En una declaración pública enviada al Ejecutivo y al Parlamento, las organizaciones detallan que el proyecto abarca casi todas las "áreas sustantivas de la agenda pública", como la seguridad, educación, salud, economía, administración pública y vivienda, entre otras".
"La utilización de un mecanismo constitucional de este tipo atenta contra los principios democráticos del debate ciudadano y los procesos legales establecidos para la discusión parlamentaria. Además, consideramos que su contenido es preocupante y peligroso, ya que varios de sus artículos implican una clara limitación y vulneración de derechos", se subraya.
A su vez expresan su "profundo desacuerdo" con el envío del texto en el actual contexto de emergencia sanitaria y social, "donde el cuidado de la salud y las necesarias restricciones a las aglomeraciones prohíben salir a la calle a organizarnos y manifestarnos públicamente".
"Es importante que el debate se dé en condiciones donde el derecho a la nueva reunión y a la protesta puedan garantizarse", enfatizan.
Las organizaciones firmantes exigen que se "ofrezcan y garanticen" todos los canales y mecanismos para que, desde la sociedad civil, se pueda participar del debate. "Estas modificaciones normativas tan importantes para el conjunto de la sociedad requieren de un debate serio, que involucre al conjunto de la ciudadanía, sin urgencias impuestas", finalizan.
Entre otras organizaciones, la declaración la firman el Servicio de Paz y Justicia, la Articulación Nacional No a la Reforma, la Federación Uruguaya de Estudiantes Universitarios, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Cotidiano Mujer, Ovejas Negras y Mujer y Salud en Uruguay.
Esta declaración se suma a la que tuvo este jueves Fancap, en la que se le exigió al gobierno que "respete" el referéndum del 2003, ante el artículo de la LUC sobre la desmonopolización de la importación de hidrocarburos.