El juicio que enfrenta a Uruguay contra la tabacalera Philip Morris va más allá de un litigio internacional y despierta un interés que toca a todo el mundo, no sólo a esta empresa multinacional y a nuestro país.
En un largo artículo que cedió a Montevideo Portal y que fue difundido también por la organización Truthout, el analista estadounidense Michael Meurer descubre la trama detrás de esta lucha de David y Goliat.
Meurer es presidente de Meurer Group & Associates, una consultora política ubicada en Colorado, California. Fue asesor del Partido Demócrata en ese estado y cofundador de Courage Campaign, una organización con más de 750.000 miembros que aboga por leyes más progresistas en su país. Sus análisis sociales y políticos han sido publicados por gran cantidad de medios, incluidos Alternet, Truthout y el Santa Monica Mirror. Este es su análisis del litigio entre Uruguay y Philip Morris.
Uruguay se enfrenta a los banqueros de Londres, los Mad Men de Marlboro y el Acuerdo de Asociación Transpacífico
¿Qué demonios está sucediendo en el pequeño Uruguay? El segundo país más chico de Sudamérica, con una población de 3,4 millones de personas, generó titulares no proporcionales a su tamaño en el último año al convertirse en la primera nación en legalizar la marihuana, recibir a refugiados sirios y aceptar los primeros seis ex reclusos de Guantánamo que se radican en Sudamérica.
El saliente presidente José Mujica, un colorido ex rebelde tupamaro que fue apresado y brutalmente torturado por los militares en los 70 (bajo la Operación Cóndor sustentada por Estados Unidos en Uruguay, Chile, Argentina y otras naciones del Cono Sur), es un personaje favorito de los medios y ha estado en el centro de estas acciones.
Sin embargo, una historia aún más grande, con raíces históricas más profundas e implicaciones globales, se desarrolla simultáneamente en Uruguay con atención mediática mínima. Uruguay ha pasado la última década desafiando calladamente el nuevo orden trasnacional de bancos globales, corporaciones multinacionales y tribunales de comercio supranacionales, y está ahora en una lucha por su supervivencia como una nación independiente. Es una historia rica e importante que necesita ser contada.
Las elecciones de 2014
En los últimos diez años, Uruguay ha conducido un experimento de ala izquierda en una democracia social y económica, convirtiéndose en una versión latinoamericana de Suiza en el proceso. Bajo el liderazgo del Frente Amplio, el Fondo Monetario Internacional reporta que Uruguay ha disfrutado un crecimiento anual de 5.6 % desde 2004, comparado con el 1.2 % de Suiza en los últimos cinco años. Los suizos descriminalizaron la marihuana y el matrimonio gay. Uruguay legalizó ambos. De acuerdo al Índice Happy Planet, Uruguay tiene el mismo impacto ecológico per cápita que Suiza, con un similar sentimiento extendido de bienestar entre su población, a pesar de un ingreso per cápita significativamente más bajo.
Pero a diferencia de Suiza, con su sector de servicios financieros altamente desarrollados y —hasta recientemente— un refugio seguro de políticas impositivas para el capital global, Uruguay se ha convertido en un objetivo central para la ira de las corporaciones multinacionales y los banqueros londinenses que las financian.
En noviembre del 2014, cuando los votantes uruguayos eligieron nuevamente como presidente a Tabaré Vázquez en una victoria aplastante, asegurando así la continuidad del experimento uruguayo socialdemócrata por otros cinco años hasta 2020, a los banqueros neoliberales londinenses no les causó ninguna gracia.
Menos de una semana después de que se certificaran los resultados de las elecciones de Uruguay, Capital Economics, un think tank financiero con base en Londres alineado con la rama del neoliberalismo agresivo del primer ministro David Cameron, emitió un reporte económico en el que advierte severamente que Uruguay enfrentará tiempos económicos difíciles tras elegir a un nuevo presidente de izquierda, a no ser que cambie su conducta. Esto dice el lenguaje del reporte de Capital Economics:
"Capital Economics concluye que dada la promesa de Vázquez de más continuidad y más gasto social, y que la economía uruguaya está funcionando al máximo de su capacidad, cualquier intento de reforzar las demandas nacionales probablemente generarán más inflación y más presión a la balanza de pagos".
