“Usted no es Dios, ¿por qué tú mamá no te abortó a ti?”, le gritó un médico a Idaluz cuando fue a interrumpir su embarazo después de que el aborto se despenalizara en Colombia. A María la quisieron internar hasta que un comité interdisciplinario decidiera si podía hacerlo.

Idaluz y María, cuyos nombres han sido cambiados por privacidad, son algunos de los casos que La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha recopilado desde que la Corte Constitucional falló a favor del aborto hace un año y que ejemplifica la reticencia de algunos médicos a respetar las decisiones de las mujeres y las barreras que persisten para acceder a un derecho.

En zonas de conflicto, principalmente rurales, donde los grupos armados imponen su ley y el acceso la salud es vulnerado por los confinamientos, donde tratar la diarrea de un bebé es una quimera, el aborto parece ficción.

Problema rural

“Yo creo que en las veredas no saben que tienen derecho a abortar”, asegura Corine Peter, coordinadora de salud en los proyectos de Médicos Sin Fronteras (MSF), que estuvo detrás de la demanda ante el Constitucional, en el departamento de Nariño.

En estas zonas del Pacífico de difícil acceso y donde no hay un hospital en kilómetros, también juegan las creencias, las religiones y la presión de la comunidad: “Hablamos de veredas muy pequeñas donde todo se sabe”, explica la médica.

Peter acompañó a una mujer con 18 semanas a un puesto de salud en el que la miraron con reticencia e incluso sabiendo que no podían practicarle el aborto porque estaba muy avanzado, la juzgaron y acosaron.

Cuando la remitieron a Tumaco, el principal núcleo urbano de la costa, la situación se repitió: psicólogos y médicos opinando y olvidándose “que la mujer no era una niña” y que había tomado una decisión consciente.

En Pasto, capital regional y la única donde practican abortos en todo el departamento pasadas las 12 semanas de gestación, lo consiguió, pero reconoce que sin el apoyo de MSF no lo habría logrado.

Pequeños pasos

Desde MSF, que tiene el aborto entre sus servicios, aseguran que empieza a funcionar el “boca a boca” y las mujeres a veces acuden a ellos y no a los puestos de salud porque saben que pueden garantizarles la privacidad y el secreto.

No es lo ideal, nadie debería esconderse para abortar, pero Peter apunta: “Nos gustaría que se normalizase porque el derecho existe”.

En lugares azotados por el conflicto y la desidia estatal, donde la sociedad es profundamente patriarcal e incluso algunas parteras cobran más según el sexo del bebé, hay pasos adelante.

Se puede ver en la madre que llegó con su hija de 11 años a una clínica móvil pidiendo métodos de planificación para la pequeña. “No quiero que ella tenga la misma vida que yo”, le dijo a los médicos.

Pero la distancia aún es grande y con mil obstáculos. Cuando una mujer pide un aborto, la gerente del hospital llama a MSF para ver si tienen los medicamentos porque en el centro muchas veces no los hay.

“Es que es muy barato, de verdad. La gente cuando piensa en una interrupción se está imaginando un quirófano con gente estéril y no, es un kit barato y fácil”, dice Peter. El jefe de MSF en Colombia y Panamá, Luis Eguiluz, refuerza la idea: “No apoyamos el aborto como medida de planificación familiar sino sobre todo porque salva vidas”.

Objeción de conciencia

¿Qué pasa cuando una mujer viaja durante horas, a escondidas de su comunidad, para hacerse un aborto y no encuentra un médico que quiera practicarlo porque se aferran todos a la objeción?

“Son derechos los dos, pero uno afecta la vida y el otro la moral”, lamenta Eguiluz.

Es un derecho pero algunos centros, sobre todo privados de carácter religioso, siguen objetando de forma institucional, lo que está prohibido, y eso funciona también como presión de grupo.

Los médicos no quieren que se les apunte como “el que practica abortos”, que les acusen de criminales, así que se aferran a la objeción de conciencia y el sistema carga los abortos a ginecólogas que sí los practican, lo que produce sobrecargas de todo tipo.

Para superar estas barreras la información es vital, la educación sexual un valor y la normalización del aborto como un servicio médico más al que toda mujer tiene derecho es fundamental.

“No hay que dormirse, hay que asegurarse que se normalice. Hay que entender que es un derecho de la mujer y aceptarlo como sociedad”, esgrime Eguiluz, y mira a Estados Unidos como el ejemplo de que “los derechos se pueden revertir”.

Irene Escudero para EFE