Los empleados en contacto con el público en Francia deben tener el pase covid

El objetivo es "mantener abiertas" las actividades que tuvieron que cerrar durante las primeras olas epidémicas para evitar los contagios, subrayó la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, que recordó, en una entrevista al canal BFMTV, que son los empleadores los encargados de controlar a los asalariados.

Los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.

Esa disposición está incluida en la ley adoptada tras el anuncio hecho por el presidente francés, Emmanuel Macron, el 12 de julio, sobre la obligación del certificado sanitario para buena parte de las actividades de la vida social como una forma de incitar a la población a vacunarse.

Borne puntualizó que "por ahora" no está previsto extender esa regla al conjunto de los trabajadores lo que significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado, pero no es imperativo para el cocinero, ya que no necesariamente atiende a los clientes.

Uno de los temores de muchas empresas concernidas por la obligación del pase covid era el impacto para su negocio, y a comienzos de mes muchas de ellas señalaron una caída en su clientela.

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, aseguró este lunes en una entrevista a la emisora France Inter que ese ha sido "un efecto temporal".

"Las cifras son extremadamente claras", señaló Le Maire, antes de indicar que no se ha ralentizado ni el consumo, ni la inversión ni la contratación. Así precisó que en la semana del 16 al 22 de agosto, los pagos con tarjeta de crédito aumentaron un 12 %.

A su parecer, el único elemento que pesa en el retroceso de los datos de la moral de los empresarios en los dos últimos meses es "la dificultad para contratar", un problema que "no es coyuntural" en ciertos sectores como los restaurantes.

En caso de que un empresario o un responsable de administración no se asegure de que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, se expone a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros.

Ese responsable tiene que interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un asalariado que incumple la regla, lo que puede llegar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses.

Si al cabo de esos dos meses el trabajador se mantuviera en su negativa, teóricamente podría acabar despedido. Aunque en la práctica esa es una hipótesis poco probable, entre otras cosas porque la ley sobre el certificado sanitario fija la vigencia de esa obligación hasta el 15 de octubre.

Con información de EFE