El Casmu será intervenido por el gobierno, informó la ministra de Salud Pública, Karina Rando, después de haber firmado junto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el decreto que habilita ese proceso.

La ministra señaló este martes que la intervención del gobierno está prevista “hasta un año máximo”, pero “podría ser menos”. Asimismo, la jerarca explicó de qué modo el Ministerio de Salud Pública (MSP) trabajarán juntos.

“La palabra intervención para la opinión pública puede sonar alarmista, y no queremos que eso sea así, porque intervención no quiere decir que se vaya a desplazar autoridades, eso no va a suceder. Es una intervención sin desplazamiento de autoridades”, aclaró Rando en rueda de prensa, según consignó Vamo arriba (Canal 4).

En este sentido, explicó que tanto la cartera de Salud Pública como las autoridades del Casmu van a “convivir” para cumplir “el objetivo principal y más importante”: el hecho de que “la situación se estabilice desde el punto de vista económico financiero”.

En esta línea, Rando también planteó como una meta la posibilidad de “que exista una ayuda por parte del MSP” para los “procesos económicos-financieros” de la mutualista para que “continúe trabajando de forma correcta, saneada y con más garantías que desde el punto de vista financiero va a poder cumplir con sus obligaciones”.

La ministra explicó también qué potestades tendrá el MSP sobre el Casmu, en base al decreto que el Poder Ejecutivo firmó este martes.

“Les da las potestades de poder intervenir en todo lo que son las reuniones, opinar, conocer toda la información de primera mano, acceder a todos los registros de pagos de compras, todo lo que se solicite desde el punto de vista contable tienen acceso”, indicó.

Rando describió al proceso como “muy dinámico” que, en el caso de “necesitar algún cambio”, se puede “rever”.

Además del decreto, el Poder Ejecutivo ingresó al Parlamento un segundo documento sobre la intervención del Casmu, en proyecto de carácter de ley, indicó la ministra. Tal como informáramos, el documento prevé darle al Casmu una garantía de US$ 56 millones, además de decidir una intervención sin desplazamiento de autoridades.

“La institución presenta riesgo de liquidez a partir de julio de 2024, encontrándose cedida el 57% de la recaudación Fonasa, así como importantes porcentajes de sus restantes fuentes de ingresos con excepción de los provenientes de ventas de servicios de la Administración de Servicios de Salud del Estado”, indica el documento.

En el proyecto enviado por el gobierno se afirma que la mutualista “atraviesa un proceso de pérdida de usuarios que no ha logrado revertir”. “Al año 2015 contaba con 208.743 afiliados, cifra que disminuye anualmente desde hace una década, habiendo únicamente en los últimos tres años perdido 8.091 afiliados”, agrega el texto.

Producto de la situación complicada, en 2010 el Casmu accedió en cinco oportunidades al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica (Fondo de Garantía IAMC).

“La situación económica-financiera que atraviesa Casmu lo expone al incumplimiento de las obligaciones asumidas con sus proveedores, implicando ello, además, un riesgo asistencial en la medida que como prestador de salud se viera limitado a contar los insumos y servicios necesarios para cobertura a su masa de afiliados”, indica el texto.