Un grupo de vecinos de Punta Rubia (Rocha) emitió, por segunda vez en poco más de tres meses, una carta dirigida al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, por un nuevo presunto caso de abuso policial, que incluyó un irregular allanamiento.
En la carta, los vecinos denunciaron "el inexplicable uso de fuerza y despliegue policial" en una vivienda en la que el dueño no estaba presente y, a pesar de tener algunas plantas de marihuana, tenía todo en regla.
"El pasado 25 de febrero a las 14:30 horas un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales entre los que se cuentan uniformados de azul, policía técnica y efectivos vestidos de negro con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas irrumpieron en forma violenta y sin identificarse en el domicilio del vecino P.V., de 35 años, uruguayo, con residencia permanente en el balneario", inicia el relato de los vecinos.
"Ingresaron en el predio sin identificación. Allí se encontraban dos amigos del dueño de casa que fueron reducidos a punta de metralleta en la cabeza. A uno de ellos, L.S., de 32 años, también con un arma en la cabeza le dieron a firmar un documento que, según le dijeron, lo hacía responsable y tutor de las plantas de cannabis que se encontraran durante el allanamiento", continúa el relato.
"L.S. leyó el documento en presencia del mencionado despliegue policial y, como mencionamos antes, con un arma en la cabeza. No está seguro de lo que firmó, pero según el relato de los vecinos presentes, le repetían a los gritos que era como testigo y custodio de las plantas. Ahora él siente preocupación porque en realidad no conoce el tenor del documento que firmó", se añade en la carta.
El relato de los vecinos agrega que a quienes se encontraban en la casa "les pidieron documentos y no los dejaron moverse del lugar, amenazándolos con armas".
La denuncia añade que los policías ingresaron a la casa de P.V. y, para hacerlo, "rompieron la puerta de entrada con una patada y la arrancaron". "Una vez dentro, dieron vuelta todas sus pertenencias incluyendo ropa, instrumentos musicales, tambores que fueron golpeados, herramientas de trabajo, comida y todo lo que había en la casa, con mucha violencia y desprecio. También arrancaron la puerta de ingreso al baño".
"Mientras esto ocurría dentro de la casa, afuera sobrevolaban drones y un escuadrón de policías armados custodiaba la puerta y la esquina de la casa. En el jardín se encontraron unas pocas plantas de marihuana, dentro del número legalmente permitido para usuarios registrados ante el IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), como P.V.", agregaron los vecinos.
El relato indica que P.V. es carpintero y en ese momento trabajaba en una obra en La Paloma. Una de las vecinas, de 28 años, apareció en la escena con documentos que demostraban que el dueño de la casa estaba registrado en el IRCCA. "En ese momento, la Policía desistió de arrancar las plantas y se comunicaron con los superiores, explicando que les habían mostrado el registro".
Según se expresa en la denuncia, el oficial responsable de la operación ordenó retirarse a los efectivos, "sin ofrecer explicaciones" a los vecinos "y dejando un tendal de destrozos en muebles, pertenencias, herramientas de trabajo y puertas".
"Sin mencionar el daño psicológico derivado de tan violento e injustificado procedimiento, una vez más en nuestra comunidad", añade la carta.
En la denuncia se indica, además, que cuando el dueño de la vivienda llegó a su casa y le explicaron lo sucedido, fue a la comisaría a exhibir nuevamente su inscripción en el IRCCA. "Lo recibieron, pero no le ofrecieron explicaciones, como tampoco le mostraron la orden de allanamiento".
Los vecinos aseguraron que estos abusos policiales no solo se han registrado en su balneario, sino en otros como Punta del Diablo y Valizas.
"Usted, señor ministro, aspira a que la Policía sea respetada y vista como un apoyo a la ciudadanía. Para eso debemos tener confianza en ella y saber que en todo momento actuará con respeto hacia las personas, acorde a derecho y no se excederá en el desempeño de sus funciones. Ya recurrimos a usted, señor ministro, cuando fuimos objeto de toda clase de atropellos en el mes de diciembre y no tuvimos respuesta. Somos gente de trabajo, familias con niños perturbadas en su tranquilidad. ¿Con qué objetivo?", preguntaron.
Los vecinos pidieron a Larrañaga que, "para evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse", se investigue este nuevo presunto caso de abuso policial.
"No merecemos ser tratados con el prejuicio que proviene del que no conoce, del que no se acerca. Volvemos a reiterar, señor ministro, que nuestras puertas están abiertas para el diálogo. No es necesario derribarlas por la fuerza", concluye la carta.