Por Angelina de los Santos | @angelinadlsh

¿Cuándo empecé a sentir este escozor en la garganta? Acá hay mar, pero el horizonte no existe. Lo que se ve está teñido por un aire casi palpable: un capote de partículas negras que hacen arder los ojos a cualquiera. ¿Cuándo empecé a tener este dolor de cabeza? Acá hay playa, pero la arena tiene vetas negras de carbón gruesas, y nadie se baña. ¿Cuándo el dolor de cabeza llegó a impedirme pensar? Acá lo que podría estar vivo, está inerte, moribundo o muerto. Acá el cuerpo se siente cansado. Acá, en el "Chernobyl chileno", lo que vive está enfermo. 

A unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile, en la bahía de Quintero-Puchuncaví, aire, tierra y agua están contaminados. Plantas, animales y personas dejan de crecer más rápido, porque empiezan a morir más pronto. Los casi 60.000 habitantes del lugar viven respirando pequeñas dosis de veneno: allí hay decenas de tubos de cemento imponentes que expelen gases tóxicos todo el día. Tienen 150 metros de altura y luces rojas y blancas en la punta. Pertenecen a las 17 fábricas que conforman el Complejo Industrial Ventanas, inaugurado en 1961: termoeléctricas a carbón, industrias químicas, fundiciones de cobre y refinerías de petróleo. 

Quintero-Puchuncaví es una de las cinco "zonas de sacrificio" de Chile. Son territorios donde el envenenamiento de personas y ambiente es tolerado por el Estado en pos del desarrollo económico. Así las han definido las organizaciones ambientalistas chilenas, la Institución de Derechos Humanos del país y recientemente las Naciones Unidas, que las concibe como una "injusticia ambiental", según describió David R. Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. 

Según cuántos vapores, gases y humos larguen las chimeneas del Complejo Industrial Ventanas, cuánto ruido hagan, hay habitantes de la zona —como la granjera Emilia Palma Vilches, el pescador Juan "Chino" Suárez, o la defensora ambiental Katta Alonso—, que saben si van a sentir un gusto ácido en la garganta, si les va a temblar alguna parte del cuerpo. O si les va a doler la cabeza. Ya son tantos los años que llevan respirando aire contaminado, que lo reconocen.

Pero si una es extraña en el territorio, las molestias llegan sin aviso y el tiempo se cuela entre pequeñas escenas de supervivencia. Cerrar las ventanas y puertas lo más hermético posible. Comprar frutas y verduras en otro poblado, lejos de ahí. No comer pescado. Beber y cocinar con agua embotellada. Disfrutar del cielo limpio después de la lluvia. Tomar duchas pequeñas. Con el correr de los días, cada vez es más difícil determinar cuándo el aire terminó de sacarte el aliento. Cuándo el pelo y la piel se resecaron y cuándo el dolor de cabeza se trasladó a las cervicales. Quizá lo mejor es intentar recorrer el territorio en el menor tiempo posible para volver pronto a casa. Porque eso se siente en una visita de solo unas horas. 

La vida en una zona de sacrificio

Las mujeres que habitan ese territorio sufren abortos espontáneos o paren de forma prematura. 

Algunos de los hombres que fueron empleados de las industrias, hoy tienen llagas verdes en la cara, bultos callosos en el cuello, escamas amarillentas verdosas en la espalda, pecho, brazos, piernas. A ellos les dicen los "hombres verdes", como a Luis Pino, hoy defensor ambiental. 

Los niños y niñas sufren de dolor de cabeza, vómitos, diarrea, obstrucción bronquial, urticaria y picazón muy frecuentemente. Tienen más probabilidad de tener cáncer porque en su cuerpo tienen mayor concentración de algunos metales pesados como el arsénico, en comparación a jóvenes y adultos, según una investigación de 2019. Ellos y ellas saben que no pueden correr en el patio de su escuela, jugar en el suelo y que tienen que lavarse las manos constantemente. 

Los y las jóvenes mueren de cáncer: muchos y muchas tienen una falla en el gen p53, encargado de suprimir tumores en el cuerpo, según un informe de la Universidad de Valparaíso publicado en febrero. 

Los suelos son infértiles; los estudios indican que están sobrepasados hasta en 100 veces de contaminantes como el arsénico. 

Y los cadáveres de los animales, son verdes.

En la bahía de Quintero-Puchuncaví se han registrado intoxicaciones e incidentes ambientales desde 1988, es la zona de sacrificio más antigua de Chile. Ya en 1994 el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) declaró el territorio como "saturado" por la contaminación. Sin embargo, no hay normas que regulen toda la emisión de gases y las que regulan algunos gases "son antiguas, malas y no siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", dijo Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.

"El problema que tenemos es que de acuerdo a la legislación vigente, hay contaminación cuando se supera una norma, pero si no hay norma, legalmente o jurídicamente no hay contaminación", explicó. Por ello y pese al paso del tiempo, siguen habiendo intoxicaciones.

El episodio más grande sucedió entre la mañana del 21 de agosto y las dos primeras semanas de septiembre en 2018. Esos días hubo nubes amarillas en el cielo y al menos 1.700 personas resultaron envenenadas porque —sin saberlo ni poder evitarlo— estuvieron inhalando gases tóxicos. De ellas, 1.500 eran niños y niñas. 

