Como siempre al final de cada legislatura, las sesiones de ambas cámaras del Parlamento suelen tratar un sinfín de proyectos de ley, que por un motivo u otro no han sido tratados y por una cuestión temporal están a punto de naufragar.

La sesión de este miércoles de la Cámara de Senadores transcurrió de este modo, con varios asuntos en carpeta que buscaban su aprobación. Uno de los que iba a tratarse era un proyecto de Ley que endurece las sanciones por hechos de violencia en el fútbol, que tenía la aprobación de Diputados tras ser impulsado por el nacionalista Pedro Jisdonian.

Enterados del tratamiento de este tema en sala, la resistencia de Nacional, de Peñarol y de otros clubes llegó hasta los pasillos del Parlamento, con contactos informales entre legisladores y dirigentes de las instituciones deportivas.

Finalmente, el texto quedó sin ser tratado y la bancada oficialista buscará realizar modificaciones para que pueda ser aprobado antes del fin de esta legislatura, que será la semana próxima.

La preocupación de Nacional y de Peñarol en conjunto fue revelada en la mañana de este jueves por el presidente tricolor, Alejandro Balbi, en diálogo con 100% Deporte de Sport 890. Según sostuvo, cuando entró en conocimiento de que el tema era discutido en el Palacio Legislativo, llamó al presidente de los aurinegros, Ignacio Ruglio, por entender que el proyecto de ley “es claramente perjudicial contra los clubes grandes”. “Lo llamé [a Ruglio] para avisarle. 'Le dije: mirá, hay un proyecto de ley del tema de sanciones con las hinchadas que para mi gusto nos va a perjudicar'”, expresó, en una entrevista donde formuló varias críticas al dirigente aurinegro, pero remarcó que tenía diálogo para temas que lo requerían.

Fuentes parlamentarias dijeron a Montevideo Portal que el senador blanco Sergio Botana y el frenteamplista Óscar Curutchet fueron quienes tomaron el tema en sus bancadas para señalar que el tema era inconveniente para los clubes. Así, Botana y el senador suplente y directivo de Nacional Raúl Giuria encabezaron los contactos con un grupo de clubes. 

En tanto, Curutchet, expresidente de Danubio, tuvo diálogo con dirigentes franjeados, así como con Ruglio y con el delegado de Peñarol Gonzalo Moratorio.

En esos contactos informales, los clubes transmitieron que nunca habían sido consultados por este asunto y tanto desde las bancadas del oficialismo como de la oposición se resolvió dejar el tema en suspenso. Además de los reparos de los clubes profesionales, una de las preocupaciones de Botana era la afectación de los clubes amateur del fútbol del interior.

Consultado por Montevideo Portal, Botana destacó la relevancia del proyecto presentado por Jisdonian, pero valoró que algunas cuestiones puntuales sobre las sanciones lo hacían inviable. Por tanto, dijo que desde el Partido Nacional analizarán modificaciones para que sean tratadas en los próximos días. 

“Luchar contra la xenofobia y el racismo es un deber de la sociedad, y me parece muy bien evitar la utilización del deporte en ese sentido, pero en el proyecto había algunos riesgos de sanciones para instituciones grandes —y especialmente las más pequeñas— de suspensiones de cancha, de tener que evacuar espectáculos, que son costos y riesgos que en las carencias que tenemos hoy de verdad no estamos preparados”, dijo Botana.

También apuntó a que parte de la normativa obligaba a cambios en los estatutos de las instituciones deportivas, lo que sería un proceso muy lento ante el Ministerio de Educación y Cultura, y además señaló que los servicios jurídicos de los clubes en su mayoría no están preparados para afrontarlo.

Por tanto, Botana dijo que existe un “compromiso” con Jisdonian de trabajar en el proyecto “eliminando estos riesgos” señalados. “Vamos a evitar todo riesgo de sanción a las instituciones, o de posibilidad de que algunos usen manifestaciones de este tipo para resolver problemas políticos internos de los clubes”, afirmó.

Curutchet, en tanto, dijo a Montevideo Portal que “existe un régimen jurídico de carácter programático y sancionatorio que ya regulan la materia” y apuntó que en el capítulo de sanciones “se establece un régimen severo para los clubes”. “Yo no estoy en contra de que se sancione la ley. Sí me parece que antes de aprobarla debe recabarse la información y la opinión de los clubes, que son los que se encargan de la opinión de esos espectáculos”. 

El proyecto de ley

De acuerdo con los registros del Parlamento, el texto fue aprobado en Diputados el 13 de agosto de este año y dos día después ingresó a la Comisión Especial de Deporte y Juventud del Senado. Pero, como allí no se había avanzado y el fin de la legislatura será en cuestión de días, este miércoles se planteó el texto ante el pleno de la cámara alta.

En su primer artículo, de modo general, el proyecto de ley señala que su objetivo es “eliminar el odio, el racismo y la discriminación, así como garantizar el principio de igualdad de trato en el deporte”. Más adelante, en el artículo 2, también se hace referencia a actos xenófobos e intolerantes y también a los gestos o insultos en escenarios deportivos. Y el artículo 3 expresa: “Con carácter general, las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos deberán adoptar medidas adecuadas para evitar la realización de las conductas descritas en el artículo 2° de la presente ley”. “Las disposiciones reglamentarias de todas las entidades deportivas establecerán expresamente la posibilidad de privar los carnets de socios vigentes y de la inhabilitación para obtenerlos durante el tiempo que se determine a las personas que sean sancionadas con carácter firme por conductas de odio, racistas, xenófobas o intolerantes”, agrega, junto a otras requisitorias para las instituciones.

Asimismo, el proyecto de ley establece un conjunto de sanciones para los clubes, entre las que están la inhabilitación para organizar espectáculos deportivos hasta un máximo de dos años o la pérdida de la condición de localía.