La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación Gonzalo Rodríguez realizaron una investigación con base en las publicaciones nacionales e internacionales para determinar el impacto del alcohol en la siniestralidad.
El informe, que fue consignado este jueves por el semanario Búsqueda y publicado luego en el sitio web de la OPS señala que "los Estados con normas más restrictivas sobre el consumo de alcohol presentan menores tasas de mortalidad",
Esta "es la conclusión de un estudio que relaciona los niveles de alcohol y fallecidos por siniestros de tránsito y un índice evaluador de política pública y legislación", explica la OPS.
El estudio más reciente "cuasiexperimental" observó la importancia de la ley de alcohol cero para disminuir la siniestralidad. En ese estudio "fue empleado el ‘método de control sintético'" que "utiliza dos poblaciones: una recibe un tratamiento o intervención (grupo de tratamiento), la otra que no recibe ninguno (placebo o grupo de control), y se comparan los resultados de una intervención antes y después de ocurrida la misma". En este caso, para el grupo de tratamiento se recurrió a Uruguay y como grupo de control a Chile (por ser el país más similar y que desde 2015 tiene un límite de alcohol general de 0.3 g/l como el vigente previamente a la ley cero en Uruguay).
Cada siniestro de tránsito en estos países fue asignado mediante las etiquetas geográficas disponibles por regiones. "Los resultados obtenidos muestran reducciones significativas en los siniestros fatales en Uruguay, en los siguientes 12 (-20,9 %) y 24 meses (-14,1 %) luego de sancionada la Ley (período 2016-17). Para los siniestros con heridos (graves o leves) no hay cambios significativos con la sanción de la ley de alcohol cero", señala el informe.
La OPS sostiene que la ley de tolerancia cero "no ha impactado negativamente en las ventas de bebidas alcohólicas, ya que entre 2013 y 2019 las ventas de bebidas con alcohol no han descendido".
Además, advierten que "una eventual modificación de la ley de 19.360 podría resultar en una contravención de la prohibición de regresividad en Derechos Humanos", según el asesor legal en DDHH en la región, Alejandro Morlachetti.