Varias decenas de vecinos del barrio Santa Catalina se desplazaron hasta la Torre Ejecutiva para reclamar no ser desalojados de sus viviendas, ubicadas en predios municipales y privados.
Los manifestantes portaron carteles y leyeron una proclama en la Plaza Independencia, y posteriormente entregaron una carta al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
Según la proclama consignada por la diaria, "actualmente viven aproximadamente 1.000 familias" en los predios en donde se están realizando los desalojos.
Los vecinos señalan que la ocupación de los terrenos ocurrió de forma espontánea en enero. En primera instancia fueron unas 30 familias las que encontraron allí un lugar para formar su vivienda, y alegaron que "el predio está desocupado desde hace 50 años, siendo una tierra sin vida".
"Estas familias no cuentan con una solución habitacional. Aquí viven mujeres víctimas de violencia, algunas se encontraban en refugios del Mides, jóvenes rehabilitados provenientes de ONG, personas de nacionalidad extranjera, madres, padres, jefes de hogar, militares, policías, pescadores. ¿Qué pasó con la campaña 'Quedate en casa'?", continuó la proclama consignada por el matutino.
Según informó El País el pasado sábado, la Policía recorre hace días la zona pidiendo documentación porque está en búsqueda de personas requeridas.
Por este tema, hace una semana, el fiscal Diego Pérez solicitó a la Policía la detención de siete personas. Dos fueron condenadas. Posteriormente se hicieron más detenciones. Según el diario, el fiscal investiga a los sospechosos por los delitos de asociación para delinquir y usurpación de tierras.
En un comunicado de la Intendencia de Montevideo (IM) emitido este lunes, se señala que las ocupaciones se dieron en un padrón propiedad de la IM en el que está la planta de pretratamiento de aguas servidas Punta Yeguas.
Además, las ocupaciones también se dieron "en predios privados linderos y otros ubicados en la misma zona, mayoritariamente propiedad de la empresa Dervalix S.A.".
"En alguno de estos predios privados corre un caño colector de aguas servidas que llegan a la planta, en los cuales existe servidumbre de paso a favor de la IM", añade el comunicado.
El escrito de la IM señala que "el mismo 20 de enero" en que se tomó conocimiento de la ocupación, "la guardia jurídica" de la IM radicó diversas denuncias.
Un fue por la "ocupación sobre el predio privado", que se realizó ante la Fiscalía General de la Nación. Otra fue por "la ocupación del predio propiedad de esta Intendencia", que se realizó ante la Fiscalía de Flagrancia de 8° turno". Un día después, un fiscal dispuso "relevamiento de los ocupantes, intimación a la desocupación y delimitaron los padrones", según el comunicado.
La comunicación entre la IM y la Fiscalía continuó durante los días siguientes, tiempo en el que la Fiscalía dispuso diversas actuaciones.