Vecinos del Palacio Legislativo: dos años sin respuesta tras la notificación de desalojo

Familias numerosas, octogenarios, personas con discapacidades, niños y madres solteras embarcaron una lucha que ya tiene aproximadamente dos años para no quedarse en la calle ante el embellecimiento del Palacio Legislativo en el marco de su aniversario número 100.

Hace más de un año, precisamente en octubre de 2021, 15 familias que viven en los predios ubicados en los alrededores del Parlamento, en las calles Ramón Escobar y Francisco Acuña de Figueroa, recibieron la visita de funcionarios policiales para tomar sus datos. Ante esta situación, varios de los allí presentes preguntaron cuál era el objetivo de lo que estaban haciendo, y recibieron una concreta y confusa respuesta de las autoridades: “No podemos dar información”.

Según supo Montevideo Portal, al día siguiente comenzaron a llegar a las viviendas las órdenes de desalojo. En los documentos se detallaba que el inmueble era propiedad del Poder Legislativo y que las familias que vivían allí habían ocupado “sin autorización”, por lo que iba a comenzar el proceso de desalojo.

La preocupación y la incertidumbre crecieron, y los vecinos comenzaron a movilizarse. Fue así que crearon la Unión de Vecinos Desalojados por el Palacio Legislativo para darle “más formalidad a la lucha”.

La primera ayuda

El tema llegó a oídos de la exdiputada del Frente Amplio Susana Andrade, que lo acercó a su fuerza política. Luego, fue el legislador del mismo partido Felipe Carballo quien lo trasladó a la bancada y posteriormente a la Comisión de Vivienda de Diputados.

Los vecinos, junto con su abogado Mauricio Vázquez (que trabaja de forma honoraria), comparecieron ante la comisión el 6 de octubre de 2021. De allí se fueron “satisfechos”. “Fue un buen recibimiento, nos sentimos muy escuchados”, afirmó a Montevideo Portal Cynthia Álvarez, integrante de la unión de vecinos.

“Desde el punto de vista jurídico se nos dijo que el Parlamento, como propietario de esas viviendas, tiene que garantizarle a la población que como parte del patrimonio nacional las utilice el patrimonio nacional, por lo que nos confirmaron que van a hacer los desalojos”, dijo Vázquez a Montevideo Portal en aquella ocasión.

El abogado sostuvo que los pasos a seguir iban a ser “buscar una solución humana”. “El Parlamento es articulador, no designa viviendas, pero se comprometieron a hacer de interlocutores con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda para lograr una solución para todos”, comentó.

Lo cierto es que la respuesta nunca llegó y, de ahí en más, el tema se quedó “muy quieto”. La presidenta de la Comisión de Vivienda de Diputados, la legisladora frenteamplista Gabriela Barreiro, explicó a Montevideo Portal que para tratar esta situación se creó una subcomisión exclusiva integrada por las diputadas Carmen Tort (PN) y Elsa Capillera (CA), el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

“Somos humildes, no ignorantes”

Álvarez sostuvo que no quieren que les “regalen nada” pero sí les den “una solución”. “Somos gente humilde, pero no ignorante. No queremos que nos regalen nada, pero sí que nos den una solución e ir pagándola de a poco”, agregó.

Las viviendas que habitan las 15 familias son de condiciones “precarias” y demasiado pequeñas para la cantidad de personas que se hospedan en ellas. Al ser consultada por las razones que los llevaron a vivir ahí, Álvarez respondió que son muchas pero que la mayoría están por ser “gente humilde que se quedó sin trabajo en la pandemia de covid-19”.

Son aproximadamente 60 personas las que viven en los predios. Hay hogares monoparentales, con adultos mayores, decenas de niños —uno de ellos con trastorno del espectro autista—, mujeres solas con hijos, ancianos enfermos y gente afectada por pérdidas laborales durante la pandemia.

El 17 de agosto de 2022 se registró un incendio con pérdidas totales en una de las viviendas. La casa pertenecía a un hombre que no estaba en el momento en el que comenzaron las llamas. Álvarez afirmó que algunos diputados —no dio nombres— se acercaron hasta el lugar y, al ser consultados sobre si había alguna solución, respondieron que su situación de “ocupantes precarios” no les permitía acceder a una ayuda del Estado.

La respuesta oficial

Aunque aparentemente el tema ha estado “muy quieto”, Capillera, integrante de la subcomisión creada para tratar el caso, aseguró a Montevideo Portal que se “avanzó mucho”.

“Lo último que hablamos fue que nadie quedaría en la calle”, expresó la diputada. En este sentido, afirmó que la situación de los vecinos ante el desalojo iba a tener “una solución”.

“El primer miércoles de marzo nos reuniremos en la Comisión de Vivienda de Diputados y ahí trabajaremos en el tema”, dijo Capillera, que agregó: “Veremos en qué se avanzó”.