"Nuestra visión es que los legisladores necesitan ajustar la política fiscal y aprobar reformas para fomentar la oferta y potenciar el crecimiento a mediano plazo", dice el reporte.
"Igualmente, el ajuste de salarios está extendido en Uruguay, y de acuerdo al FMI, 90 % de los contratos laborales están indexados, lo que contribuye a una inflación alta y persistente. En general, reducir el poder de los sindicatos ayudaría a aliviar las rigideces del mercado laboral".
Este reporte que rezonga a Uruguay fue publicado en el contexto del mayor y más agresivo asalto al sector público en la historia británica. El gobierno de Cameron está proponiendo recortes de 22.2 % al presupuesto nacional para el 2020, lo que recortará un 41 % de programas "no protegidos", y se traduce en un gasto en bienestar social a discreción.
El experimento económico de izquierda que tiene lugar en el lado opuesto del globo, en el pequeño Uruguay —con gastos militares mínimos— tiene un déficit anual un 600 % más bajo que el Reino Unido en términos de porcentaje de Producto Bruto Interno. Desde la perspectiva de los banqueros, Uruguay sienta un mal ejemplo al cuidar a su gente en lugar de darles lo que quieren a los especuladores financieros globales.
Si uno decodifica el reporte de Capital Economics, funciona como un diccionario virtual para el lenguaje de la tiranía financiera, el bullying y el terror usado por el nuevo régimen del capital global con sede en Londres y Nueva York.
Decodificando el lenguaje de los banqueros neoliberales
Capital Economics quiere asegurarse de que Uruguay adopte políticas que "alivien las rigideces del mercado laboral". Mientras el refinamiento de esta formulación no carece de valor de entretenimiento, en lenguaje llano significa arremeter contra el sindicato para bajar los salarios.
Capital Economics también insiste en que "reformas de la economía de oferta" son esenciales para la supervivencia de Uruguay. He aquí una lista típica de ese tipo de reformas:
- Recortar gastos del Gobierno, impuestos y políticas para limitar préstamos del Gobierno.
- Aprobar leyes para controlar los poderes de los sindicatos.
- Reducir la burocracia excesiva para recortar los gastos de hacer negocios.
- Implementar medidas para mejorar la flexibilidad del mercado laboral, o reformar las leyes de empleo.
- Ejecutar políticas tendientes a potenciar la competición, como por ejemplo la desrregulación.
- Privatización de bienes estatales.
- Abrir la economía a la inversión y el comercio extranjeros.
- Abrir la economía a la migración laboral extranjera.
En resumen, el establishment financiero de Londres le está diciendo al inoportuno e izquierdista Uruguay que necesita arremeter contra sus sindicatos al alentar el influjo de salarios bajos, contratar trabajadores para reducir los costos laborales, recortar el gasto social y privatizar lo que pueda del sector público.
Es importante hacer notar que el 55 % de los bonos de deuda de Uruguay está en manos de inversores extranjeros, muchos de ellos británicos. Este programa de austeridad antilaboral que está siendo recomendado por Capital Economics sería desastroso para los programas nacionales de Uruguay y su calidad de vida, pero aportaría una oportunidad de ganancias para los banqueros especuladores de Londres, al aumentar temporalmente el valor de los bonos uruguayos. Esto es lo que realmente significa "potenciar el crecimiento a mediano plazo".
