Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y la propia ONU han criticado al gobierno español y condenado la tragedia de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes –defensores de loa DD.HH. ubican la cifra en 30– intentando cruzar, desde Marruecos, este enclave español ubicado sobre el continente africano.

En la semana donde debía disfrutar del protagonismo diplomático, como anfitrión de la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha tenido que ponerse a la defensiva.

El líder socialista -que siempre ha querido situar la defensa de los derechos humanos en el centro de sus políticas- recibió un aluvión de críticas por sus declaraciones tras la tragedia ocurrida el pasado viernes. Sánchez elogió inmediatamente el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, que intervinieron para hacer retroceder a los alrededor de 2.000 migrantes que intentaron entrar en Melilla. La gran mayoría eran sudaneses.

Pocas horas después del drama, Sánchez se congratuló desde Bruselas, donde asistía a una cumbre europea, por "la extraordinaria cooperación" con Marruecos "en materia de lucha contra la inmigración irregular", y agradeció su colaboración.

Ya en Madrid, al día siguiente, mantuvo una línea similar al calificar lo ocurrido de "asalto violento" y culpar a las "mafias que trafican con seres humanos" de estar detrás de los hechos, agradeciendo de nuevo la colaboración de las fuerzas del seguridad marroquíes.

Imágenes impresionantes

Según Rabat, las 23 víctimas murieron "en una estampida y al caer de la valla" que separa el enclave español del territorio marroquí, durante un "asalto marcado por el uso de métodos muy violentos por parte de los migrantes".

Pero las impresionantes imágenes de lo ocurrido -muy incómodas para Rabat, pero también para Madrid- no tardaron en llegar a España.

"Videos y fotografías muestran cuerpos esparcidos por el suelo en charcos de sangre, con las fuerzas de seguridad marroquíes pateando y golpeando a gente, y la Guardia Civil española lanzando gas lacrimógeno a hombres aferrados a las vallas", indicó el miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW) en un largo comunicado donde pedía "una investigación imparcial" e "independiente".

Tras el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que reclamó el martes la apertura de una investigación independiente, fue el propio secretario general de Naciones Unidas quien reaccionó el miércoles por la mañana. Antonio Guterres dijo estar "impresionado por la violencia en la frontera de Nador-Melilla que resultó en la muerte de docenas de migrantes y personas que buscaban asilo".

"El uso de la fuerza excesiva es inaceptable", agregó.

La víspera, su portavoz, Stephane Dujarric, había resaltado que estos excesos habían ocurrido "de ambos lados de la frontera", y no solo del marroquí.

"Total colaboración"

Ante las crecientes críticas, Sánchez usó una entrevista este miércoles en la radio para responder a quienes opinaron que a sus primeras reacciones les había faltado empatía.

Allí el presidente argumentó que cuando hizo las primeras declaraciones el viernes aún no había visto las imágenes y ofreció sus condolencias.

"Lamento la pérdida de vidas humanas, me solidarizo con los familiares de los migrantes que han fallecido", indicó el líder socialista, quien insistió en que "los principales responsables" de los hechos del viernes pasado "son las mafias (...) que trafican con seres humanos".

Sánchez prometió también que su gobierno prestará "total colaboración" con las tres investigaciones (dos en España y una en Marruecos) que se realizarán.

Pero, más allá de la responsabilidad directa por el drama del viernes, es la política migratoria del gobierno español la que se ha visto cuestionada.

Para HRW, "los horribles hechos del 24 de junio fueron una consecuencia previsible del énfasis de España en externalizar el control de fronteras mientras hace la vista gorda hacia los abusos de Marruecos contra migrantes y refugiados".

Sánchez dio un giro abrupto en marzo cuando abandonó la tradicional neutralidad de España para alinearse con la posición marroquí en el conflicto del Sáhara Occidental, que opone a Rabat con el Frente Polisario apoyado por Argelia.

Con este gesto, España consiguió terminar con una crisis de casi un año con Marruecos, que retomó desde entonces su colaboración en la lucha contra la inmigración irregular.

En base a información de AFP