Laura Llambí: el decreto “va a impactar” en el consumo de cigarrillo; “está estudiado”

La decisión del Poder Ejecutivo de modificar la normativa antitabaco disparó en los últimos días una serie de críticas y cuestionamientos desde la oposición, la sociedad civil y la academia. El presidente Luis Lacalle Pou salió este martes al cruce de sus planteos, los que calificó de “básicos y panfletarios”, al tiempo que despejó cualquier duda que quedara al afirmar que es “obvio” que el nuevo decreto responde a un pedido de la tabacalera Montepaz.

Por estas horas, los técnicos reunidos en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, que funciona en el seno del Ministerio de Salud Pública (MSP) bajo el liderazgo del Programa Nacional para Control de Tabaco, redactaron un informe en el que desmenuzan el decreto de la polémica y analizan, punto por punto, las “contradicciones” en los argumentos que justifican el cambio normativo. El informe revela un rechazo contundente.

La médica internista Laura Llambí es docente, investigadora y hace años coordina la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas. Llambí participa como delegada de la Facultad de Medicina en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, donde se elaboró el informe, y también escribió junto con el decano de Medicina, Miguel Martínez, la carta que juntos dirigen al presidente Lacalle y en la que se pide la revocación del decreto.

En entrevista con Montevideo Portal, Llambí explica por qué cree que la nueva disposición “va a impactar en el consumo de cigarrillos” y por qué entiende que el argumento de combatir el contrabando es “débil”. Asegura que los técnicos no tienen fines partidarios y se niega a hablar de “ingenuidad” de parte del Poder Ejecutivo en relación con la industria tabacalera, aunque sí considera que existe desconocimiento de las leyes que rigen en la materia y explica los motivos por los que este decreto, a su juicio, las contraviene. En ese sentido, apunta: “No nos parece nada menor que se diga abiertamente que se reúnen con la tabacalera, o que la tabacalera hace sus pedidos de modificación, porque eso no es lo que el país tiene aprobado”.

Como la comisión tiene el rol de asesorar al ministro Daniel Salinas, resolvieron dar su opinión, dijo Llambí. Aunque no los hayan consultado, y aunque el jerarca ya haya declarado que apoya los cambios resueltos.

¿Cómo se enteraron del cambio de normativa?

Es la segunda vez que se realiza alguna modificación en el sentido de debilitamiento, a nuestro entender, de la política de control de tabaco, sin consultar nada ni pedir ningún asesoramiento técnico a la Comisión Interinstitucional Asesora de Control del Tabaco, que funciona en el ámbito del MSP.

¿Cuál fue la primera?

La primera fue el decreto 87 de 2021, que habilita la importación, registro y venta de dispositivos electrónicos para fumar que usan tabaco calentado (no los de vapeo).

¿Quiénes integran la comisión y cómo interactúan con el MSP?

En esa comisión represento a Facultad de Medicina; es una comisión que se reúne quincenalmente, y ninguna de estas dos normativas nos fue consultada. La integran también la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el Fondo Nacional de Recursos, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), la Dirección General Impositiva y representantes de FEMI y el SMU. El Programa Nacional para Control de Tabaco integra la comisión; la lidera, cita, y marca orden del día. El programa es a quien el MSP tiene trabajando en esto.

Cuando nos enteramos —por los medios, porque no nos llegó ningún pedido de asesoramiento a la comisión, y me consta que al Programa Nacional para Control de Tabaco tampoco— nos citaron a una reunión urgente, que fue el jueves pasado, donde las distintas instituciones dimos la visión que teníamos del tema, y resolvimos hacer un informe técnico, dirigido al ministro, porque esa es nuestra competencia: asesorar técnicamente al ministro. Ese informe es el que trascendió. Allí, de cada uno de los “vistos” y “considerandos” del decreto, hacemos un análisis rebatiendo por qué son inexactos esos fundamentos, con qué normativa que tenemos aprobada en leyes en nuestro país se está contraviniendo, por qué la normativa anterior tenía un fundamento. Realmente, desde el punto de vista técnico y científico, informamos el parecer de la comisión asesora. Es lo que nos hubiera gustado hacer antes de que esto saliera y ser escuchados, porque para eso estamos. Pero como no se nos consulta, igual cumplimos con nuestro rol y, por defecto, nos ponemos a estudiarlo y decirle al ministro nuestra posición.

¿Tuvieron alguna instancia de encuentro con Salinas?

