Tras el “no me callo ni me voy”, director de Ancap por Cabildo Abierto presentó renuncia

El director de Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, finalmente presentó ante Presidencia la renuncia a su cargo en el directorio de la empresa estatal, tras su postura crítica para con la actitud del partido cuando el presidente, Luis Lacalle Pou, le pidió la renuncia a la exministra Irene Moreira.

El pasado martes 9 de mayo, Alonso expresó en un comunicado enviado a los medios de comunicación que iba a permanecer en el cargo “por propia voluntad” y expresó: “No concedo, no me callo ni me voy, al menos hasta que yo así lo decida o las autoridades de esa empresa, el señor ministro o la superior autoridad del Poder Ejecutivo, ante quienes sí me someto lo dispongan”.

Según supo Montevideo Portal con base en fuentes del Gobierno, Alonso presentó este lunes una nota de renuncia al Ejecutivo y espera que la decisión de removerlo o no del cargo parta de Lacalle Pou. El jerarca dijo a Montevideo Portal que “no puede desmentir” la información brindada por el diario El País de que había presentado la renuncia al cargo, pero todavía no se ha hecho efectiva.

El programa Así nos va informó que el jerarca decidió dejar Cabildo Abierto debido a diferencias con la fuerza política, que entiende violó el artículo de la Constitución que prohíbe a los directores de las empresas públicas opinar sobre política partidaria.

En declaraciones a El País, Alonso se había manifestado en desacuerdo con la postura de Cabildo Abierto de buscar la permanencia de Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, luego de conocerse que entregó una vivienda de forma directa a una militante de su partido.

“Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que, si el presidente de mi país pide que renuncie alguien a un cargo que es de su confianza, eso no se cumpla de inmediato y sin resabios”, dijo Alonso al matutino. “Lo menos que podemos hacer es respetar las decisiones que toma el presidente”, había dicho Alonso.

El artículo 77 de la Constitución en el numeral 4 establece que “los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.