La mosca de la bichera es un parásito que, en Uruguay, genera pérdidas por unos 40 millones dólares en el sector ganadero y presenta más de 1000 casos por año en humanos. En base a este diagnóstico, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció en julio un plan para erradicar esta plaga en cuatro años, luego de comenzar la dispersión de moscas ya esterilizadas, en setiembre del 2023. “Es una parasitosis seria”, dijo entonces el ministro Fernando Mattos.
El Gobierno explicó que el combate que desarrollará Uruguay cuenta con la aprobación y el apoyo de la Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), que es el organismo que produce las moscas estériles y el que posibilitó la erradicación en América del Norte y Centroamérica. A su vez, la medida se financiará con parte de las ventas de productos lecheros y ganaderos, lo que fue cuestionado en las últimas horas por Un Solo Uruguay (USU), el movimiento de productores agropecuarios.
“Los productores no estamos de acuerdo en aumentar los aportes”, publicó USU en un comunicado de prensa, en referencia a la solución encontrada por el Gobierno para combatir esta plaga.
La Ley 19.300 creó en 2014 el Seguro para el Control de Enfermedades Prevalentes, que está bajo el control de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), que es la autoridad veterinaria del Uruguay. De todas maneras, este seguro es financiado por los productores, ya que pagan una tasa por la remisión de animales a frigoríficos y a empresas exportadoras, o de leche a industrializadores. Estos tres tipos de empresas actúan en estos casos como como agentes de retención.
Por cada res bovina faenada, los productores aportan US$ 2. Este monto también rige para cada bovino en pie que se exporta, mientras que los tamberos deben pagar US$ 1,50 por cada 1000 litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras.
“Las promesas de las campañas electorales deben incluir la financiación de las mismas y no echar mano a lo que cuadre. Si los fondos ya aportados a las enfermedades prevalentes no se usan para tal fin deben eliminarse. Mismo ejemplo para INAC [Instituto Nacional de Carnes] e INIA [Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria], instituciones que tienen sobrante de recursos”, agrega USU en el comunicado.
Además, plantea que “en los últimos tiempos” han visto “cómo recursos del sector productivo se derivan para cualquier otro fin, como Mevir [Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre] o INC [Instituto Nacional de Colonización]”.
“Algunas tasas ‘temporales’ como la financiación de las cajas negras y la campaña contra la brucelosis multiplicaron sus recaudaciones y se han vuelto eternas. Por lo tanto, reiteramos que no estamos de acuerdo con la forma propuesta en la Rendición de Cuentas con respecto a la financiación de la erradicación de la mosca de la bichera”, expresa el movimiento, que tiene representación política en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).
Y concluye, intercalando minúsculas y mayúsculas: “Aumento en los aportes: NI UN PESO MÁS!!!”