Trump transgredió la Ley de Registros Presidenciales. ¿Esto le traerá consecuencias?

Por The New York Times | Luke Broadwater

Mientras fue presidente, según sabemos, Donald Trump destruyó, despedazó, se llevó e incluso tiró por el inodoro documentos de la Casa Blanca. Era frecuente que evitara usar el conmutador de la Casa Blanca y que, para comunicarse, usara su propio teléfono celular o los de sus colaboradores.

Esas costumbres, las cuales han despertado un nuevo interés a partir de la investigación de la Cámara de Representantes sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio, han planteado la pregunta sobre si la actuación de Trump relacionada con el incumplimiento de las normas también constituye un delito.

Esta semana, el Comité de Supervisión de la Cámara señaló que, al parecer, la gestión de documentos realizada por Trump representaba “transgresiones importantes” a la Ley de Archivos Presidenciales y anunció una investigación al respecto.

La oficina de Archivos Nacionales y Administración de Documentos habló con el Departamento de Justicia sobre los procedimientos de Trump para proteger los registros luego de que descubrieron que, al dejar el cargo, se había llevado más de una docena de cajas de archivos presidenciales, entre ellos lo que esta agencia cree que son documentos clasificados. The Washington Post informó que algunos de estos documentos estaban claramente etiquetados como “ultraconfidenciales”.

Además, el uso de teléfonos celulares para tratar asuntos oficiales ha dejado grandes vacíos en los registros oficiales de la Casa Blanca en torno a sus llamadas del 6 de enero de 2021, cosa que dificulta los trabajos de los investigadores para construir un historial preciso de lo que estaba haciendo durante el asalto. También podría estar infringiendo la ley si no conservó el historial del teléfono celular ni lo entregó a la oficina de Archivos Nacionales y Administración de Documentos.

A continuación, les explicamos a qué se refiere la Ley de Registros Presidenciales y por qué es posible que la actuación de Trump la haya infringido.

Los presidentes no son los propietarios de sus documentos

En 1978, después del caso Watergate, el Congreso promulgó la Ley de Registros Presidenciales, la cual señalaba que los documentos del presidente eran propiedad de Estados Unidos, no una pertenencia personal, y formularon un proceso para garantizar que, en algún momento, tanto el Congreso como la población pudieran tener acceso a ellos.

Dicho proceso tenía por objetivo evitar que futuros presidentes hicieran lo que Richard M. Nixon quiso hacer después de renunciar con deshonra, cuando pensó destruir las grabaciones que documentaban las medidas que él y otras personas tomaron como respuesta a la investigación del escándalo del Watergate.

Esta ley exige que los registros del presidente sean devueltos a la agencia de Archivos Nacionales y Administración de Documentos cuando este deja el cargo y que se pongan a disposición de la población después de doce años, aunque algunas entidades, como la de los investigadores del Congreso, pueden obtenerlos antes.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, la ley excluye de la exigencia de preservación los registros personales del presidente —definidos como aquellos “de carácter estrictamente privado y no público”— y le otorga al presidente un “alto nivel de prudencia sobre los materiales que se van a resguardar”.

También proporciona un proceso para destruir los registros, mismo que, por lo general, consiste en obtener el permiso del archivista de Estados Unidos, el cual puede consultar con el Congreso. No hay señales de que Trump lo haya hecho en los casos en cuestión.

De manera descarada, Trump incumplió los requerimientos

El Comité de Supervisión de la Cámara le ha solicitado a la oficina de Archivos Nacionales y Administración de Documentos que proporcione información relacionada con sus conversaciones con el equipo de Trump acerca de quince cajas de archivos de la Casa Blanca descubiertas después de que Trump dejó la presidencia en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida.

Trump se había mostrado renuente a regresar estos materiales después de que la oficina de Archivos Nacionales y Administración de Documentos había hecho varios intentos por obtenerlos y, de acuerdo con una persona informada sobre las conversaciones privadas, en algún momento, esta agencia amenazó con enviar una carta al Congreso o al Departamento de Justicia si él seguía reteniendo las cajas.

“Si, de manera deliberada, el expresidente Trump estaba destruyendo los archivos u ocultándolos de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos —donde la ley requiere que se resguarden— deberá rendir cuentas”, aseveró la representante demócrata por Nueva York, Carolyn Maloney, presidenta del panel de supervisión.

Steven Aftergood, director del Proyecto de la Federación Estadounidense de Científicos sobre la Confidencialidad del Gobierno, comentó que, debido a su costumbre de deshacerse de documentos, parecía que Trump había transgredido la Ley de Archivos Presidenciales.

“Cualquier acto de destrucción o eliminación no autorizada de archivos está en contra de la ley”, señaló Aftergood.

El tema del uso del teléfono celular por parte de Trump es todavía más turbio. Esta ley fue redactada antes de que hubiera correos electrónicos o teléfonos celulares, así que no menciona ninguna de las dos cosas. Pero dado el propósito de la ley (garantizar un historial completo de la gestión del presidente), algunos expertos creen que la actuación de Trump violó su espíritu, si no su texto.

Según la Ley de Archivos Presidenciales, no hay consecuencias considerables para la actuación de Trump

Una falla que ven muchos expertos en la Ley de Archivos Presidenciales es la falta de un mecanismo sólido para aplicarla.

Según esta ley, el archivista tiene la “responsabilidad final” de garantizar la protección y la integridad de los archivos presidenciales, explicó Aftergood.

“Pero la agencia de Archivos Nacionales y Administración de Documentos no cuenta con una fuerza policiaca propia, ni tiene mucha capacidad de investigación”, comentó. “Puede hacer preguntas y redactar cartas en términos muy severos, pero la respuesta depende de la Casa Blanca, del presidente o de la agencia involucrada”.

Es posible que la destrucción de documentos trasgreda otras leyes

Trump podría ser acusado de otro delito por su tendencia a destruir documentos, si este hecho fuera parte de un intento de obstaculizar las investigaciones.

“Según un estatuto de obstrucción, ahí habría una responsabilidad, pero en ese caso serían fundamentales los hechos y el contexto”, señaló David H. Laufman, exabogado del Departamento de Justicia que supervisó la investigación relacionada con el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

“Si existe alguna intención de destruir documentos a fin de impedir que alguna agencia gubernamental lleve a cabo la función que le confiere la ley, podría haber una conspiración para defraudar a Estados Unidos”, mencionó Laufman.

Sin embargo, advirtió que el Departamento de Justicia casi nunca quiere iniciar juicios que no tengan precedentes en la historia, y la agencia nunca ha acusado a ningún expresidente de destruir o eliminar archivos.

“En algún caso que involucre a un expresidente, el costo debe ser especialmente alto por un comportamiento concreto que no haya sido el motivo de alguna medida de aplicación previa”, señaló Laufman. El expresidente Donald Trump rodeado de seguidores en un mitin político en Conroe, Texas, el 29 de enero de 2022. (Meridith Kohut/The New York Times)