El exsecretario Miguel Ángel Toma deberá declarar la próxima semana en la Torre Ejecutiva, ante el Dr. Ariel Sánchez, instructor en el marco de la investigación administrativa ordenada por Presidencia. Según informó Sarandí, su citación estaba prevista para el lunes pero se pospuso por asuntos técnicos (no se había fijado domicilio).

La investigación administrativa fue ordenada por el mismo presidente de la república Luis Lacalle Pou, que desea indagar posibles irregularidades en los viajes y misiones oficiales del exjerarca de gobierno.

"Si fuera un funcionario de confianza Toma no estaba más en cargo (...) Como no es un funcionario de confianza, es un funcionario público, requiere no solo la voluntad del Poder Ejecutivo o del presidente de la República", dijo Lacalle Pou días atrás.

"Destituir a un funcionario público ustedes saben lo que significa, por eso hay una investigación administrativa, además de otros procesos que ahora se reiniciaron o se están reviendo en la Jutep", agregó, y manifestó que no tiene "confianza personal" en Toma.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) confirmó días atrás que se desarchivará el caso del exsecretario de Presidencia. A Toma se lo acusó de haber llevado a sus viajes por misiones oficiales, sin justificación, a una escribana y una contadora. En su momento, Toma aclaró que la contadora, integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), había oficiado como asesora de Daños Civiles, derivados de delitos penales y, a su vez, también investigaba la ruta de dineros que podrían estar financiando a los exrepresores, en el marco del Plan Cóndor.

El caso salió nuevamente a la luz luego de que dos informes de Búsqueda y Así nos va (Carve) revelaran los pormenores de la investigación por cinco viajes oficiales.

Ahora, si la investigación administrativa concluye que quienes acompañaron a Toma viajaron por motivos personales y no oficiales, el exsecretario podría ser sumariado y destituido de su cargo de fiscal de Gobierno.

El diario El País habló brevemente con Toma para su edición de hoy. El exsecretario dijo que confía "plenamente en el sistema de Justicia que hay en Uruguay". Se negó a opinar sobre las declaraciones de Lacalle Pou debido a que al estar sometido a una investigación por regla no puede manifestarse. Dijo confiar también en la "Justicia administrativa" y señaló que respeta las normas.

Cuando El País le preguntó si mantenía un vínculo afectivo con la contadora -lo que explicaría su presencia en los viajes- dijo que esa era una "pregunta ofensiva" y cortó la comunicación.

Ayer, la contadora a la que se alude en este caso dijo a Universal que no fue llamada ni por Fiscalía ni por Jutep, y que tampoco volvió a hablar con Toma desde que culminó su contrato en la Secretaría.