En Uruguay se venden 49 millones de cajas de cigarros de contrabando al año, según gremio

La Asociación de Distribuidores de Cigarrillos expresó este lunes en reunión con las autoridades de la Intendencia de Montevideo su “preocupación por el aumento de la venta de cigarros falsificados y de contrabando” en comercios y ferias de todo del país, en particular en la capital.

Con base en una encuesta realizada por la consultora Cifra, el gremio señaló que “la venta ilegal de tabaco se incrementó a 49 millones de cajillas de cigarro por año en Uruguay”.

En un comunicado, el gremio señaló que “de comercializarse de forma legal” esa cantidad de cajillas, “generaría una recaudación de $ 6.000 millones (US$ 150 millones) por concepto de IVA e Imesi [Impuesto Específico Interno]”.

En esta línea, la asociación reclamó a las autoridades que se comprometan “con la fiscalización y aplicación de sanciones (herramientas a su disposición, que no se utilizan)” y alinearse al protocolo de la Organización Mundial de Salud, que define como “un conjunto de medidas que deben adoptar los países en cooperación entre sí” con el objetivo de “eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco”.

“Nos preocupa que, de 2008 a esta parte, el mercado ilegal sigue creciendo y que los productos que se venden son más baratos que una flauta de pan y ni siquiera cumplen con ninguna de las restricciones previstas en la Ley 18.256 [Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y Consumo]”, señaló Gustavo Márquez, presidente de la asociación.

Previo a la ley, 17 de cada 100 fumadores compraban cigarros en el mercado ilegal (Factum); sin embargo, en 2022 este número asciende a 36 de cada 100 fumadores.

“El contrabando se ha naturalizado en gran parte de la sociedad”, afirmó Márquez.

En setiembre de 2022, el Gobierno modificó un decreto del expresidente Tabaré Vázquez que flexibilizaba el empaquetado de cigarrillos, al permitir el empaquetado blando entre otros cambios.

Sin embargo, en octubre la Justicia suspendió la aplicación del decreto tras una acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología.