Alexander Mario Fábregas no empuñó un arma, ni organizó un levantamiento. Lo suyo fue un teléfono en la mano, un perfil de Facebook y el impulso —que a algunos les nace y a otros les cuesta entender— de decir lo que piensa. Transmitió en vivo, habló de desobediencia civil como un derecho, pidió apoyo para los presos políticos y llamó, sin violencia, a salir a la calle.
Por eso, un tribunal en Villa Clara, Cuba, lo condenó a siete años de prisión. Según la sentencia, Fábregas "cuestionó el sistema del Estado cubano y atacó al presidente". Las pruebas fueron sus propios videos, que acumularon algunas decenas de reacciones, entre 19 y 167 compartidos, y algo más de 300 comentarios. No miles. No millones. Pero para el tribunal, suficientes para considerarlo culpable de "propaganda contra el orden constitucional".
La justicia cubana no es conocida por su transparencia ni por el debido proceso. Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificaron el juicio como “injusto” y propio de un sistema judicial sin independencia. Fábregas ya había sido condenado antes: en 2021 pasó nueve meses en prisión por participar en las históricas protestas del 11 de julio.
Hoy, se suma a la lista de más de mil personas que, según Prisoners Defenders, están presas en Cuba por motivos políticos.
En base a EFE
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