Violencia “marxista” y fiscales con “adicción política”: Domenech recargado en el Senado

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech volvió este martes a señalar la “manipulación política” de la Justicia, con diversas críticas a la Fiscalía General de la Nación y al proceder en el caso Astesiano. El escenario de las críticas fue una sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado donde compareció el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, para opinar sobre el proyecto de ley que promueve otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 70 años.

La intervención del cabildante tuvo lugar luego de que Petit realizara distintos reparos al proyecto de ley, entre ellos considerar como inconveniente que el beneficio fuera obtenido de oficio cuando se cumpla determinada edad, por lo que planteó la previa intervención de jueces y fiscales en el procedimiento, y donde también alertó acerca de que “un mecanismo humanitario de sanción penal no sea usado o visto por la ciudadanía como una vía de impunidad”. También fue después de que la nacionalista Carmen Asiaín haya sido receptiva con distintos planteos formulados por el comisionado.

“Reconozco que durante el gobierno dictatorial —cívico-militar, si ustedes quieren— se cometieron atropellos que no acompaño, pero me da la impresión de que se está escribiendo una pseudohistoria —una pseudohistoria para el delfín, quizás— en la que se juzga con distinta vara las mismas conductas. La Constitución dice claramente que las cárceles no servirán para mortificar; sin embargo, me da la impresión de que estamos en una tónica que a determinados sectores ideológicos se les perdonan los delitos cometidos, y a otros se les pretende mortificar”, dijo Domenech al inicio de su intervención.

Luego de eso, el legislador formuló distintas críticas a la Fiscalía, y aludió a que en la actualidad la Justicia está “politizada”, lo que deriva a su juicio en una “manipulación” de los procedimientos y causas, en un ambiente donde “la ecuanimidad no luce”.

“En nuestro país se realizó una maniobra en el sentido de trasladar el eje de la justicia penal a la Fiscalía a efectos de manipular esa justicia. No tengo ningún inconveniente en sostenerlo; me refiero al hecho de realizar concursos para que accedan a la justicia penal fiscales adictos; procedimientos concursales que han sido impugnados; fiscales que han sido sancionados y sus sanciones fueron revocadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, agregó después, según los registros de la versión taquigráfica.

Consultado por Montevideo Portal sobre su alusión a “fiscales adictos”, el senador dijo que se refería a la “adicción política” de determinados funcionarios. “No me refiero a adicciones a las drogas”, aclaró.

De inmediato, en la sesión de la Comisión del martes, Domenech continuó con sus cuestionamientos y apuntó de forma directa al traslado de la fiscal Gabriela Fossati en el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, y también al archivo de la indagatoria contra el frenteamplista Gustavo Leal.

“Hay un cúmulo de situaciones en las que se traslada a una fiscal para evitar que se pronuncie en un asunto que tiene claro contenido político, como fue el caso Astesiano, e inmediatamente se archivan las actuaciones relativas a un personaje de trascendencia política que realiza una visita absolutamente increíble a los familiares de este señor Astesiano. Si eso no es manipulación política, yo me pregunto qué está sucediendo en la Justicia de este país”, dijo.

“No tenemos una Justicia —y lo digo con absoluto dolor— que me merezca confianza, máxime cuando desde la propia órbita fiscal se sostiene con absoluta claridad que en la Fiscalía General de la Nación se opera políticamente”, afirmó después el cabildante.

“Rojas, pardas, verdes, azules”

Tras la intervención de Domenech, Petit respondió los planteos de distintos legisladores, donde volvió a cuestionar la concesión de oficio del beneficio.

“Me parece que en este caso no corresponde la aplicación de un mecanismo de oficio para este incidente, cuando obviamente las personas de mucha edad que están presas, que están condenadas, en general —salvo alguna excepción—, lo están por delitos muy graves, ya sea delitos sexuales, de homicidio o, en algunos casos, no de lesa humanidad, porque el delito está tipificado posteriormente, pero sí que son sustantivamente de lesa humanidad, como la desaparición de personas, secuestros y toda la expresión de terrorismo de Estado nazista o fascista que sufrió el Uruguay cuando se atropelló con las instituciones, más allá de que hubo también otras violencias previas de grupos informales que también fueron muy negativas”, dijo el comisionado parlamentario.

Domenech lo interrumpió y le preguntó: “¿La comunista y la marxista no le importa?”.

El comisionado parlamentario dijo que “por supuesto” le importaba, y citó al exvicepresidente Enrique Tarigo al afirmar que “todas las formas totalitarias, sean rojas, pardas, verdes, azules, o del color que sea, son condenables en la medida en que implican la negación de la dignidad humana”.

