
sanitaria y de la salud reproductiva de las mujeres", precisa por su parte
Atifa Timjerdine, coordinadora del colectivo Primavera de la Dignidad, que
agrupa a veinticinco asociaciones feministas.
Según Chraibi, en Marruecos se registran diariamente entre 600 y 800 abortos
clandestinos. Una parte de estas interrupciones voluntarias del embarazo no se
realiza en quirófanos sino en consultas médicas que no cuentan con
anestesistas, que no están debidamente esterilizadas y no siempre las lleva a
cabo un médico especialista.
El activista, que ejerce también de ginecólogo, subrayó que realizar un aborto
en una consulta médica cuesta entre 3.000 y 15.000 dirhams (entre 280 y 1.400
euros) y que una parte de las mujeres que no disponen de ese dinero recurre al
aborto tradicional, que supone "un gran peligro".
La práctica de abortos en condiciones inadecuadas, explica el médico, puede
causar desgarros uterinos, infecciones graves, por tétanos por ejemplo,
hemorragias e intoxicaciones por el empleo de hierbas peligrosas. Todo eso
puede derivar en el fallecimiento de la mujer, como fue el caso de Meriem.
Según la OMS, 47.000 mujeres mueren cada año en todo el mundo a causa de
interrupciones del embarazo y esos fallecimientos se producen en su totalidad,
según este especialista, en los países cuyas leyes no autorizan un aborto
seguro.
"El caso de la niña Meriem es solo un ejemplo de cientos de tragedias que
se producen en la sociedad marroquí a causa de la penalización del
aborto", lamenta la activista feminista Timjerdine.
El código penal marroquí castiga a la persona que ayuda a una mujer a abortar
con penas de hasta 5 años de prisión y, en el caso de que fallezca, se elevan a
entre 10 y 20 años. Si una mujer se somete a un aborto se arriesga a un pena de
entre seis meses y dos años de cárcel.
Según Chraibi, los activistas que defienden el derecho al aborto han constatado
en los últimos años que las autoridades han endurecido sus medidas contra las
consultas médicas que realizan esa práctica.
"Ahora hay más médicos y enfermeros en prisión por practicar abortos
ilegales que hace unos años. Esa persecución hace que muchos médicos ya no
quieran realizarlos, lo que empuja a las mujeres a recurrir al aborto
tradicional", lamenta.
Recientemente, un tribunal de Fez condenó a un ginecólogo a un año de prisión y
a otras cinco personas a seis meses de cárcel por realizar un aborto y otro de
Marrakech sentenció a tres médicos y a otras tres personas a penas de entre
tres meses y dos años y medio.
Las consecuencias de quedar embarazada fuera del matrimonio pueden ser
fatales para una mujer marroquí: "Hay chicas que se quedan embarazadas de
una pareja con la que no llegan a casarse. Entonces, si no abortan, sus
familias las echan de casa", explica Chraibi.
Para Chraibi, las excepciones contempladas por la reforma legal presentada en
2015 no son suficientes. "La única solución es la despenalización del
aborto para que la suspensión del embarazo sea segura, la realice un médico
especializado en el quirófano de un hospital o de una clínica, con un servicio
de anestesia y óptimas medidas higiénicas".
Mohamed Siali para EFE