La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública este lunes, en el que expresa que “los recientes hechos que se han difundido públicamente” —en referencia a la admisión pública de la trabajadora sexual Paula Díaz y de Romina Celeste Papasso, de una denuncia falsa realizada hacia Yamandú Orsi— “demuestran la necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal”.
Asimismo, los magistrados plantean que es necesario modificar algunas normas que, a su entender, “establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo”.
En particular, se refieren a las “erróneas interpretaciones” de “las normas del nuevo Código del Proceso Penal” y de “la Ley 19.580 [Ley de Violencia de Género]”.
Estas interpretaciones, para la AAPU, son “propiciadas por determinados operadores y organizaciones que reivindican la ideología de género”.
En esta línea, plantean que el marco normativo vigente ha “venido limitando el poder de contralor de los jueces y la defensa para que se conozca la verdad”, y ha generado, a su entender, “múltiples situaciones de injusticia”.
“La visualización de la falta de garantías en estos casos notorios, que afecta a políticos de distintos partidos, son una ínfima parte de los que ocurren todos los días en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual, o el ocultamiento de identidades o pruebas que impidan a la contraparte saber quién lo denuncia o acusa, cuando lo que debe primar es la transparencia para la averiguación de la verdad material”, expresan los abogados.
A continuación, la misiva refiere a que “las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho”, y que deben “asegurar la igualdad de trato de todos los seres humanos y la averiguación de la verdad para evitar situaciones de injusticia, siendo evidente que estas normas necesariamente deben ser modificadas, puesto que en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios”.
Por último, refiere a un proyecto de “reforma integral del sistema” y, en particular, del Código del Proceso Penal, que la asociación presentó hace dos años en el Parlamento, elaborada por una comisión “con destacados docentes y operadores del sistema, conocedores de la realidad penal”.
En esta misma línea, el expresidente de la asociación, que terminó su mandato en marzo de este año luego de dos períodos, Juan Fagúndez realizó un hilo en X (antes Twitter) en el que exclama: “Esto no da para más”.
Bueno bueno bueno.
— JUAN FAGUNDEZ (@juanfagunfez51) May 6, 2024
Esto no da para más.
Fiscalía, Poder Judicial Consultorio de la Universidad están siendo perforados por la miopía del Poder Legislativo respecto de la legislación que se acaba de definir en TV, como un instrumento que motiva simular, mentir, ganar dinero, etc.
“Fiscalía, Poder Judicial, Consultorio de la Universidad [de la República] están siendo perforados por la miopía del Poder Legislativo respecto de la legislación que se acaba de definir en TV, como un instrumento que motiva simular, mentir, ganar dinero, etcétera”, afirma.
Agrega, a su vez, que se “ha creado un mercado de irresponsables y fanáticos”. “Egolatras que no pueden ver su propia patología”, critica, y suma: “Mercado de organizaciones de las que, hoy, no vale la pena destacar, en virtud de las pocas que trabajan profesionalmente”.
“Estamos en manos de burros sabios, estamos en desacato a la Constitución y a la razón. Un show entre transexuales pretende develar la verdad de sus propias mentiras y absolverse de culpas. Y sí, castigar su trama sería victimizarlos. Todo en nombre de la Ley 19.580”, lanzó.
Por último, habla de “la estupidez que se impone como idea ante la inexistencia de pensamiento”.
“En los programas politicos está todo muy claro”, culmina.
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