La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) cuestionó la decisión del gobierno de modificar un decreto que “actualizó el régimen aplicable a plantaciones forestales”, según Presidencia.
En un comunicado, Atrama se desmarcó de la normativa, que calificó como “sorpresiva” y aseguró que “flexibiliza las evaluaciones ambientales de los proyectos de plantaciones forestales”. En ese sentido, el sindicato indicó que los técnicos del Ministerio de Ambiente “no tuvieron ningún tipo de participación en su redacción”.
“Al igual que sucedió con el decreto de caza en el año 2022, lamentamos desconocer el origen y los fundamentos técnicos de estas modificaciones. Tampoco se siguieron en este caso los caminos habituales para la concreción de una normativa de tal relevancia”, expresó Atrama en un comunicado que difundió en redes sociales.
El nuevo decreto “implica modificaciones sustanciales al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental de las plantaciones forestales, las que además no se inscriben en ninguna de las estrategias ni lineamientos de protección del ambiente establecidas por la cartera”, indicó.
En ese sentido, Atrama señaló que la nueva normativa “amputa la posibilidad de realizar las correcciones necesarias a través de la evaluación de impacto ambiental a forestaciones que incumplieron la normativa ambiental de la época, en especial aquellas realizadas sobre suelos con aptitud agrícola”.
El sindicato defendió la normativa anterior —el decreto 405/21 impulsado por el fallecido ministro Adrián Peña— que “constituyó una adecuación necesaria a la evaluación del impacto ambiental de la forestación”. “Hoy da marcha atrás sin fundamentos claros”, dijo el sindicato.
Atrama llamó a la “reflexión” y exhortó “a que esta decisión sea revisada”.
De acuerdo con el decreto que Presidencia publicó el pasado 13 de enero, fue “necesario regular los criterios técnicos y administrativos en cuanto a la aplicación del régimen de autorización ambiental de las plantaciones forestales”.
En ese sentido, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decretó que las plantaciones forestales en suelos forestados de 100 o más hectáreas deberán ampararse ante una “autorización ambiental especial”, en vez de una Autorización Ambiental Previa.
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