La conferencia de prensa organizada por la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias y la organización Campaign for Tobacco-Free Kids contó con la presencia de expertos internacionales que rechazaron el decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que flexibiliza la normativa sobre el empaquetado de cigarrillos, y modifica los artículos 7, 8 y 10 del decreto n° 120 de abril de 2019, impulsado por el expresidente Tabaré Vázquez.

“Es evidente que el Gobierno no entiende la magnitud del problema y las consecuencias sanitarias y económicas”, comenzó señalando Eduardo Bianco, médico y presidente del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, y apuntó, además, que esta administración “piensa que el negocio del tabaco es bueno para el país”.

Por su parte, Vera Luiza Da Costa e Silva, médica brasileña investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz, sostuvo que el cigarrillo “mata a uno de cada dos consumidores regulares”, y coincidió con la Organización Mundial de Salud en cuanto al cambio de algunos aspectos en el empaquetado: “El empaquetado genérico debe ser todo regulado”.

“No importa si uno es de derecha o de izquierda; la base es la salud pública”, agregó, y dijo que el problema del tabaquismo “va más allá de las fronteras”.

A su vez, Robert Eckford, director legal asociado de Campaign for Tobacco-Free Kids, dijo que en el empaquetado “no debe haber logos ni marcas u otros elementos publicitarios”, y precisó que “los colores brillantes y las marcas distraen la atención de las advertencias sanitarias”.

Asimismo, destacó que la evidencia científica indica que el “empaquetado sencillo” tiene efectos positivos en la reducción del consumo, y que Uruguay fue el primer y único país de América Latina en adoptar este tipo de empaquetado.

La contracara

El experto advirtió que las empresas tabacaleras “van a aprovechar cualquier oportunidad para poder desviarse de las reglas”, y agregó: “La industria tabacalera trata de argumentar que tiene un efecto en el comercio ilícito, pero esto no está comprobado”.

“No hay ninguna buena razón que justifique modificar la legislación existente”, condenó.

En la misma línea, el economista Germán Rodríguez Iglesias aseguró que la industria tabacalera en Uruguay “exagera” los números del comercio ilícito, y advirtió que no hay que basarse en los datos otorgados por la industria. Apuntó, además, que hay empresas involucradas en el contrabando e hizo hincapié en la importancia de tener un sistema de trazabilidad.

“El volumen de cigarrillos ilícitos no aumentó, se mantuvo estable durante las últimas dos décadas, y esto es algo que la industria admite”, manifestó. “Si Uruguay empieza a flexibilizar el tema del empaquetado, lo que hace es volver para atrás”, opinó.

A su vez, rechazó que el empaquetado neutro tenga algún tipo de vínculo con el comercio ilícito, sino que este está relacionado con tema de precios y disponibilidad de paquetes. “Si se flexibiliza, van a estar retrocediendo en las políticas de control de tabaco”, concluyó.

Los expertos niegan que exista una intención por parte de las tabacaleras de querer “proteger” al consumidor otorgando un producto “de calidad”, sino que se mueven bajo intereses económicos. “No existe tabaco de calidad, cualquier tipo de utilización es perjudicial a la sociedad, al medioambiente, a las personas, y la economía de los países. Es un contraargumento de la industria tabacalera. Es una falacia, no existe”, expresó Da Costa e Silva.

Diálogo y refuerzo

En cuanto a las medidas a implementar para combatir el comercio ilícito del tabaco, el economista Guillermo Paraje dijo que el comercio se origina en Paraguay. “Si el Gobierno está preocupado, debiera entablar conversaciones políticas con el Gobierno paraguayo. De gobierno a gobierno”, valoró.

“No se puede claudicar medidas por amenaza de comercio ilícito”, consideró, y agregó que nuestro país firmó un protocolo para eliminar el contrabando y el comercio ilícito. Al tiempo que llamó a reforzar agencias fiscalizadoras y mecanismos por los cuales se introduce este tipo de comercio.

Hacia adelante

El abogado Oscar Cabrera indicó que la flexibilización de este decreto no solo implica una regresividad en materia de salud y economía, sino también en materia legal. Al mismo tiempo, apuntó que hay posibilidades de acciones legales en contra.

En la misma línea, su colega, el abogado especializado en políticas públicas antitabaco Gustavo Sóñora dijo que “lo que es bueno para las tabacaleras es malo para la salud pública”.

Asimismo, animó a las autoridades a continuar por el camino utilizado en pandemia, donde se priorizó la mirada científica y el rol de los especialistas fue sumamente importante. 

“No estamos para poner palo en rueda; queremos que a Uruguay le vaya bien”, finalizó Bianco.