Sobre noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos, que busca poner foco en un tema en el que espectro político ha debatido largo y tendido, pero sobre el que hasta mediados de este año no se había puesto de acuerdo.
El texto fue finalmente aprobado el miércoles 5 de junio en Diputados, tras varios cambios realizados en el Senado.
Si bien se podría pensar que el Parlamento pondría el énfasis en cómo ingresa el dinero para cada candidato, la discusión se centró en los minutos que otorga para propaganda política en televisión. Varios legisladores han declarado que este finalmente es “el corazón de la ley”, y de hecho fue lo que generó más polémica antes de su aprobación.
Algunos blancos entendían que el texto debería haberse centrado en impulsar más controles para prevenir ingresos de dinero irregular a la política uruguaya. “Yo creo que se genera una buena ley, pero no se le hace mucho énfasis al tema de la plata en negro que muchas veces circula en las campañas”, apuntó una fuente de la coalición de gobierno.
La discusión de los minutos en TV fue zanjada luego de que Cabildo Abierto negociara un punto medio con el resto de los partidos de la coalición, determinando así que el Frente Amplio también acompañara con sus votos.
Gracias a lo anterior se introdujo uno de los principales cambios al documento, porque ahora los medios de comunicación televisivos están obligados a brindar un espacio de 13 minutos de forma gratuita a los lemas con representación parlamentaria, o a aquellos que hayan alcanzado más de 2% en las últimas elecciones internas.
Los 13 minutos se dividirán de la siguiente manera: cinco se usarán al inicio de la campaña, tres en la mitad y los cinco restantes al cierre de la carrera electoral. Esto se implementará durante los 30 días previos a la jornada de la elección nacional. La norma no aplica para ninguna elección interna.
En cuanto a los sufragios de segunda vuelta, la fórmula cambia. Allí habrá 7,5 minutos para cada una de las fórmulas que compiten por la Presidencia. En todos los casos, los espacios que ocuparán los mensajes de los partidos políticos serán en las tandas que van desde las 18:00 a las 0:00 horas, es decir, en parte del horario central.
En la versión anterior de la ley, los diputados habían propuesto que el Poder Ejecutivo pagara a los canales parte de los minutos asignados para la propaganda política. Esto implicaba que los espacios tendrían una duración de 10 minutos e irían también desde las 18:00 hasta las 0:00 horas.
En ese texto preliminar se establecía que el 47,5% de los minutos gratis se distribuiría de forma igualitaria para los lemas que hubieran participado de la elección anterior y tuvieran representación en el Parlamento. Otro 47,5% sería en proporción directa a los votos que hubiera tenido cada agrupación en los últimos comicios y el último 5% para el resto de los lemas.
La Asociación de Broadcasters del Uruguay (Andebu) fue de las primeras en oponerse al texto aprobado por la Cámara baja, dado que entienden que los canales privados de Montevideo perderán, en conjunto, alrededor de US$ 25 millones.
El senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini fue también uno de los que presentó reparos con el contenido del documento, porque entiende que deja algunos “grises”. Lo primero que criticó el legislador es que el nuevo texto implica que “privados sean los que financian la carrera electoral” de los políticos. Si bien reconoció que su partido apoyó la modificación, sostuvo en rueda de prensa que “fue lo mejor dentro de lo peor”.
La otra crítica de Gandini fue que no hay opción de canalizar los minutos de propaganda televisiva en otro medio de comunicación. En su rol de precandidato, el blanco puso como ejemplo que dirigentes de Por la Patria, sector que lidera, en el interior prefieren tener presencia en otros espacios y no solo en la televisión. “Tienen razón y es injusto”, agregó.
El diputado Mariano Tucci, que encabezó las negociaciones por el Frente Amplio para la media sanción del proyecto en la Cámara baja, dijo a Montevideo Portal que en la coalición consiguen mejores precios con los canales de televisión que el Frente Amplio.
“Esta ley trae un poco de Justicia en el acceso a la información que los partidos ofrecen en los procesos electorales para que a todos los ciudadanos, cuando prendan la televisión, les llegue la propuesta de los partidos al mismo precio. Es indiscutido que, más allá de cuestiones de mercado, cuando hay competencia democrática todos tenemos que hacer un esfuerzo para que los actores puedan colocar sus convicciones democráticas al mismo valor. Y eso hay que arreglarlo”, agregó.
Si bien cabía alguna posibilidad de que la norma no se aplicara para este ciclo electoral, fue una intención de todos los senadores que se aprobara antes de las elecciones internas con el objetivo de que la ley se aplique para los comicios nacionales y el balotaje de 2024.
Antes de reactivarse las negociaciones, el tema estuvo algunos meses sin mayores novedades, lo que había llevado al diputado Tucci a manifestar “preocupación” por el futuro del texto. “El tiempo pasa y el proyecto sigue todavía durmiendo”, había dicho en su momento.
