En las últimas horas, una ONG que trabaja con niños y adolescentes vulnerables denunció una situación que podría configurar un delito de trata de menores.
Según informara el periodista Eduardo Preve, una mujer habría “entregado” a una adolescente de 17 años en una boca de droga como forma de pago de una deuda que había contraído con los narcotraficantes.
La joven estaba en una situación de vulnerabilidad y al cuidado de la familia de su novio, que a su vez era supervisada por la ONG.
Como parte de su trabajo de monitoreo, técnicos de dicha entidad visitaron repetidamente la casa de la familia de acogida y la menor nunca estaba allí. Ante tal situación, la ONG recabó información y supo sobre la entrega de la menor. Por ello, se procedió de inmediato a radicar denuncia ante Fiscalía y en el Inau.
Para las personas que trabajan con menores en contextos de vulnerabilidad, situaciones como esta no son novedad.
Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, ya se refería hace más de un año al problema que afrontaban los niños y adolescentes cuyas familias se vinculaban con expendios de drogas.
En febrero de 2024, en entrevista con Arriba gente (Canal 10), Tuana aseguró que desde el trabajo social que abordan ven realidades complejas. Una de ellas, que sucede hace varios años, es que muchos padres que consumen estupefacientes dejan a sus hijos como “garantía” cuando no pueden pagar.
“[Existen] niños que son dejados en una boca porque no hay plata para pagar; entonces el niño es dejado ahí, y lo van a buscar cuando tienen el dinero para poder saldar la deuda”, agregó Tuana entonces.
“Necesitamos lo contrario a lo que hizo este gobierno, que fue retirar un montón de proyectos, apoyos y ayudas”, agregó.
Tuana, que además de su labor en El Paso ejerce como trabajadora social en el Departamento de Neuropsiquiatría Pediátrica del Hospital Policial, fue sumariada por el Ministerio del Interior luego de esas declaraciones. La sanción incluyó seis meses sin goce de sueldo; fue firmada por el gobierno anterior el pasado 28 de febrero, último día de su gestión.
En el documento, firmado por el entonces ministro Nicolás Martinelli y recogido por La Diaria, se detalla que la activista fue sancionada por “efectuar manifestaciones críticas a la gestión del gobierno en materia de prevención y seguridad” y por, “eventualmente, en su calidad de funcionaria policial, haber omitido denunciar actividades presuntamente delictivas, respecto a las cuales afirmó [que] fueron de su conocimiento por su actividad como integrante de la ONG El Paso”.
La trabajadora recurrirá la sanción. Asimismo, la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Uruguay (ADASU) expresó en un comunicado solidaridad con Tuana y pidió al ministro del Interior, Carlos Negro, que revise la sanción.
En similar sentido se expresó el Pit-Cnt, que en un comunicado manifestó que “la sanción impuesta por el Ministerio del Interior saliente en sus últimos días de gestión no solo resulta desmedida, sino que es exactamente lo opuesto a lo que deben hacer los gobiernos en un sistema democrático: trabajar para resolver los problemas sociales, en lugar de intentar amedrentar a quienes los denuncian”.
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