La semana pasada en la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se presentó la nueva redacción del proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza”, aprobado por toda la coalición multicolor, que se votará el martes en Comisión.

El gobierno resolvió dar una semana de plazo al Frente Amplio (FA) para analizar el documento que plantea “la justa distribución de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad”. En este sentido, señala que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de los niños y adolescentes, cualquiera sea el régimen de tenencia fijado judicialmente o por acuerdo.

Organizaciones sociales emitieron un comunicado cuestionando el proyecto de tenencia compartida, señalando que es una “ley innecesaria que daña la infancia”. En ese sentido, denunciaron que de aprobarse este proyecto “se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”.

“El nuevo proyecto de ley mantiene en su articulado aspectos que atentan contra el interés superior del niño, ´forzando´ las visitas a los niños de las personas que ejercen violencia y omitiendo la responsabilidad del Estado de protección contra toda forma de violencia”, añaden.

Las organizaciones que firmaron el texto son: el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica Sexual, Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista.

“¿Un adulto mantiene visitas obligatorias con una persona violenta? ¿Por qué obligar a los niños a repetir las situaciones de violencia?”, sostienen las organizaciones.

Las organizaciones afirman que “el contenido de la ley implica un retroceso legal porque vuelve a considerar a niñas, niños y adolescentes objetos de tutela del mundo adulto ignorando que son sujetos de derecho y que, por lo tanto, tienen una protección especial por parte de la ley”.

“El actual proyecto también desconoce la realidad de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Los datos de SIPIAV (Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia) muestran 7.035 casos de violencia (maltrato, abuso sexual y explotación sexual) en 2021; este registro ha seguido en aumento y da cuenta de un grave problema de nuestra sociedad. En el articulado prima el interés de los adultos por mantener el vínculo con los hijos sin las garantías necesarias de protección para los niños víctimas de violencia”, añaden.

Además, consideran que el proyecto “desconoce la evidencia de la violencia contra los niños y niñas al negarse a tomar en cuenta todas las observaciones que hicieron al respecto las organizaciones sociales firmantes, así como la Facultad de Derecho de la UdelaR a través del Instituto de Derecho de Familia, la Facultad de Psicología, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio, UNICEF, la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto en los proyectos iniciales”. “Ninguna de las consideraciones aportadas por diversos especialistas al grupo de parlamentarios fue tomadas en cuenta”, sostienen.

Las organizaciones consideran que “es de suma gravedad el hecho de desconocer la obligación del Estado de garantizar el principio de la protección especial que tiene el Estado en casos de violencia o abusos contra niñas, niños y adolescentes; habilitando que se continúe con el régimen de visitas aun cuando haya denuncias de violencia contra alguno de los progenitores”.

Por último, exigen que “en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger y garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el de vivir una vida libre de violencia, no se vote en el Parlamento esta ley que daña la infancia”.