¿Y el narco?
El narcotráfico y la financiación de las campañas ha sido un tema de especulación de muchos. Quizá el caso coyuntural que mejor lo explica es el pasaporte uruguayo que el gobierno le dio a Sebastián Marset, ante lo cual incluso desde el espectro político salieron a advertir que era un riesgo por la asociación que podía implicar.
Si bien los actores de la oposición y del oficialismo reparan en que esta delincuencia no ha llegado a los interiores del poder y tampoco a financiarlos, es cierto que reconocen que puede estar más cerca. En una entrevista con Desayunos informales, el senador del Frente Amplio Mario Bergara utilizó la metáfora de que los narcos pueden estar “en la puerta”.
No obstante, el proyecto de ley no propone cambios sustanciales para evitar que el narcotráfico ingrese en la financiación de campañas electorales.
En el artículo 24 se crea “el fondo para el fortalecimiento democrático de los partidos políticos que será administrado por la Corte Electoral”.
“Se integrará con la totalidad de lo recaudado por concepto de multas aplicadas por la Corte Electoral en ejercicio de la potestad sancionatoria que se prevé en la presente ley”, agrega.
Por su parte, en el artículo 25 se establece que “las personas físicas o jurídicas o las organización o entidades sin personería jurídica que realicen una donación, aporte o contribución en dinero o en especie que contraríe lo dispuesto por esta ley, quedarán inhibidas de integrar el Registro Único de Proveedores del Estado por un período de tres años”.
El noveno artículo también sufrió modificaciones respecto al proyecto original. Finalmente se dispone que los candidatos y los partidos políticos no podrán aceptar contribuciones anónimas que superen las 4.000 unidades indexadas (UI). A partir de ese monto, todas las donaciones deben ser incluidas con nombre.
También se establece que “en ningún caso la suma de contribuciones o donaciones anónimas podrá exceder el 10% del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual y los correspondientes a cada acto eleccionario donde recaiga la obligación de rendir cuentas”.
Por su parte, en el séptimo apartado se agregó un límite para las donaciones que los propios precandidatos hagan a sus campañas. Este cambio busca frenar algunos ingresos desmedidos que se dieron en campañas anteriores, por ejemplo, el caso de Juan Sartori, quien financió de su bolsillo más de la mitad de su carrera electoral.
“La señal es que las donaciones anónimas en este proyecto de ley bajan y no hay forma de inflarlo por otro lado”, dijo Tucci. Además, puntualizó que el texto aumenta los controles sobre los partidos al darles más recursos a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas.
Tras el paso por el Senado, otro de los cambios es el rol de la Corte Electoral, dado que podrá sancionar a los partidos por incumplimientos. Actualmente, el organismo solo tiene potestades para observar a aquellos que sean denunciados o detectados por los propios funcionarios.
El senador nacionalista Luis Alberto Heber puso como ejemplo un spot publicitario que había hecho el precandidato Álvaro Delgado, por el que el Frente Amplio lo denunció. “Con la nueva ley, la Corte Electoral podría sancionar económicamente y hay algunas multas que llegan a las 300.000 UI”, agregó, pero insistió en que el mecanismo para llevar adelante la sanción aún no está definido. Este valor equivale a $1.810.830, unos US$ 46.500.
Precisamente, el artículo 22 establece tres niveles de infracciones: muy grave, con multas que van desde las 100.000 UI hasta las 300.000 UI. Le siguen las sanciones graves, que implican sanciones que van desde las 50.000 UI hasta las 100.000, y las leves, desde 10.000 UI hasta 50.000 UI.
“Las sanciones a las que refiere el presente artículo serán aplicadas por la Corte Electoral, la cual procederá de oficio o por denuncia fundada de parte”, agrega el proyecto.
El tema son los bancos
Los grandes montos que aportan privados e incluso organismos públicos (por ejemplo, la Corte Electoral a través de los votos) se vuelcan a diferentes cuentas bancarias que suelen estar a nombre de los candidatos o principales dirigentes de cada agrupación.
Fuentes del Partido Nacional explicaron que los controles suelen venir por el lado de los bancos privados. Es probable que si un candidato recibe una transferencia de US$ 100.000 por concepto de aportes, deba justificar ese ingreso. Según pudo saber Montevideo Portal con fuentes bancarias, no hay un monto definido para activar la consulta de las instituciones, sino que depende de los movimientos habituales de cada cliente.
Esto mismo sucede en lo cotidiano de legisladores y personas del espectro político que son considerados personas políticamente expuestas. Las fuentes especificaron que, a fin de cuentas, las entidades bancarias son las que deciden si habilitan o no el ingreso de fondos y conocen el origen de esos dineros.