Por The New York Times | Michelle Goldberg
“Estamos en un punto en el que, sin financiamiento adicional, vamos a tener que empezar a reducir nuestra programación”, dijo Jeremy Konyndyk, coordinador del grupo de trabajo para la COVID-19 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés). No parece que los fondos vayan a llegar. Nuestra atroz política disfuncional va a provocar más enfermedades y muertes en todo el mundo y estamos aumentando las probabilidades de que una nueva mutación viral del coronavirus nos vuelva a trastocar la vida. Si eso sucede, podríamos llamarla la variante filibustera.
Hasta para un organismo tan descompuesto e ineficaz como el Congreso de Estados Unidos, este nivel de autosabotaje es difícil de entender. “El mayor riesgo al que nos enfrentamos, tanto a nivel nacional como mundial, es la aparición de nuevas variantes”, dijo Konyndyk. Estas variantes tienen más probabilidades de surgir en poblaciones inmunocomprometidas crónicas —como quienes están enfermos de sida y de tuberculosis—, que tienen dificultades para eliminar el coronavirus, por lo que el virus persiste y tiene más posibilidades de evolucionar.
“Es probable que la variante ómicron provenga de ahí y muy posiblemente también la variante delta”, explicó Konyndyk. “Así que asegurarnos de que estamos dirigiendo los esfuerzos de vacunación a esas poblaciones y luego hacer lo mismo con el despliegue de los antivirales es la mejor póliza de seguro que tenemos contra las nuevas variantes. No es infalible, pero es lo mejor que podemos hacer”.
Pero parece que no haremos eso. Una parte de la culpa es de los demócratas de la Cámara de Representantes. Otra parte, mucho mayor, les corresponde a los republicanos del Senado.
Los demócratas hicieron un mal cálculo el mes pasado cuando, en medio del disenso interno, eliminaron un paquete de ayuda para la COVID-19 de 15.600 millones de dólares del proyecto de ley de gastos generales de un billón y medio de dólares. Los republicanos del Senado insistieron en que la ayuda para atender la COVID-19 procediera de dinero ya asignado pero aún no gastado. Así que los líderes del Congreso idearon un plan para extraer 7000 millones de dólares de los fondos que ya se habían reservado para los gobiernos estatales y locales en el Plan de Rescate Estadounidense del año pasado.
Los demócratas de la Cámara de Representantes (así como gobernadores de ambos partidos) tenían buenas razones para oponerse, porque los legisladores estatales y locales habían elaborado sus presupuestos teniendo en cuenta ese dinero. Veinte estados recibieron el dinero del Plan de Rescate Estadounidense en una sola partida, pero en los treinta estados restantes se suponía que iba a llegar en dos partes. De pronto, esos estados estaban ante importantes recortes presupuestales.
“Un grupo de miembros de la Cámara de Representantes dijo que no, que no íbamos a votar para recortar nuestros propios presupuestos estatales, para luego tener que ir a casa y explicar por qué lo hicimos”, dijo la congresista Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista del Congreso.
Tras una revuelta entre sus propios integrantes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se vio obligada a retirar la ayuda para la COVID-19 del proyecto de ley general. Pero si los demócratas de la Cámara de Representantes pensaron que tendrían otra oportunidad de negociar los fondos internacionales para esta enfermedad, subestimaron el nihilismo del Partido Republicano.
Debido al filibusterismo —la técnica de obstrucción en el Congreso—, los demócratas del Senado necesitan que 10 republicanos apoyen un proyecto de ley independiente para la COVID-19 y los republicanos se resisten a destinar más dinero a los programas internacionales de la covid. “Para ser honesto, estoy batallando”, dijo Chris Coons, un senador demócrata conocido por su compromiso con el bipartidismo, sobre el intento de negociar un acuerdo. Según él, existe un conflicto de fondo entre los grupos legislativos acerca de la amenaza que supone la COVID-19. Coons mencionó que varios de sus colegas republicanos le han dicho: “En lo que a mí respecta, esta pandemia terminó”.
Como a algunos republicanos les da igual que se aprueben fondos adicionales para la COVID-19, los están usando como moneda de cambio en su demanda de políticas fronterizas más estrictas. Están condicionando la autorización de cualquier ayuda adicional para la COVID-19 a que el gobierno restablezca el Título 42, una política adoptada en 2020 para expulsar con rapidez a personas inmigrantes sin permitirles solicitar asilo, todo ello en nombre de la protección de la salud pública.
Los fondos de la USAID no son fungibles: la agencia no puede limitarse a transferir recursos de otros programas para mantener su programa de vacunas ni para empezar a suministrar antivirales como el Paxlovid. Como última medida, Coons trató de que los republicanos aceptaran dar a la agencia autoridad de emergencia para destinar sus propios fondos a la pandemia, pero no consiguió reunir suficiente apoyo.
Como resultado de esta intransigencia, muchas de las dosis de vacunas que Estados Unidos ya donó podrían desperdiciarse. En este momento, ya no hay una escasez mundial de vacunas: el problema es que muchos países carecen de la infraestructura necesaria para transportarlas y administrarlas. El punto muerto en el Senado, dijo Coons, significa que no estamos entregando millones de vacunas que ya pagamos.
Coons tiene la esperanza de que pueda haber un avance en el Senado en tres o cuatro semanas, después de que vuelva del receso. Pero no es fácil reanudar los programas una vez que se han detenido y, mientras tanto, estamos poniendo en peligro de manera innecesaria tanto la salud de los estadounidenses como la de las personas de todo el planeta.
El abandono del resto del mundo respecto a la COVID-19 también tiene un costo político. En un momento de renovada competencia entre grandes potencias, las vacunas eficaces de Estados Unidos podrían darnos una ventaja diplomática. Como dijo Coons: “El año pasado, tanto Rusia como China hicieron grandes alardes sobre el envío de aviones cargados de vacunas a decenas de países del mundo en desarrollo. Esas vacunas son ineficaces contra la variante ómicron del coronavirus. Nuestras vacunas son eficaces”. Por desgracia, nuestro Congreso no lo es.
Michelle Goldberg es columnista de Opinión desde 2017. Es autora de varios libros sobre política, religión y derechos de las mujeres, y formó parte de un equipo que ganó un Pulitzer al servicio público en 2018 por informar sobre acoso sexual en el trabajo. @michelleinbklyn