Brasil es el primer consumidor mundial de pesticidas. Pero las críticas crecientes a la fumigación aérea por sus riesgos para la salud humana ponen en entredicho el futuro de esta práctica, inseparable del poderoso agronegocio que alimenta la mayor economía latinoamericana.
La corte suprema brasileña dio un triunfo a los enemigos de la fumigación aérea cuando validó a fines de mayo una ley del estado de Ceara (noreste) que prohíbe esta práctica desde 2019. Otros estados de Brasil discuten medidas similares.
La decisión causó conmoción en Brasil, gigante mundial de la agricultura, que consumió 719.507 toneladas de pesticidas en 2021, es decir 20% del total comercializado a nivel global, según la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO).
El agronegocio, motor de la economía brasileña, hace un uso intensivo, incluyendo por vía aérea, de pesticidas, que sus promotores locales prefieren llamar “productos fitosanitarios” o “defensas agrícolas”.
Europa prohíbe desde 2009 la fumigación aérea, argumentando “efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente”.
Pero en Brasil, con la segunda mayor flota de aviones fumigadores en el mundo detrás de Estados Unidos, la pulverización aérea abarca entre 25% y 30% del uso de pesticidas en el país, según cálculos del sindicato brasileño de empresas de la aviación agrícola.
“Riesgo de desviarse”
En el estado de Sao Paulo (sureste), el segundo mayor consumidor de pesticidas en el país y donde la caña de azúcar ocupa cerca de 30% de las tierras agrícolas, el fiscal Gabriel Lino de Paula Pires investiga el uso de la fumigación aérea en la región de Pontal do Paranapanema.
“En 20 años, ese monocultivo se ha expandido de manera significativa aquí, alcanzando la frontera de asentamientos” rurales, explica a la AFP.
En los cañaverales alrededor, pequeños productores rurales denuncian los efectos de la aplicación aérea de pesticidas.
“Cuando los aviones sobrevuelan nuestras casas, sentimos los efectos en nuestra salud: ojos irritados, alergia en la piel, tos”, describe Diogenes Rabello, dirigente local de la organización Movimiento Sin Tierra (MST).
La ley prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 500 metros de ciudades y pueblos, y a menos de 250 metros de fuentes de agua. Pero “ese método siempre presenta un riesgo de desviarse fuera de la zona objetivo”, afirma el fiscal Pires.
Debido a las condiciones meteorológicas en la región, “no es posible aplicar los agrotóxicos [desde aviones] con seguridad”, explica.
De su lado, Fabio Kagi, de Sindiveg, que representa a la industria brasileña de pesticidas, afirma que “entre los métodos de pulverización, el aéreo es el más regulado”.
Más rápido que la fumigación sobre el terreno, este método es especialmente útil, según el agronegocio, para abarcar superficies a menudo enormes y difícilmente accesibles por vía terrestre.
Los pilotos de los aviones fumigadores requieren licencias específicas y un ingeniero agrónomo debe estar presente en los vuelos, subraya Kagi. Las autoridades “fallan” en el control, estima en cambio el fiscal Pires.
Prohibidos en la UE
El tipo de pesticidas utilizado también preocupa. Un 30% de los productos aplicados en 2019 en las plantaciones de caña de azúcar de cinco regiones de Sao Paulo contenían principios activos potencialmente cancerígenos, según un estudio de la Universidad federal de Santa Catarina, que apunta a una posible correlación con la incidencia de casos de cáncer en esas zonas, superior a la media nacional.
Según el mismo estudio, 40% de los plaguicidas aplicados por avión contenían principios activos prohibidos o no homologados por la Unión Europea.
Informes revisados por la Defensoría Pública de Sao Paulo indican que Tereos Açucar & Energia Brasil, filial brasileña del grupo azucarero francés Tereos, usó en 2020 el tiametoxam, principio activo de un insecticida. Ese químico está prohibido desde 2019 en la UE, que lo clasifica como “muy tóxico para los organismos acuáticos” y posiblemente perjudicial para la fertilidad humana y los fetos.
Las empresas azucareras brasileñas Sao Martinho y Usina Pitangueiras usaron por su lado el fungicida Opera, del grupo alemán BASF, según otros informes revisados por el defensor público. Considerado un “disruptivo endocrino” y un “presunto cancerígeno” por las autoridades francesas, su principio activo, el epoxiconazole, dejó de ser autorizado por la UE.
Contactado por la AFP, Tereos dijo que usa productos “autorizados por las autoridades brasileñas” y respeta “conscientemente todas sus recomendaciones de aplicación”.
Igualmente, Sao Martinho aseguró que sigue las “reglamentaciones y orientaciones de las autoridades competentes”. Usina Pitangueiras no respondió a la AFP.
Mientras, un proyecto de ley para facilitar la aprobación de nuevos pesticidas es examinado por el Congreso en Brasilia.
El asunto es delicado también comercialmente: el uso masivo de agrotóxicos por los agricultores brasileños es uno de los argumentos blandidos por los opositores en Europa a un tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, donde Brasil es el actor principal.
Morgann Jezequel / AFP