Dos militares, Héctor Rombys y Arquímedes Maciel, fueron procesados el pasado miércoles por el asesinato de Luis Carlos Batalla, conocido en el departamento de Treinta y Tres como “Nucho”. Batalla, militante político y albañil, falleció en el Batallón de Infantería Nº10 en 1972, previo al Golpe de Estado. Su homicidio es considerado el primero por tortura dentro de un cuartel previo a la disolución de las cámaras.

Tras la resolución judicial, Montevideo Portal dialogó con Francisco Laxalte, exedil del departamento por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tenía una relación cercana con Nucho y fue quien denunció que su fallecimiento no había sido una muerte natural sino, en realidad, un asesinato.

“En Treinta y Tres fuimos electos dos ediles, uno de ellos fui yo. Militábamos con Nucho en el mismo grupo (el PDC), y eso hizo que hubiera una relación muy cercana en el tema del barrio, de todo lo que era la convivencia que había allí”, relató.

Laxalte aseguró que Batalla fue aprehendido en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad por parte de las fuerzas conjuntas. Y, según contó, a los tres días de su desaparición un soldado se apareció por la casa de Laxalte y preguntó por “los remedios (de Nucho) para el corazón”. Él recuerda que le respondió que su correligionario no sufría de ningún problema cardíaco y que el lugar donde estaba haciendo la pregunta tampoco era su casa. La escena lo llevó a pensar que “la cosa venía complicada”.

Tiempo después, un amigo pasó por la puerta del hogar del entonces edil y le dio la noticia: el cuerpo de Nucho estaba en la morgue. “Ahí me pongo a pensar ‘qué hago’. Como edil tenía inmunidad parlamentaria en el departamento, afuera no. Tenía que ver cómo actuar”, expresó.

Lo primero que hizo fue hablar con el padre de Batalla, “don Tiburcio”. Le preguntó cómo estaba y le consultó sobre la posibilidad de abrir el cajón del hijo, porque estaba “realmente convencido” de que lo habían matado y esa era la única forma de cerciorarse. Sin embargo, necesitaba el consentimiento de la familia. El padre de Batalla aceptó la solicitud de Laxalte, pero le pidió que hablara con “Perico”, hermano de la víctima, y que procediera de la misma forma con su pareja.

Con el consentimiento de las dos personas restantes, el excurul de Treinta y Tres llamó esa misma tarde a Montevideo y dijo que había una necesidad de “esclarecer los hechos”. Habían pasado unos pocos días desde la muerte de Nucho. En esa llamada manifestó la necesidad de que se hicieran presentes un parlamentario con inmunidad nacional, como fue el diputado Daniel Sosa Díaz, un médico forense y la prensa.

“A las dos de la madrugada de ese mismo día estábamos en la pieza donde estaba el cuerpo, que era su casa. Estábamos don Tiburcio, Perico, los médicos, el diputado, la prensa y yo. Cuando abrimos el cajón, fue notorio”, relató: Nucho había sido víctima de tortura y el estado del cuerpo lo evidenciaba.

“Luego los médicos hacen su trabajo, se elabora un acta y me la entregan a mí, para que luego la llevara al Parlamento a Daniel Sosa Díaz y se fuera logrando la interpelación a Enrique Magnani, que era el ministro de Defensa”, continuó Laxalte.

“Con todo ese esclarecimiento de los hechos se va a la interpelación. Llega el momento, estábamos presentes Perico y yo en el Parlamento, y el ministro admite que en el caso de Luis Carlos Batalla en el Batallón de Infantería Nº10 había existido anomalía. Ahí comenté que volaba en pocos días y a los 12 días en el ministro voló”, narró. La interpelación fue el 22 de junio de 1972, y el 19 de julio Magnani fue removido.

Sin embargo, la Justicia demoró 50 años en establecer responsabilidades. “Tarda, pero llega”, comentó Laxalte, quien valoró que tanto Rombys como Maciel fueron “actores directos” en el asesinato de Batalla. En este sentido, el dirigente político recordó al militar Rombys como un hombre “realmente muy inteligente”, “muy capaz”, pero también como el “enviado de la muerte”.

“Soy de los que piensa que la nómina va a seguir porque hay más gente que está acusada; hay más personas para seguir declarando. Y quiero que de una vez y por todas se sepa la verdad. Es lo que se pide: saber la verdad. Acá no hay venganza, acá lo que hay es verdad y justicia”, expresó.

Quien denunció y consiguió que se esclareciera la muerte de Batalla recuerda al militante como un compañero trabajador que estaba muy interesado por los temas sociales, en un pueblo “muy pobre”. Integraba una barra de amigos que compartían una murga, jugaban al fútbol y tenían diversas expresiones sociales. “Son los recuerdos que en definitiva uno tiene de aquellos tiempos con él y con muchos otros”, dijo.

Según la ficha la ficha de Asesinados políticos y fallecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, realizadas por el Equipo de Investigación Histórica, Batalla era una persona afiliada al PDC, "presumiblemente asociado al Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Sin embargo, para Laxalte, en ese momento no había justificación alguna para realizar un procedimiento policial-militar o para detener a una persona.

“Hay una historia muy dura, realmente compleja que se vivió en un lugar (por Treinta y Tres), cuya expresión cultural era avanzada e importante. Lo que hicieron fue pegar por todos lados para eliminar esa expresión cultural que tenía el departamento. Hay mil anécdotas de cómo se encargaban los trabajos que apuntaban a destrozar una sociedad que tenía un estilo de vida”, recordó, y argumentó que no era necesario pertenecer a un grupo guerrillero para ser detenido, sino que eran integrantes de diferentes partidos políticos los que se movilizaban clamando por libertad. “Eso era lo que existía”, concluyó.