El órgano judicial entiende que esas limitaciones afectan a los derechos y libertades fundamentales.

Las autoridades de Madrid recurrieron ante la Justicia esas medidas, decididas por el Gobierno de la nación y respaldadas por 12 de las 17 regiones autónomas españolas para municipios de más de cien mil habitantes con incidencia elevada de la covid-19.

Cinco se opusieron y Madrid, gobernada por una coalición de conservadores y liberales, las rechazó con duras críticas al Ejecutivo de la nación, que dirige el socialista Pedro Sáchez.

Las discrepancias se refieren a qué restricciones son más efectivas y menos perjudiciales económicamente, si el confinamiento perimentral urbano total de esas localidades, como defiende el Gobierno, o los parciales por barrios que aplicaba Madrid.

No obstante, las autoridades madrileñas acataron la resolución de Ejecutivo y aplican las limitaciones desde el viernes la ciudad de Madrid y otros nueve grandes poblaciones, con 4,8 millones de habitantes.

Las limitaciones afectan también al número máximo de personas y horarios en actividades sociales y de hostelería, entre otras.

Con información de EFE