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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en sesión ordinaria el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo que reconoce el derecho de reparación para las víctimas de los ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos ideológicos o políticos entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.
El proyecto contaba con media sanción, ya que había sido aprobado en la Cámara de Senadores. Del debate participaron Ope Pasquet, Claudia Hugo, Rodrigo Goñi, Mariano Tucci, Carlos Testa, Gonzalo Mujica, Cecilia Bottino, Felipe Schipani, Nicolás Mesa, Lilián Galán, Nicolás Viera, Rodrigo Goñi, Alfonso Lereté y Cristina Lustemberg, entre otros.
Finalmente, ya entrada la madrugada del miércoles (1:00 de la mañana), el proyecto de ley fue aprobado y se remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Sobre el texto
El texto remitido al Parlamento con fecha 20 de diciembre propone una “indemnización moral, social y económica” a víctimas civiles, policiales, militares y sus familias que “hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de los hechos ilícitos ocurridos entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de grupos armados por motivos políticos”, según establece el proyecto de ley.
“El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas del uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como honrar su memoria”, señala el documento en su cuarto artículo.
El proyecto también sostiene que los gastos generados a partir de la aplicación de la eventual ley serán financiados a partir de Rentas Generales. El texto fue firmado por los ministros del presidente Luis Lacalle Pou y era un reclamo de Cabildo Abierto, partido liderado por el senador y excomandante del Ejército Guido Manini Ríos.
La exposición de motivos del proyecto de ley afirma que “las referidas víctimas y sus familias han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a la indemnización pecuniaria”. “Es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”, agrega.
El proyecto de ley crea una Comisión Especial que atenderá “la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo”, así como “el otorgamiento de los beneficios dispuestos”.
Las personas comprendidas serán todas aquellas que “hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos, y que puedan acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal, respecto de los hechos ocurridos en el período señalado”.
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