La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió un comunicado tras la polémica que desató el femicidio de Valentina Cancela, de 17 años, asesinada la semana pasada en Punta del Este por su exnovio, también menor de edad.

“Ante expresiones incorrectas de autoridades del Poder Ejecutivo, AMU desea aclarar que conforme a lo dispuesto por la norma reglamentaria (acordada de la Suprema Corte de Justicia 8028/2019, dictada en coordinación con el Ministerio del Interior), en su artículo 2 dispone que por razones jurídicas y técnicas, es necesario que el dispositivo se imponga respecto de personas mayores de 18 años”, afirmó el gremio de los jueces en referencia a la resolución Nº 8028 del 2019, un documento de carácter administrativo que establece que las tobilleras electrónicas deben colocarse en personas mayores de 18 años.

En el segundo literal de la norma citada, se expone que el dispositivo de monitoreo electrónico se impone “por razones jurídicas y técnicas” a “personas mayores de 18 años”. El texto agrega que el uso de las tobilleras implica “un radio de exclusión no inferior a 500 metros”, y exige que el usuario no presente “dificultades de audición, visión o habla”. También deben saber “leer y escribir”, añade el comunicado.

Además, en el literal tres, la resolución establece que, “a efectos de la correcta implementación del programa”, es necesario el “consentimiento de la víctima para la utilización del dispositivo”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, coincidió con el fiscal del caso, Jorge Vaz, y admitió que el sistema falló para evitar el crimen: “No se previó”. El Juzgado de San Carlos había sido notificado de dos denuncias por violencia que involucraban al joven de 17 años que asesinó a su exnovia.

El ministro, además, afirmó que no puede realizar una investigación interna porque la Policía no es quien dirime a quién ponerle tobillera y a quién no. “No podemos poner la tobillera porque querramos si no es con autorización judicial, y no podemos darle custodia sin autorización judicial. El tema es la actuación y que se nos ordenó de parte del señor juez”, señaló.

“Estamos hablando con el Poder Judicial en una mesa permanente para que los jueces determinen más uso de las tobilleras. A veces no es garantía para algunos, hay situaciones muy particulares donde se pide custodia. Las tobilleras están sobrando en el ministerio, hay 133 tobilleras que pagamos el arrendamiento y que no están siendo usadas. Así que si mañana un juez pide las tobilleras, nosotros podemos instalarlas inmediatamente. Es para nosotros una gran herramienta para no distraer al personal, que lo necesitamos patrullando las calles como para que, para una persona, tengamos un móvil y dos policías”, concluyó.

En tanto, el gremio manifestó en el comunicado que “el Ministerio del Interior, en virtud de la referida normativa reglamentaria, cuestiona (e incluso ha negado) la colocación de tobilleras en menores de 18 años”. 

Denuncias cruzadas 

El 19 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia solicitó que los Juzgados Letrados Especializados en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos de 1º y 2º Turnos presenten informes sobre el caso de Valentina Cancela, y se les dio un plazo de 72 horas para preparar y enviar la información requerida.

En ese sentido, se supo de dos denuncias previas. La primera denuncia ocurrió el 15 de febrero de este año, luego de que los jóvenes se pelearan y fueran observados por la Policía. El juzgado letrado especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de 1.er Turno San Carlos, mediante mandato verbal dispuso notificar a los padres a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. De todos modos, el caso se mantuvo siempre en la órbita policial.

La segunda ocurrió el pasado 29 de junio, pero la Policía recién se enteró el 1º de julio. En esta ocasión, la denunciante fue la madre de Valentina, que acusó al exnovio por “agresiones físicas y verbales” hacia su hija. Según el comunicado policial, la mujer expresó que, luego de la denuncia anterior, “no era consciente de que aún se seguían viendo, ya que tenían prohibido el contacto”. También señaló que se presentó en un centro de salud luego de radicar la denuncia para “constatar lesiones de la menor y presentar certificado”.

Del mismo modo, la madre de la víctima, Liliana Sarmoria, aseveró que este hecho se podría haber evitado. “Cuando una madre hace una denuncia y pide por favor, tomemos más medidas, a través de una tobillera o lo que sea”, exclamó.

El cuerpo de Valentina Cancela fue hallado sin vida el miércoles de la semana pasada, luego de que el imputado guiara a la Policía y la Fiscalía hacia una duna de la playa Brava de Punta del Este, donde la había enterrado tras asfixiarla.