El gobierno local declaró alerta amarilla y suspendió las clases; el Gobierno nacional no detuvo la producción de las plantas hasta mucho después. En cambio, puso bajo sospecha el comportamiento de los habitantes. Según contó María Araya, presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital Adriana Cousiño, en Quintero hubo profesionales de la salud que diagnosticaron a los afectados con "histeria colectiva". Se dijo que la comunidad había entrado en un estado de psicosis tal, que hizo que tuvieran los síntomas de intoxicación. 

A pesar de que las autoridades no han investigado ni explicado qué sucedió exactamente, las organizaciones sociales y sindicatos que hace años estudian la situación socio-ambiental de la bahía, como Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), la Defensoría Ambiental, FIMA, Fundación Terram y el Sindicato S-24, están convencidos de que hubo envenenamientos por la interacción entre los gases y la presencia de compuestos orgánicos volátiles, para los que Chile no tiene normativa. 

A esto se sumó que en esos días se generó un microclima con lloviznas y no hubo viento suficiente para soplar tanta emisión no fiscalizada. Desde la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se afianzó el modelo neoliberal extractivista, los sucesivos gobiernos no han fiscalizado las producciones del cordón industrial.

El 28 de mayo de 2019, la Defensoría logró junto a FIMA y otras cinco organizaciones sociales, que la Corte Suprema de Chile condenara la violación sistemática de los derechos humanos de los habitantes de la zona. 

La sentencia fue calificada como histórica por organizaciones locales e internacionales; Naciones Unidas la denominó "contundente". El fallo, arraigado en el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, sostuvo que el desarrollo económico, como el que se suponía iba a traer la creación del Complejo Industrial Ventanas, "no podía realizarse olvidando ni dejando de lado la conservación y protección del medio ambiente, y no podía comprometer las expectativas de las generaciones futuras". 

Según el informe del relator especial Boyd, "esto constituye un reconocimiento tácito de que las zonas de sacrificio no pueden conciliarse con las obligaciones en materia de derechos humanos, aunque de ellas se deriven supuestos beneficios económicos". 

La Corte ordenó al Estado chileno tomar quince medidas inmediatas, siendo la primera identificar los contaminantes volátiles emitidos por las empresas en la bahía, a fin de detectar el origen de las intoxicaciones masivas. El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), responsable de llevar adelante las primeras y más importantes medidas, creó una página web donde publica el avance del cumplimiento del fallo. Sin embargo, Liberona aseguró que el MMA "enmascara las medidas que toman, de tal manera que pareciera que se cumple el fallo".

En ese sentido, Marcos Emilfork, coordinador de acceso a la justicia de FIMA, también señaló que desde las organizaciones han "discutido mucho lo que han ido presentando", porque la primera medida, de la cual se desprende todo el resto, no se ha cumplido.

"La sentencia define que no está claro cuál es el contaminante y quién lo produce; por lo tanto, lo primero que ordena es estudiar y definir cuál es el método más idóneo para identificar al contaminante, su concentración, características, etcétera. Eso hasta la fecha no existe. Lo que ha subido el MMA y los otros organismos condenados, han sido estudios sobre compuestos que, o bien que ya se saben que existen, o monitoreos, o de regulación de contaminantes vertidos en el medio marino", explicó.

Las organizaciones denuncian que ninguna de las decisiones de la Corte ha sido implementada completamente. También denuncian que desde entonces han aumentado las amenazas a defensores y defensoras ambientales, y periodistas. 

Nuevo Gobierno, nuevos compromisos

A casi tres años de la histórica sentencia judicial, todavía se desconoce la naturaleza y las fuentes de los gases que causaron la crisis masiva en 2018. Mientras, incluso durante la pandemia, las plantas continúan funcionando sin restricciones, y las personas continúan padeciendo los estragos de la contaminación. 

A esto se suma un nuevo derrame de petróleo en la bahía, el 22 de diciembre de 2021; el continuo varamiento de carbón en las playas (entre 2009 y 2020 se registraron 832, según organizaciones sociales), y el frecuente sobrepaso de los límites permitidos en las emisiones de los gases normados. El último episodio registrado sucedió a mediados de enero, cuando se dispararon las emisiones de dióxido de azufre —uno de los compuestos derivados del proceso de fundición de cobre—, para el que la norma nacional permite concentraciones 3,7 veces mayores a las recomendadas por la OMS.

"Hemos estado durante años batallando para que se proteja el ambiente, y esperamos que con las nuevas autoridades esto se comience a materializar", dijo Liverona. El Gobierno de Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, tiene como gran desafío "hacer el estudio que pide la Corte en la primera medida, establecer el método. Luego viene el cumplimiento de todas las demás medidas", señaló Emilfork. 

Como presidente electo, Boric y su equipo mantuvieron reuniones con representantes sociales de las zonas de sacrificio de todo el país. A comienzos de marzo Boric participó en un desayuno ciudadano en Viña del Mar (a 40 kilómetros al sur de la bahía de Quintero-Puchuncaví), en el que se comprometió a terminar con las zonas de sacrificio. "No podemos seguir así y él lo tiene clarísimo", dijo a la prensa local Katta Alonso, de Muzosare. "Es una gran esperanza que este Gobierno parta con la sociedad civil", agregó.

Por ahora, los habitantes de Quintero-Puchuncaví sólo confían en el viento: saben que cuánto más viento haya, más lejos se llevará "la peste".