Una delegación oficial viajará a Texas para imitar su sistema carcelario “modelo”

Una delegación compuesta de varias instituciones estatales viajará en julio a Estados Unidos para conocer el sistema penitenciario que se implementó en Texas en 2007 y que, ante los resultados obtenidos, se ha replicado en otros estados de ese país.

El de Texas es un modelo al que se ha referido varias veces el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, que está convencido de que el camino transitado allí es viable en Uruguay y, además, tiene chances de redundar en cambios reales.

De la delegación participarán representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, la oficina del comisionado parlamentario y dos legisladores miembros de la comisión especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, informaron a Montevideo Portal fuentes del gobierno.

Dice Petit: “Esto es como si un paciente con obesidad, sedentarismo y tabaquismo fuera al médico por sus complicaciones en la salud. Le va a decir ‘empiece por comer mejor, hacer ejercicio y dejar de fumar’. Antes de ir a la cirugía, probemos con esas medidas”. El equivalente para el sistema penitenciario uruguayo, para el comisionado, sería algo así como “antes de construir más cárceles, probemos con las medidas que han funcionado en otras partes del mundo”.

En 2007, Texas se enfrentaba a un dilema similar al de Uruguay hoy: con la población carcelaria de aquel momento se estimaban necesarias unas 17.000 plazas penitenciarias más antes de 2012, con un costo mínimo de US$ 2.000 millones. En Uruguay, unas 14.400 personas viven privadas de su libertad y se calcula que ya faltan 4.000 plazas: algo así como ocho establecimientos nuevos para 500 reclusos cada una. Al ritmo de crecimiento actual, el equipo del comisionado penitenciario estima que en 2024 se alcanzarán los 19.000 presos y serán necesarias 2.000 plazas más, es decir, otras cuatro para 500 personas cada una.

“¿Está Uruguay en condiciones de crear 12 cárceles más y nombrar a miles de funcionarios más? ¿Tiene esto sentido? ¿Es financiable? ¿De dónde se sacarán los recursos? ¿Qué daños colaterales tendrá este crecimiento penal?”, se pregunta Petit en el informe anual correspondiente a 2020.

En ese mismo informe, el comisionado plantea el caso de Texas, “estado ‘duro entre los duros’, conocido en los textos penales y criminológicos, y en las series documentales y policiales, por su pena de muerte, su circuito de cárceles de máxima seguridad (“supermax”), penas largas y condiciones de reclusión severas”.

Ante el pronóstico dramático para su sistema penitenciario, se creó un equipo bipartidario liderado por el senador demócrata John Whitmire, presidente de la Comisión de Justicia Penal del Senado, y el representante republicano Jerry Madden, presidente del Comité de Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Representantes. Analizaron por qué la población carcelaria crecía sin parar y analizaron posibles soluciones. El objetivo era controlar “el desbocado tamaño” y a la vez mejorar la seguridad, pero a la vez hacerlo con el costo más bajo posible.

El equipo elaboró una estrategia de reinversión de recursos y se aprobó por ley. En vez de apelar a la construcción de cárceles como única solución, resolvieron financiar 4.500 camas nuevas en centros terapéuticos para derivar a personas que cometieran delitos leves por sus adicciones o trastornos de salud mental y 5.200 cupos en programas comunitarios. Así, según sus cálculos, evitarían el colapso.

Lo cuenta Madden en una columna publicada en 2018 en el portal de noticias The Hill: “Nuestro abordaje consistía en establecer programas que trataran las adicciones a drogas y alcohol, mejoraran los servicios de salud mental, y ofrecieran programas de rehabilitación en prisión”, dice Madden. Para aquellas personas en libertad provisional o que demostraran buena conducta, se ampliaron las “sanciones intermedias”, explica, y luego advierte: “Los resultados fueron excepcionales”.

Lo que luego llamarían el “modelo de Texas” y se replicaría en otros estados, permitió 10 años después cerrar ocho prisiones y reducir la población carcelaria 11%. De acuerdo con el informe de Petit, para 2013 los esfuerzos de Texas habían resultado en un ahorro de US$ 5.000 millones en gastos de construcción y unos US$ 340 millones en costos operativos anuales evitados. Y en seguridad, una década después de la implementación de la reforma, la tasa de delincuencia cayó 29%, alcanzando la cifra más baja desde 1968.

Para Petit, el sistema que funciona actualmente en Uruguay es “gigante, inarreglable e imposible de financiar”. Además, advierte que “el problema no es la velocidad” en la que se avanza para intentar una solución, sino “el rumbo”: “Por mal camino no vamos a llegar a ningún lado”.

El comisionado conoció el modelo de Texas buscando ejemplos imitables en el mundo. Algunos los descartó, como el sueco, básicamente por los costos. Pero en el caso de Texas halló similitudes con Uruguay y un recorrido accesible. Además de apostar a las medidas alternativas a la prisión, se puso el foco en el trabajo al momento del egreso, en los tratamientos para el consumo problemático y la atención en salud mental, el seguimiento de los liberados y la asistencia a sus familias, explica Petit. Mucho de eso coincide con el plan que presentó Petit en setiembre de 2021 para el “combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, basado en una perspectiva de derechos humanos y género”.

La receta seguramente no luce novedosa hoy, pero en aquel entonces, para uno de los lugares con mayor índice de encarcelamiento del mundo como era el estado de Texas, implicó “un cambio total de paradigma”. A los ojos de Petit, “solo fue posible mediante la cooperación entre legisladores y políticos de ambos partidos, expertos y académicos y miembros de la sociedad civil”. Algo similar aspira a lograr en Uruguay.

Juan Miguel Petit / Foto: Juan Manuel López/Montevideo Portal (archivo)

Qué paradoja

El senador nacionalista Carlos Camy, que preside la comisión especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, será uno de los que viajará a Estados Unidos. Como representante de la oposición irá la diputada Lucía Etcheverry, que también integra esa comisión. En la delegación está Lourdes Salinas, subdirectora del INR. Irán, además, un delegado del equipo de Petit, representantes de Fiscalía y el Poder Judicial, y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Uruguay.

Camy afirma que el viaje, que incluirá Texas y otras ciudades cuyos nombres aún desconoce, no insumirá costo alguno para los organismos representados, ya que la embajada estadounidense cubrirá todos los gastos. También cuenta que los legisladores de la comisión han mantenido reuniones desde el año pasado con las autoridades penitenciarias de Texas a través de viodeconferencias en la embajada, y que hace poco mantuvieron un encuentro en el que confirmaron el viaje. Partirán el 25 de julio y permanecerán unos 15 días.

“Yo quiero ir a ver la experiencia de Texas porque presenta una aparente paradoja”, dice Camy. “Es el estado más punitivo de Estados Unidos y logró, en base a la aplicación de medidas alternativas, bajar la población carcelaria. Parece contradictorio en un estado de los duros, con alta tenencia de armas, con pena de muerte… Me interesa conocerlo por esa contradicción aparente: una receta aplicada en un estado con una cultura antagónica”, reflexiona.

“No digo que sea extrapolable, pero en Uruguay, con la LUC y el relativo éxito de la parte represiva, sería interesante ver que pudiera convivir con este otro modelo”, dice y agrega: “Quiero ver y estudiar eso, que es interesante a partir del titular que nos dan”.