Por The New York Times | Sui-Lee Wee

Cuando Vietnam concretó un convenio multimillonario con un grupo de nueve naciones ricas para tratar de reducir su uso de carbón, se comprometió a consultar con regularidad a las organizaciones no gubernamentales.

En cambio, el gobierno ha arrestado a varios ambientalistas prominentes de esas organizaciones, los diseñadores de las políticas que le permitieron obtener los fondos, lo que ha originado cuestionamientos en torno a la entrega de dinero a países que incurren en violaciones a los derechos humanos.

Ahora que el país se prepara para anunciar cómo invertirá el dinero en la reunión de las Naciones Unidas sobre el clima que arranca el jueves, varios activistas sostienen que los funcionarios vietnamitas deben rendir cuentas por las medidas, que califican de severas, impuestas contra personas que denunciaron las congojas ambientales del país.

Ngo Thi To Nhien, directora de un centro de investigación especializado en energía, fue la sexta activista ambiental detenida en los últimos dos años.

Se había reunido con funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales y Medioambiente en marzo para preparar el plan del convenio climático, la Alianza para una Transición Energética Justa, una iniciativa conjunta de Estados Unidos, Japón y otras naciones desarrolladas para convencer a las economías en desarrollo de dejar de utilizar el carbón. Las nueve naciones habían anunciado en diciembre que Vietnam recibiría 15.500 millones de dólares en subvenciones y préstamos a cambio de trabajar a favor de la energía renovable.

Nhien, de 48 años, ni siquiera logró ver la presentación del plan de Vietnam. La arrestaron en septiembre y permanece en un centro de detención, acusada de “apropiarse de documentos de agencias y organizaciones”.

Contra los otros cinco activistas detenidos se presentaron cargos de evasión fiscal, que, según indican algunos grupos de derechos humanos, son falsos y solo responden a sus actividades de defensa. A cuatro se les juzgó en audiencias a puerta cerrada que ni siquiera duraron un día y fueron sentenciados a pasar tiempo en la cárcel, un castigo más estricto de lo normal. Aunque a dos de los activistas ya los liberaron, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró en septiembre que el “procesamiento y la aplicación arbitraria de legislación restrictiva tienen un efecto escalofriante” en los ambientalistas en Vietnam.

Tanto activistas como académicos señalan que Vietnam parece haber ganado confianza por su creciente importancia para Occidente, por lo que ha aprovechado la oportunidad para aplicar medidas drásticas, pues sabe que habrá pocas repercusiones. El país se ha presentado como un actor geopolítico cada vez más importante y una de las pocas naciones del Sudeste Asiático que ha expresado públicamente su resistencia a China. El presidente Joe Biden visitó Vietnam en septiembre, con lo que elevó los lazos a una nueva relación estratégica que, según dijo, “será una fuerza de prosperidad y seguridad en una de las regiones más destacadas del mundo”.

“Tratamos con un gigante”, afirmó Phil Robertson, subdirector de la división en Asia de Human Rights Watch. “Han dominado el discurso en la comunidad internacional y todavía lo hacen”.

Citó como ejemplos la invitación de Vietnam a la cumbre del Grupo de los Siete este año, su inclusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, ahora, los fondos de la Alianza para una Transición Energética Justa, a pesar del problemático historial del país en el tema de derechos humanos.

Desde 2016, cuando fue reelecto Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, el espacio para la sociedad civil se ha reducido muchísimo. El país ocupa el segundo lugar entre las naciones con el mayor número de prisioneros políticos en el Sudeste Asiático; en este momento, hay más de 160 personas detenidas por ejercer sus derechos básicos, según Human Rights Watch.

En Vietnam, las autoridades desde hace tiempo han perseguido a quienes se consideran amenazas francas al dominio del partido único. El problema es que el gobierno de Trong ha ido mucho más allá y ahora intimida a personas a quienes antes se les daba cierto espacio de operación.

Vietnam rechaza cualquier insinuación de que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Pham Thu Hang, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, señaló el mes pasado que los casos de los ambientalistas se “investigaron, procesaron y juzgaron de conformidad con las disposiciones de la legislación de Vietnam”.

Los seis acusados dirigían organizaciones que hablaban sin miramientos acerca de los problemas ambientales del país. Esa actitud decidida terminó por colocarlos en una trayectoria de colisión con el Partido Comunista.

Sus detenciones son señal de que el gobierno quiere controlar cómo se realiza la transición energética en vez de basarse en las recomendaciones de grupos que han visto con desconfianza desde hace tiempo, explicó Nguyen Khac Giang, investigador del Instituto ISEAS-Yusof Ishak, una organización de investigación en Singapur.

El día en que Nhien fue detenida, Nhan Dan, el periódico oficial del Partido Comunista, criticó a los extranjeros que habían hecho donativos para financiar la investigación de políticas, pues afirmó que habían instruido a distintos grupos que publicaran informes con “contenido negativo tendencioso que presentara un panorama deslustrado de la situación del país y la población de Vietnam”.

Vietnam, potencia manufacturera con casi 99,5 millones de habitantes, ocupa el noveno lugar entre los mayores consumidores de carbón del mundo. En 2021, el primer ministro Pham Minh Chinh se comprometió a eliminar el consumo de carbón en el país para 2040.

La primera nación beneficiaria de la Alianza para una Transición Energética Justa en 2021 fue Sudáfrica, como parte de una iniciativa de un grupo de países ricos para resolver desigualdades persistentes en el combate al cambio climático. Ahora, los activistas consideran que Vietnam es la prueba de fuego para acuerdos futuros. ¿Acaso otros gobiernos represivos deberían recibir miles de millones de dólares? ¿Debería haber requisitos específicos para los países que reciben financiamiento, pero tienen un terrible historial en la defensa de los derechos humanos?

Varios países responsables del pacto climático han expresado inquietud sobre las detenciones en Vietnam, pero los grupos de derechos humanos comentan que esas naciones necesitan condicionar su apoyo financiero a la liberación de los ambientalistas o al compromiso del gobierno de que no habrá más arrestos. Hasta ahora, los países no han querido hacer esto, explicó Ben Swanton, consejero de la organización estadounidense sin fines de lucro The 88 Project, con oficinas en Estados Unidos, que se especializa en cuestiones de derechos humanos en Vietnam.

Dang Dinh Bach dirigía un centro de investigación de políticas de desarrollo sostenible y derecho que ofrecía asesoría legal antes de su arresto por evasión fiscal en 2021. (Nota de prensa vía The New York Times).