Tras disolución de Conexión Ganadera, ¿en qué queda el dinero de los 4.000 damnificados?

A partir de la liquidación de Conexión Ganadera, decretada por el juez Leonardo Méndez debido al déficit patrimonial de unos US$ 250 millones, se están sucediendo una serie de pasos estipulados legalmente por la Ley de Concursos (18.387) que tiene algunos plazos marcados, pero que se puede extender por años.

La duda válida de los 4.000 damnificados es si podrán cobrar algo de las inversiones, en algunos casos millonarias y en muchos otro de ahorros de toda la vida, que hicieron.

Hasta el 24 de abril de este año no se va a saber cuántas de esas miles de personas efectivamente van a reclamar su dinero. Ese día, que cae jueves, vence el plazo para presentar los documentos para verificar sus créditos, requisito indispensable para reclamar su derecho a percibir dinero de la liquidación de la empresa.

Tras esto, el síndico cuenta con un período de 30 días para presentar a los inversores la situación de los activos y pasivos finales de la compañía. De este modo a fines de mayo se procederá a la venta “en bloque” de toda la empresa.

Ese es el procedimiento establecido legalmente, aunque en los hechos nadie comprará la empresa. “La empresa no se va a vender porque no existe más, lo que se va a vender es el ganado”, explicó el abogado de algunos de los damnificados Leonardo “Neco” Costa a Montevideo Portal.

En tanto otro de los abogados defensor de inversores, Juan Pablo Decia, afirmó que ve “con buenos ojos” la disolución de la empresa dado que esto va a llevar a que “en el menor tiempo posible” se “minimicen los gastos de operativos en los que hoy se está incurriendo”, a través del síndico, “para sostener la empresa y garantizar el cuidado de los activos biológicos; los animales”.

Estos gastos están calculados en unos US$ 175.000 mensuales, dinero que proviene del activo de los inversores.

Asimismo, Decia afirmó que espera una “liquidación ordenada, que respete el mejor momento de venta de los animales”.

“Así, a medida que se va vendiendo [el ganado], la plata se podrá ir depositando en el Banco República, obviamente a la orden del juzgado y con una trazabilidad bien precisa y detallada respecto de quién era el propietario del ganado que se vendió y el ingreso que se generó a través de esa venta”, expresó.

Tras haber vendido las decenas de miles de cabezas de ganado, que por el momento son el principal activo de la empresa, se deberán pagar los adeudos y aportes a BPS a los exempleados de la empresa. Y, tras esto, sí llegaría el turno de los inversores.

“Cuánto tiempo es imposible saberlo y cuánto se va a demorar en repartir el dinero es más difícil de saber porque van a haber impugnaciones, esto se va para muy largo”, afirmó Costa y estimó que el cierre completo del proceso “puede llevar dos años”.

Otro aspecto técnico que deberá determinar la Justicia es la calificación calificar si el concurso es culpable o fortuito.

En este caso todo indica que se trata de un concurso culpable porque la empresa no tenía contabilidad, los directivos se desprendieron de patrimonio antes de la declaración del concurso, entre otras características.

El concurso culpable implica que los directores y administradores de Conexión Ganadera quedarán inhabilitados hasta por 20 años para administrar bienes propios o ajenos. “Los cómplices, que pueden ser los mandos medios, perderían los derechos que tienen en el concurso como acreedores privilegiados”, completó Decia.

Este punto es relevante para los damnificados porque los cuadros gerenciales no podrían reclamar una indemnización por despido y una liquidación por egreso “que disminuya las posibilidades de cobro de los inversores”.

En cuanto a otros activos desde donde se le podría pagar a los acreedores, Decia dijo que “la liquidación hace que ya no sea viable pensar en un convenio concursal”.

“Eso no significa que no se le puedan añadir al activo, cuando esté presentado el inventario, otros bienes que puedan aparecer, como la sucesión de [Gustavo] Basso”, acotó y sumó: “También puede haber bienes que los propios imputados entreguen como señal de buena voluntad para poder tener un mejor escenario en el marco de un proceso penal que ya está en trámite”.