Trump afirma ser víctima de tácticas que él mismo empleó alguna vez

Por The New York Times | Peter Baker

WASHINGTON — Dos días después de las elecciones de 2020 que Donald Trump se negó a admitir que perdió, su hijo mayor, Donald Trump Jr., hizo una recomendación urgente: “Despide a Wray”.

Trump hijo no explicó en el mensaje de texto que envió por qué era necesario echar a Christopher Wray, el director del FBI al que su padre había nombrado hacía más de tres años. No hizo falta. Todo mundo sabía por qué lo decía. Para la familia Trump y sus seguidores, la lealtad personal de Wray al presidente saliente no era suficiente.

A lo largo de sus cuatro años en la Casa Blanca, Trump trató de convertir el aparato de procuración de justicia del país en un instrumento de poder político para hacer realidad sus deseos.

Ahora que el FBI de Wray ejecutó una inusitada orden de registro en la casa del expresidente ubicada en Florida, Trump acusa al sistema de justicia de la nación de ser justo aquello en lo que trató de convertirlo: el arma política de un presidente, solo que no es la de él.

De hecho, no existen pruebas de que el presidente Joe Biden haya tenido alguna participación en la investigación.

Biden no ha exigido de manera pública que el Departamento de Justicia encierre a Trump como Trump exigió que lo hiciera con Biden y otros demócratas. Tampoco ha sucedido que una persona haya contradicho con conocimiento de causa la declaración de la Casa Blanca de que no se le informó de antemano sobre el registro en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago y mucho menos participó en ordenarlo. Pero Trump tiene un largo historial de acusar a sus adversarios de hacer lo que él mismo hace o haría en la misma situación.

Sus esfuerzos por politizar el sistema de justicia se han convertido ahora en su escudo para tratar de desviar las acusaciones de conducta indebida. Así como el lunes afirmó que el allanamiento del FBI era una persecución política, el miércoles hizo la misma afirmación sobre la investigación no relacionada de la fiscal general de Nueva York sobre sus prácticas empresariales, mientras se acogía a su derecho a la Quinta Enmienda para evitar testificar, ya que sus respuestas podrían incriminarlo.

“Voltear las cosas y afirmar con falsedad que es víctima de exactamente las mismas tácticas que una vez desplegó no es más que la peor de las hipocresías”, dijo Norman L. Eisen, quien fue consejero especial de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes durante el primer proceso de destitución de Trump. “Pero la coherencia, la lógica, las pruebas, la verdad... esas son siempre las primeras en pasar inadvertidas cuando una democracia se ve atacada desde su interior”.

Los aliados republicanos de Trump argumentan que él no fue quien socavó la tradición apolítica del FBI y de las autoridades, o al menos no fue el primero en hacerlo. Por el contrario, sostienen que el sistema fue corrompido por la cúpula de la agencia misma e incluso por miembros del gobierno de Obama cuando Trump y su campaña fueron investigados por una posible colusión con Rusia durante la campaña de 2016, la cual terminó sin que se comprobara que hubo una asociación delictuosa con Moscú.

El bando del expresidente ha señalado desde hace mucho tiempo los mensajes de texto entre un par de funcionarios del FBI que criticaron con dureza a Trump durante esa campaña y las órdenes de vigilancia obtenidas contra un asesor de Trump que luego se consideraron injustificadas. El Departamento de Justicia reconoció que las órdenes eran defectuosas y un inspector general culpó a los funcionarios del FBI por sus mensajes de texto. Pero el inspector general no encontró nada que permitiera concluir que alguien hubiera tratado de perjudicar a Trump por sesgo político.

En una carta dirigida a Wray el miércoles, el senador de Florida Marco Rubio, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia del Senado, aludió a la historia de la investigación previa del FBI sobre Trump para poner en duda la actual indagatoria que condujo al allanamiento del lunes en busca de documentos clasificados que el expresidente podría haber tomado de manera indebida cuando dejó el cargo.

“Las acciones del FBI, a menos de tres meses de las próximas elecciones, hacen más para erosionar la confianza pública en nuestras instituciones gubernamentales, el proceso electoral y el Estado de derecho en Estados Unidos que la Federación Rusa o cualquier otro adversario extranjero”, afirmó Rubio en la carta.