No, aún no. En esa reunión de la comisión resolvimos pedir una instancia formal con el ministro una vez terminado el informe. Queremos comentarlo con él y ver su visión e inquietudes.

Cuando salió la noticia del decreto, el ministro y el subsecretario de Salud dijeron a los medios que ellos sí estaban al tanto y que respaldaban la iniciativa del Ministerio de Industria. ¿Hay un cortocircuito entre autoridades y técnicos del MSP?

Hay, sí. Hay algunas contradicciones. Lo más importante, lo que más nos llama la atención a quienes integramos la comisión asesora, es que las autoridades digan que [el cambio en el decreto] no es una política de salud o que no toca la política de control de tabaco. Eso es conceptualmente inexacto. La política de control de tabaco, si bien es sanitaria, tiene múltiples acciones concurrentes; así fue en Uruguay y así está descrita en el Convenio Marco de la OMS que nuestro país ratificó por ley. Tiene medidas vinculadas al contrabando, a lo impositivo, a lo educativo, a lo sanitario, a lo social. Y cuando un país camina hacia una política coherente de control del tabaco, todas las instituciones que participan deben estar alineadas. No se puede modificar el empaquetado y etiquetado, que es parte de la ley de Convenio Marco, y decir que eso no es tocar la política de salud de control de tabaco. Si está en la ley, es parte.

¿Por qué cree que lo afirmaron?

Creo que esas declaraciones estaban de alguna manera posicionadas en minimizar un poco el tema, en banalizarlo. Se dio también al hablar de “si la cajilla dura o si la cajilla blanda”. Eso es la cáscara de todo esto. Si uno analiza el decreto a fondo, allí se autoriza a poner logos de marca. Eso justamente va en contra de lo que promueve el empaquetado neutro; logos, colores, diseños, en el interior de los cigarrillos: todo eso nosotros sabemos que disminuye la percepción de riesgo y hace que los consumidores perciban como menos malos algunos productos que otros.

Algo que está en el imaginario, y que dijeron también las autoridades, es que esto no va a impactar en el consumo. ¿Usted afirmaría que sí? ¿Por qué?

Yo creo que sí, que va a tener [impacto]; que puede tener. Porque el empaquetado neutro, tal como está concebido, está estudiado. Todo lo que acompaña al cigarrillo es un elemento de comunicación entre la industria y sus clientes, o potenciales clientes. Eso está bien estudiado. En nuestro país está prohibido todo lo que es publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, incluso en los puntos de venta. Entonces, con la evidencia se sabe que en los países donde se restringe todo lo que tiene que ver con promocionar su producto, la cajilla o el cigarrillo terminan siendo el último vehículo de comunicación. Está estudiado, no es un invento. En los países que fueron al empaquetado neutro antes que Uruguay —Australia, Reino Unido y otros— vieron que, al uniformizar las cajillas, ponerles el mismo color, sin logo, con letras blancas las marcas, etcétera, la industria empezó a diversificar mucho los cigarrillos adentro de las cajillas, con colores, formas más largas o finas. Uruguay, aprendiendo de esas lecciones, hizo una normativa de empaquetado genérico que incluyó normatizar lo que había adentro. Con esta normativa tan completa quedó como un país de vanguardia, pionero. Y esto es en lo que se da marcha atrás: más allá de la cajilla blanda o dura, se da marcha atrás en que ahora, el interior de las cajillas, no se va a parecer en nada al empaquetado neutro. Será un vehículo de comunicación y marketing.

Una forma de entenderlo es preguntarse: si no fuera importante, si no cambiara nada, si no importara lo que va adentro, entonces, ¿por qué tanta insistencia? Entonces, esa es la prueba por el absurdo, por lo contrafáctico: esto le importa mucho a la industria para atraer a sus clientes. En la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas hicimos un estudio para ver qué otras cosas dirigidas a jóvenes habían aparecido desde que se aprobó el empaquetado neutro. Y realmente, aparecieron más cigarrillos saborizados, a algunos se les pone un puntito de color en la cápsula… todo el tiempo se está innovando en cómo atraer a los consumidores ahí, en el punto final, que es la cajilla y el cigarrillo.

Desde el Gobierno se tildó de dar “argumentos básicos y panfletarios” a quienes critican el cambio.

Esto no es partidario, no tiene color político, no es un panfleto. Es medicina basada en la evidencia. Nosotros somos técnicos y creemos que este es un tema de todos los gobiernos y tratamos de asesorar desde ese lugar, sin que deje de ser una política de Estado.