El TTIP y el TPP
El asalto neoliberal al Uruguay dependiente de las exportaciones probablemente se intensificará en los próximos años, no solamente por el gasto en programas populares de bienestar social que contrasta con la austeridad recomendada por los banqueros londinenses y el FMI. Uruguay también se ha convertido en un pararrayos de la élite financiera global porque está desafiando la legitimidad de los tribunales de comercios internacionales que están en el corazón de acuerdos propuestos como el TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) y el TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico).
Contrariamente a la prensa realizada por los entusiastas Cameron y el presidente de Estados Unidos Barack Obama, el TTIP y el TTP no están diseñados para promover el comercio. El efecto acumulativo de ambos sería el establecimiento de una estructura de gobierno trasnacional que suplanta el orden de estados-naciones soberanos que son, al menos en teoría y en general en la práctica, democráticamente responsables de su propia gente.
Los países firmantes propuestos al TTIP y el TPP caen en la esfera de influencia económica de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, lo que explica por qué Rusia, África, las naciones islámicas y los gobiernos de izquierda de Latinoamérica están excluidos. Este es el famoso "nuevo orden mundial" capitalista soñado por George H. W. Bush hace más de 20 años.
Uruguay se cierne en forma desproporcionadamente grande en el escenario global en este momento porque se ha colocado sin darse cuenta en la vanguardia de un contragolpe global contra el TPP y el TTIP, debido a una disputa con la industria internacional del tabaco aparentemente no relacionada.
Entran en escena los Mad Men de Marlboro
El choque de Uruguay con el emergente régimen de gobierno corporativo trasnacional comenzó en 2005, bajo la administración de Tabaré Vázquez, cuando el Ministerio de Salud Pública ordenó que las advertencias gráficas sobre los riesgos para la salud del tabaco debían cubrir el 50 % del área de superficie de los paquetes de cigarrillos.
En 2009, fue incrementado al 80 % del área de superficie. Uruguay estaba afrontando una epidemia de enfermedades relacionadas con el tabaco, especialmente entre los jóvenes y las mujeres embarazadas. Desde entonces, el hábito de fumar descendió del 40 % entre los adultos a un 23 % en 2014, y de 33 % a 12 % entre adolescentes.
En una ironía final, Philip Morris, que movió su oficina global a Suiza en 2002 para evadir impuestos y responsabilidades, demandó a Uruguay en el 2010 por estos nuevos requerimientos de etiquetado bajo los términos de un acuerdo bilateral de comercio firmado por ambos países. El juicio de Philip Morris, que busca 25 millones de dólares por daños y debilitar los requerimientos de etiquetado de Uruguay, es seguido a través del Centro Internacional de Resolución de Disputas en Inversiones (ICSID) en Washington DC. El ICSID es comandado actualmente por el presidente del Banco Mundial y financiado por el presupuesto del Banco. Es un tribunal de comercio supranacional que se especializa en "acuerdos por disputas de Estados internacionales" (lo que se conoce bajo la sigla en inglés ISDS).
Los ISDS están en la médula de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), pero en una escala realmente global. Si Uruguay triunfa sobre Philip Morris, las consecuencias para la aplicación del TPP y el TTIP —y el nuevo orden global que estos tratados representan— serían más profundas.
Philip Morris, que fabrica Marlboro, la marca de cigarrillos más vendida y valorada en el mundo, tiene ingresos anuales más grandes que todo el Producto Bruto Interno de Uruguay (80.000 millones de dólares contra 59.000 millones). De acuerdo a Ellen Shaffer, codirector de la organización estadounidense Center for Policy Analysis, "los costos de defender estos casos son enormes, por lo que las compañías tabacaleras están intentando seleccionar a países con bajos ingresos que no pueden gastar la plata y el capital político para defenderse de la industria".
Uruguay está tan restringido desde el punto de vista fiscal que ha estado recibiendo asistencia financiera para cubrir los costos legales por parte de Bloomberg Philanthropies, liderada por Michael Bloomberg, el billonario neoyorquino que fuera alcalde de Nueva York y que se ha convertido en un entusiasta cruzado antitabaco.
