El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República aprobó el 8 de junio una resolución donde expresa que "el proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual a estudio del Parlamento no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, que tuvo una parcial y tardía aplicación".

La UdelaR considera que "la iniciativa habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios". Además, señalan que la ley "afecta derechos ciudadanos consagrados en la normativa vigente".

En ese sentido, desde la universidad manifiestan su "total disposición a realizar aportes para que el país tenga y aplique efectivamente una regulación en materia de comunicación audiovisual adecuada a la realidad y a las necesidades del país, y ajustada a los estándares en materia de derechos humanos y calidad democrática".

Algunos puntos que cuestiona el CDC de la UdelaR tienen que ver con la "eliminación de varios artículos que apuntan a la protección a los derechos de la infancia y la adolescencia, aunque uno de ellos, referido a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, volvió a incluirse en la nueva versión" y la "eliminación de las garantías contra los discursos de discriminación y odio".

La UdelaR señala que "el proyecto propuesto deja de lado elementos de la vigente ley que suman derechos y garantías a diversos sectores de nuestra sociedad". "Esto afecta sus posibilidades de inclusión social, su derecho a la no discriminación y el desarrollo de acciones afirmativas en este sentido, así como la protección de los derechos de la ciudadanía en su relación con los servicios de comunicación audiovisual. Estas restricciones no acompañan otras leyes nacionales que protegen a grupos poblacionales específicos, lo que puede generar conflictos de aplicación", agregan en su resolución.

Además, cuestionan el "incremento de la cantidad máxima de licencias de radio y televisión abierta que puede tener un mismo titular, que pasan de tres a ocho, y eliminación de este límite para quienes tengan hasta el 30% de las acciones de cada licencia" ya que "en la nueva versión el límite pasa a seis licencias por titular para radio y televisión abierta y se disminuye a 20% de las acciones de cada licencia".

Para su resolución el CDC consideró el informe realizado por el grupo multidisciplinario integrado por académicos de la UdelaR con el objetivo de estudiar la propuesta regulatoria a estudio del Parlamento.