El registro fue aprobado por un juez magistrado y por altos funcionarios de las fuerzas del orden, a los que se les exigió un alto nivel de pruebas de posibles delitos. El fiscal general Merrick Garland, un exjuez del Tribunal de Apelaciones nombrado por Biden con apoyo bipartidista y cuya cautela en el proceso del expresidente hasta ahora había generado críticas de los liberales, no ha ofrecido ninguna explicación pública. Ni siquiera los republicanos que en el pasado han criticado al expresidente se sintieron obligados a cuestionar la validez del registro. El senador republicano de Kentucky Mitch McConnell, el líder de la minoría que criticó duramente la actuación de Trump durante el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021, esperó 24 horas, pero al final se pronunció el martes para cuestionar si había ocurrido algo inadecuado.

“El país merece una explicación exhaustiva e inmediata de lo que llevó a los acontecimientos del lunes”, declaró en un comunicado. “El fiscal general Garland y el Departamento de Justicia ya deberían haber dado respuestas al pueblo estadounidense y deben hacerlo de inmediato”. La opinión de Trump sobre el sistema de justicia ha sido moldeada por sus propios encuentros con él, desde que era un joven promotor en Nueva York, cuando el Departamento de Justicia demandó a la empresa de su familia en 1973, acusándola de discriminación racial. Al final, la empresa Trump llegó a un acuerdo y aceptó cambiar sus políticas, lo que dejó un sabor amargo en la boca de Trump.

Cuando contendió en las elecciones, Trump veía el sistema judicial a través de una lente política. Dirigió a las multitudes en los mítines con consignas de “enciérrenla” cuando sugirió que encarcelaría a su opositora, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que fue investigada pero no procesada por manejo inadecuado de información clasificada, algo que ahora se sospecha que él hizo.

Tras ganar, Trump vio en las agencias de procuración de justicia otra institución a la cual someter a su voluntad; despidió al director del FBI, James Comey, cuando éste se negó a jurarle lealtad personal al presidente o a declarar públicamente que Trump no era blanco de la investigación sobre Rusia. Después, el entonces presidente despidió al fiscal general Jeff Sessions por recusar esa investigación y, por tanto, no proteger a Trump de ella.

Durante su mandato, Trump pidió al Departamento de Justicia y al FBI en varias ocasiones que investigaran a sus enemigos y dejaran libres a sus amigos. Criticó públicamente los procesos en contra de asesores de campaña como Paul Manafort y Roger Stone y después revocó sus condenas con indultos después de que se negaron a testificar en su contra. Se quejó cuando dos congresistas republicanos fueron acusados poco antes de las elecciones intermedias de 2018 porque podría costarle escaños al partido.

Trump, frustrado con Wray, trató de colocar en el FBI a un director que lo apoyara más en 2020, pero dio marcha atrás tras las protestas del fiscal general William Barr. Para ese otoño, cuando el presidente iba por debajo en las encuestas de reelección, promovió que se procesara al hijo de Biden, Hunter, y arremetió en contra de Barr y Wray por no procesar a demócratas como Biden padre y Barack Obama en relación con la investigación sobre Rusia.

“Esta gente debería ser inculpada”, dijo Trump. “Este fue el mayor crimen político en la historia de nuestro país y eso incluye a Obama y a Biden”.

Tras perder las elecciones para un segundo mandato, Trump no hizo caso al consejo de su hijo y no despidió a Wray, pero en sus últimas semanas en el cargo presionó al Departamento de Justicia para que le ayudara a anular las elecciones. Barr rebatió a Trump y rechazó en público las falsas afirmaciones sobre las elecciones antes de presentar su renuncia.

Trump presionó en varias ocasiones al sucesor de Barr, Jeffrey Rosen, para que siguiera su plan de desacreditar los resultados electorales y estuvo a punto de despedirlo cuando se negó a hacer lo que él quería y por poco instala a un aliado que sí lo hiciera, Jeffrey Clark. Lo único que se lo impidió fue que todos los altos funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que renunciarían en señal de protesta.

Esa fue su última oportunidad de influir en la aplicación de la ley desde dentro, al menos por ahora. Así que, desde fuera, despotrica contra lo que denomina la injusticia de una agencia de procuración de justicia a cargo de la persona que él nombró en el cargo. Christopher Wray, director de la Agencia Federal de Investigaciones testifica ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en Washington el jueves, 10 de junio de 2021. (Stefani Reynolds/The New York Times). El expresidente Donald Trump saluda al salir de la Torre Trump en Nueva York, la mañana del miércoles, 10 de agosto de 2022. (Brittainy Newman/The New York Times).