“Me refería a ese tipo de filiaciones porque creo que estaban más cercanas al atropello que tuvieron las instituciones del Estado en ese período. Pero, más allá de eso, sin duda, el derecho de la víctima tiene que ser cuidado y creo que está protegido justamente a partir de una vía incidental donde interviene la Fiscalía —y también las familias de las víctimas pueden interactuar, pero sobre todo la Fiscalía— y por eso no corresponde la aplicación de oficio de este mecanismo”, reafirmó Petit.

Los reparos de Petit

En su exposición inicial, Petit realizó distintas observaciones al texto, e incluso presentó un articulado alternativo al que está a estudio.

El comisionado parlamentario señaló que por tratarse de una “frontera etaria” para la obtención del beneficio, es pertinente que sea analizado caso a caso, y que la resolución sea a partir de “la decisión fundada del juez luego de un incidente contradictorio con todas las partes del juicio”.

El funcionario acotó que el análisis caso a caso es pertinente y posible, ya que en el sistema penitenciario hay unas 90 personas de entre 65 y 69 años de edad y hay unas 95 personas mayores de 70 años de edad.

“El artículo 2 establece que el régimen de prisión domiciliaria se impondrá de oficio y sin más trámites ni procedimientos cuando se trate de personas mayores de 70 años. Este artículo nos genera fuertes reparos y creemos que en ningún caso debe ser aprobado, ya que le hace mal y contamina toda la norma”, afirmó más adelante.

También dijo que ese artículo es general y abstracto, pero “hay un grupo de mayores de edad privados de libertad por delitos muy graves”.

“Proceder a aplicar un mecanismo de prisión domiciliaria que no tenga en cuenta las circunstancias de cada persona y cada delito, sería una fisura muy importante en el rol democrático de los actores del proceso penal, y además —y subrayo— generaría una enorme desconfianza en la ciudadanía, que puede creer que se está queriendo favorecer a un determinado colectivo de personas con un procedimiento de prisión domiciliaria —siendo muy legítimo el instituto— aplicado por una vía inusual para una medida de este tipo: de oficio, automáticamente y sin consideración del caso”, afirmó después.

Petit también puso reparos a que el articulado plantee la exclusión del beneficio para los autores de determinados delitos. Desde su punto de vista, a partir de una visión de norma humanitaria, el asunto a considerar no debe ser la tipificación penal o una valoración de estos, sino la condición de vulnerabilidad de la persona que está recluida.

“En conclusión, creemos que el artículo presentado, siendo necesario para recoger explícitamente la prisión domiciliaria en los casos de ejecución penal, debe ser reformado en numerosos aspectos que hemos planteado aquí; siendo necesaria una redacción muy clara que deje bien sentado que se trata de una norma humanitaria y democrática de cumplimiento de sanción penal y que, de ninguna manera, es una ventana de impunidad para delito alguno ni una oportunidad de trato privilegiado para colectivo de especie alguna”, finalizó Petit, que a continuación presentó un articulado alternativo.

Luego del comisionado, la que abrió las intervenciones fue la senadora nacionalista Carmen Asiaín, impulsora del proyecto ahora a estudio, que a su vez sustituyó a uno anterior impulsado por Cabildo Abierto.

La legisladora dijo que, en primera instancia, era proclive a aceptar las sugerencias formuladas por Petit.

“Reformularemos el texto o adoptaremos el texto sugerido, adecuándolo a las sugerencias y observaciones, sobre todo el punto de la valoración caso a caso por el juez y de que cuando sea solicitado debe siempre mediar un incidente contradictorio involucrando a ambas partes, sin automatismos; la parte de la asistencia y control después de dispuesta la medida; el derecho a servicios sociales y de salud; y el punto de que no haya exclusiones por tipo de delitos, sino que el juez en cada caso tenga en cuenta la condición particularísima de vulnerabilidad de la persona, del privado de libertad”, dijo Asiaín.

Si bien el Frente Amplio en principio se había manifestado en contra del proyecto de Asiaín, el senador opositor José Carlos Mahía dijo que los planteos de Petit eran “muy atendibles”.

“Quiero señalar una parte de su relato, en [el] que refiere elogiosamente a la búsqueda del sentido humanitario que deben tener este tipo de normas, pero, a la vez, lo hace sin mandar un mensaje a la sociedad que pueda ser visto como un guiño o una posible apertura hacia la impunidad de determinados delitos que tienen sentencia firme de la Justicia”, afirmó.