El pasado 26 de junio un grupo de trabajadoras sexuales organizadas presentó una campaña para recoger firmas y así lograr "renovar" la ley 17.515, que regula el trabajo sexual en nuestro país, y que a juicio de las trabajadoras lo que logra es "controlarlas" y dar una visión "epidemiológica" del asunto, que criminaliza la profesión y su ejercicio.
Karina Núñez, vocera del grupo, dijo a Montevideo Portal que la ley vigente no otorga derechos "laborales básicos" a las trabajadoras, y que al no reglamentar la profesión permite "otros tipos de visiones", como la abolicionista, "que no tienen que ver con la realidad que acá en Uruguay".
Núñez dijo que en nuestro país hay varios colectivos que se "mimetizan" con sus pares argentinos, donde sí se plantea (y fuerte) la abolición de la prostitución. A su entender, lo que debería abolirse es la "moralina" y la hipocresía que hay en la sociedad uruguaya con respecto a esta profesión.
"La realidad no permite abolir. Sí se permitiría si se pudieran abolir los mecanismos de mercantilización de los cuerpos y la cosificación de ellos, si no, hay que reglamentar", dijo y criticó la "moralina" de algunos sectores sociales que buscan ese camino: "Ninguna trabajadora sexual quiere trabajar hasta los 90 años".
"La misma sociedad que quiere abolir, y que nos quieren trabajando, sirviendo a otros, y siendo dignas, se indigna cuando reclamamos y pedimos derechos. A mí déjame seguir siendo puta, pero con dominio de mi vagina, puta empoderada antes de ser 'digna' por servir", señaló.
Este grupo de trabajadoras reclama el derecho al trabajo y la libre opción de elegir el oficio, además de pedir acceso a la seguridad social, jubilación y que el Estado reciba la "necesidad urgente" de acentuar la postura reglamentarista, y adecuarla a una perspectiva de derechos humanos.
Las trabajadoras están juntando las firmas para llevarlas al Parlamento y poder impulsar el cambio de legislación. "El trabajo sexual no puede ser subordinado ni dependiente del usufructo de otras personas", sentenció.