Si bien la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), compuesta por 13 expertos, "reconoce los esfuerzos" del gobierno uruguayo de supervisar la producción, distribución y uso de esa droga, expresa su "preocupación" por el aumento de consumidores.
En el documento, hecho público en Viena, la JIFE recuerda al país sudamericano que la legalización y las regulaciones que permiten el uso del cannabis para fines no medicinales contravienen las obligaciones asumidas por los Estados adheridos a la Convención sobre Drogas de 1961.
En Uruguay existen tres vías para acceder al cannabis de forma legal: cultivo doméstico, ser miembro de un club de cannabis o la compra en una farmacia registrada.
De las tres rutas, la que más crece es la de los club de cannabis, que subió un 18 % entre 2019 y 2020, destaca la JIFE.
Según los datos más recientes, de febrero de 2020, hay en el país sudamericano unas 53.400 personas autorizadas para acceder al mercado regulado de cannabis, un 7,5 % más que el año anterior.
De estas personas, la mayor parte (unas 40.000) consiguen el cannabis en las farmacias, indica el informe.
Según datos de 2018, recuerda la JIFE, un 8,9 % de la población uruguaya de entre 15 y 65 asegura haber consumido cannabis en el último mes, con una edad media para el primer consumo de unos 20 años, dos años más que una década antes.
Un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODD), citado por la JIFE, señala que solo una pequeña parte de los consumidores de cannabis en Uruguay recurre al mercado oficial y regulado.
La Junta destaca que mantuvo consultas con las autoridades uruguayas en noviembre pasado sobre la situación del cannabis.
En ese sentido, destaca que seguirá hablando sobre la implementación de los tratados de control de drogas en el marco de la Convención de 1961, que insta a limitar el uso de esas sustancias a fines medicinales y científicos.
Con información de EFE