Philip Morris argumenta en su demanda que sus ganancias y su marca están siendo dañadas severamente por la campaña antitabaco de Uruguay, teniendo en cuenta que la marca de la compañía representa "una inversión significativa a largo plazo".
En una acción punitiva aún mayor, la empresa cerró su fábrica de cigarrillos en Uruguay tras iniciar la demanda, dejando a 40 personas sin trabajo. El Gobierno uruguayo respondió a esto recontratando a ocho de los trabajadores como consejeros antitabaco y, en octubre de 2015, presentó una refutación de 500 páginas a la demanda de Philip Morris en el Centro Internacional de Resolución de Disputas.
En el documento de defensa, aún no divulgado públicamente, Uruguay cita sus obligaciones de proteger la salud de su población bajo el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en 2005, un acuerdo internacional firmado por unas 200 naciones que incluye recomendaciones para advertencias sanitarias en cajas de cigarrillos.
Silvina Echarte Acevedo, la asesora legal que lidera la defensa del Ministerio de Salud Pública, declaró recientemente a The Independent: "Nos están intimidando porque somos chicos. Es como David y Goliat, pero pelearemos porque es nuestro deber y derecho proteger la salud de nuestros ciudadanos".
Mientras la posición valiente y principista de Uruguay contra Philip Morris es inspiradora, es también una previa de lo que puede ser la realidad predominante si se permite continuar con los acuerdos TTIP y TPP. El monstruo del tabaco también está usando los tribunales de comercio para enjuiciar a Tailandia y Australia por sus intentos de poner advertencias de salud más notorias en los paquetes de cigarrillos. El juicio contra Tailandia fue exitoso y está siendo apelado por el Gobierno tailandés. El litigio en varios tribunales contra los gobiernos de Uruguay, Australia y Tailandia ya llevó a Nueva Zelanda y Gran Bretaña a posponer cambios en los paquetes de tabaco similares a los de Australia.
Las organizaciones alineadas con Uruguay incluyen la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como una coalición más o menos libre de ONG antitabaco.
En este momento, todos somos uruguayos. Su pequeña parada heráldica contra el emergente modelo de gobierno trasnacional a través de las corporaciones multinacionales y bancos globales es la batalla de todos. Una victoria uruguaya ante el tribunal ICSID tiene el potencial para sentar un bienvenido precedente en favor de los gobiernos locales contra el tipo de orden trasnacional concebido por acuerdos como el TTIP y el TTP, aunque es una batalla que es peleada en el terreno enemigo.
El hecho de que una nación soberana que desea proteger la salud de su gente sea forzada a defenderse a sí misma en un litigio caro y ante el lucro de una corporación multinacional —al mando de un tribunal supranacional del Banco Mundial— ya está de por sí demasiado metido en el camino equivocado.
En una conmovedora muestra de bipartidismo, la aprobación del TPP será una prioridad alta para el presidente Obama, el senador republicano Mitch McConnell y el republicano John Boehner cuando el nuevo Congreso —controlado por los republicanos— sesione a comienzos del 2015. Sin embargo, hay oposición en los designados republicanos y demócratas del Congreso que bien quizá pueda responder a la opinión pública.
Más preocupante para quienes proponen estos dos acuerdos es la resistencia de varios Estados que han sido propuestos como miembros. Estos Estados incluyen a Japón, Tailandia y, más recientemente, la Unión Europea, a la que le preocupa que se la fuerce a importar carne, pollo y productos agrícolas estadounidenses que denominan en sorna frankenfoods, debido a las laxas regulaciones de ese país en aditivos, hormonas y modificaciones genéticas.
Para cualquier interesado en manifestar su apoyo por la posición de Uruguay, la información de contacto con el ICSID puede ser encontrada online. En el interín, ¡viva Uruguay!
Por Michael Meurer
Traducción: Martín Otheguy
Enlace a la versión en inglés de Truthout
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