La denuncia pública de la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso Oliver contra el senador nacionalista Gustavo Penedés puso nuevamente el tema de explotación sexual infantil sobre la mesa, ya que la denunciante relató que recibió dinero por mantener relaciones sexuales con el legislador cuando tenía 13 años.

Hasta 2021 se implementó un plan que buscaba prevenir este delito y poner el foco en que los menores no fueran objetos sexuales comerciales. La iniciativa fue implementada desde 2011 por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees).

En los objetivos del documento aprobado para el período 2016-2021, se especifica que se quería “implementar y monitorear acciones” para la erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial mediante un “conjunto de subprogramas articulados de prevención, protección, atención y restitución de los derechos de los niños”.

El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, dijo a Montevideo Portal que el “tema va para largo” si se quiere discutir si existe o no un plan específico para la erradicación de la explotación sexual infantil.

En palabras del jerarca, el INAU junto con otros organismos lleva adelante una serie de medidas para trabajar en conjunto con las víctimas de explotación sexual y sus familias. “Entendemos que el trabajo en territorio siempre previene, más allá de que se haga el seguimiento de los casos”, indicó Abdala.

Explicó, además, que tienen localizadas aquellas zonas del país en donde se puede dar explotación infantil con más facilidad y en grandes dimensiones. A modo de ejemplo, ante la construcción de una segunda planta de UPM, el organismo intensificó su presencia en territorio en Durazno y Tacuarembó.

“Cuando hablamos de prevenir, hay que especificar qué se quiere decir, porque las políticas que llevamos adelante siempre tienden a la prevención”, indicó Abdala, y también aseguró que se trabaja con las familias para explicar la importancia de que se denuncien este tipo de hechos.

Abdala adelantó que, de aquí hasta que se termine este período de gobierno, no se prevé implementar un documento como el de la Conapees mencionado anteriormente, dado que entienden que las políticas llevadas adelante impulsan tanto la prevención como el seguimiento de casos.