¿Hay, como sostuvo otra especialista en la materia, ingenuidad del Gobierno al avanzar en el sentido que plantea la industria?

Yo creo que lo que hay en general es un desconocimiento de algunas normas que tenemos aprobadas como leyes y que no se pueden transgredir alegremente. En Uruguay, desde que está aprobada la ley del Convenio Marco, una de las cuestiones que está normatizada es la transparencia y el hecho de protegerse de las interferencias de la industria tabacalera. Eso está escrito en una ley. Entonces, creo que no es bueno que se transgredan cuestiones de transparencia que ya tenemos normatizadas. Tal vez —no estoy señalando a nadie— puede haber autoridades que desconozcan; puede ser que funcionarios de este gobierno o del que sea desconozcan la normativa. Nosotros, desde el programa y la comisión asesora, cada vez que la industria solicita una reunión —que nos ha pasado, porque en este ámbito tratamos las infracciones y la industria hace sus descargos—, hay un protocolo que indica que debe haber un miembro de la comisión asesora presente, y se toma un acta de quiénes están. Es un mecanismo de transparencia al que estamos familiarizados. No nos parece nada menor que se diga abiertamente que se reúnen con la tabacalera, que la tabacalera hace sus pedidos de modificación, porque eso no es lo que el país tiene aprobado. Desde nuestro lugar, queremos asesorar, contribuir. Que cualquier persona que esté actuando en este tema, desde las más altas autoridades hasta cualquier otra persona de los ministerios que no son Salud, pida asesoramiento a la comisión. Porque más allá de que nuestro asesoramiento no es vinculante, tal vez se puedan tomar decisiones que no estén reñidas hasta con las leyes que tenemos aprobadas, más allá de las opiniones de cada uno.

¿Cree que hay alguna posibilidad de que se revierta el último decreto?

Es lo que estamos pidiendo en el informe que le hacemos al ministro, luego de analizar las contradicciones que tiene el decreto e incluso algunas aseveraciones que se hacen, como que la cajilla blanda era la más vendida cuando tenemos datos oficiales del MSP de que era la menos vendida. El registro que reportaba la industria tabacalera, por obligación, muestra que ni siquiera ese dato es fidedigno.

Ustedes sostienen en el informe a Salinas que hay “otros caminos” para combatir el contrabando. ¿Cuáles son?

Estamos todos preocupados por combatir el contrabando, por supuesto. Ese argumento nos debe unificar a todos. Nuestra diferencia con esto es que las cifras oficiales, independientes (hechas por investigadores, no por la industria), citan cifras de contrabando mucho menores a las que se informaron en estos últimos días. Me pregunto quién encargó esa encuesta a la que hacen referencia las autoridades; a quién le interesaba tener esos datos en este momento. Pero las cifras anteriores mostraban datos cercanos al 10%. Uruguay tiene una ley de protocolo de eliminación del comercio ilícito del tabaco, una hoja de ruta a seguir en este tema, que por supuesto no incluye debilitar el empaquetado neutro. Hay medidas para fortalecer el control aduanero y la trazabilidad de los productos. Que cada marca tenga una licencia para permitir ese seguimiento es algo que fortalece muchísimo el control, y en lo que no se ha avanzado. El sistema de trazabilidad lo establece el Estado, pero no la industria tabacalera, como se deja entrever en este decreto. Hoy por hoy, si un uruguayo quiere comprar una determinada marca, no es cierto que no sepa lo que está fumando: está establecido que la marca debe estar afuera, en el paquete. Y si lo compra en un lugar legal, el cigarrillo va a ser de esa marca que indica el paquete. Entonces, esto del contrabando es un argumento frágil, en el sentido de que tenemos otros datos, otros caminos para combatirlo, y en ningún momento incluye la política de control de tabaco.

¿Tienen alguna señal concreta de que el ministro vaya a recibirlos o a contemplar este informe?

Todavía no, ninguna señal. La nota que hicimos en la Facultad de Medicina, firmada por el decano y por mí, da estos argumentos, quizás en lenguaje más técnico, pero termina en el mismo pedido de que se considere la revocación.

Miguel Asqueta, actual director general de Salud y expresidente del CIET, ¿podría ser un buen aliado de ustedes?

Es lo que uno quiere. Miguel es un referente en control de tabaco, ha integrado la comisión asesora muchos años como presidente del CIET. Y lo que uno espera es que sea escuchado. Sé que hay permanentes comunicaciones.