Por The New York Times | Robert Draper

KINGSTON, Jamaica — El día que la jueza Tanya Chutkan fue seleccionada al azar para presidir el juicio en contra del expresidente Donald Trump por los delitos de asociación delictuosa para revertir las elecciones de 2020, llamó a una amiga de la infancia en Jamaica, Christine Stiebel. Chutkan, quien no es muy religiosa, le dijo a su amiga, según recordó Stiebel: “Chris, por favor reza por mí. Me asignaron el caso”.

Fue una inusual muestra de inquietud, incluso en privado, para una mujer que ha cultivado durante siete años una reputación de jurista templada pero implacable. Chutkan, de 61 años, exabogada de oficio y litigante civil, será quien presida el primer juicio federal contra Trump, que comenzará el 4 de marzo. El espectáculo evoca la posibilidad de que un posible candidato presidencial republicano se enfrente a una condena y a una posible pena de prisión por atentar contra la democracia estadounidense, todo antes de que los votantes acudan a las urnas en noviembre de 2024.

Trump ya había lanzado ataques en contra de Chutkan, ya que argumentó en redes sociales que es “MUY PARCIAL E INJUSTA”. Los abogados de Trump han argumentado que Chutkan, nombrada para ocupar ese cargo por el entonces presidente Barack Obama, debería recusarse porque creen que sus declaraciones en otros casos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 muestran un sesgo contra su cliente. Los fiscales, a su vez, han pedido a Chutkan que imponga una orden de mordaza limitada a Trump, tras citar los ataques “casi diarios” de este en redes sociales a personas implicadas en el caso.

Chutkan se ha negado a recusarse, pero el lunes se celebrará una audiencia para decidir la orden de mordaza. En una audiencia preliminar, Chutkan advirtió que Trump, quien ya tiene una orden de mordaza en un caso de fraude empresarial en Nueva York, no tiene un derecho absoluto a la libertad de expresión y “debe ceder ante la impartición ordenada de la justicia”.

A Trump no se le olvida que Chutkan, una mujer negra con un historial de apoyo a los demócratas, es todo lo contrario de lo que sería un visitante asiduo de Mar-a-Lago. Su presencia imponente en los tribunales es menos conocida, reflejo de su amplia experiencia en juicios y de su educación en el seno de una prominente familia jamaiquina. A pesar de no estar familiarizada con la atención pública, Chutkan no ha dado muestras de sentirse intimidada por ella.

Hasta ahora, ha tratado a Trump como a cualquier otro acusado y les ha dicho a sus colegas que presidirá el juicio como si fuera otro proceso penal cualquiera. Incluso en medio de un caso histórico contra un expresidente, sigue ocupándose de casos más rutinarios y no ha solicitado una reducción de su agenda.

Pero algunas cosas sí han cambiado. Debido a que ha recibido amenazas de muerte de seguidores de Trump, Chutkan ya no recorre en bicicleta los 8 kilómetros desde su casa hasta el tribunal federal de Washington. En lugar de eso, trota con agentes federales estadounidenses en diferentes rutas y luego ellos la llevan en auto al trabajo.

Un martes por la mañana hace poco, entró en el juzgado con una sonrisa de oreja a oreja, vestida con unas licras cortas y tenis, flanqueada por agentes federales y con una botella de agua en la mano. Cuando alguien en el pasillo dijo que era una imagen exuberante entre todos los abogados de traje oscuro, Chutkan respondió con una risita: “Tal vez una exuberancia irracional”, y continuó su camino a su despacho a toda prisa.

“Una característica de mi hermana que la hace tan buena en su trabajo es que la tiene sin cuidado lo que opinen los demás de ella”, afirmó su hermana menor, Robynne Chutkan, gastroenteróloga y escritora.

En el banquillo, Chutkan puede ser lo mismo mordaz que bromista. Cuando uno de los abogados de Trump, John Lauro, respondió a un comentario suyo diciendo que había “dado en el clavo”, Chutkan respondió secamente: “Puede que sea la última vez que diga eso en mucho tiempo”.

Chutkan es una de las pocas juezas de distrito del país que procede de las filas de los abogados de oficio, lo que ha influido en sus resoluciones. El mes pasado, concedió una moción de urgencia para poner en libertad a un ladrón convicto para que pudiera asistir al funeral de su hermano a unos kilómetros de distancia, en Maryland. Y con frecuencia cita sus propias experiencias como abogada defensora enfrentada a fiscales federales con recursos que parecen ilimitados.

Cuando Lauro se quejó en una audiencia del caso de Trump celebrada en agosto de que el gobierno “ha estado buscando órdenes anteriores en casos de los que yo no tenía ni idea”, Chutkan trató de tranquilizarlo: “Entiendo. Siento tu dolor”.

Heather Shaner, abogada defensora de Washington que participó en casos presididos por Chutkan, dijo sobre ella: “Además de su inteligencia e imparcialidad, ella sobresale por ser muy consciente del hecho de que los acusados no son abogados: siempre es muy clara en sus resoluciones”.

Pero Chutkan fue mucho menos benevolente con varios acusados del 6 de enero juzgados en su sala. En varios casos, dejó de lado la recomendación del gobierno de ordenar libertad condicional o arresto domiciliario e impuso penas de cárcel para quienes entraron en el Capitolio ese día.

“Tiene que haber consecuencias por participar en un intento de golpe de Estado violento, más allá de quedarse en casa”, declaró al dictar una sentencia de 45 días de prisión contra un acusado en octubre de 2021.

“Para ser alguien que no se deja llevar por sentimentalismos, mi hermana es sorprendentemente patriota”, dijo Robynne Chutkan. “Venimos de un país cuya relación con la democracia es más precaria que en Estados Unidos. Eso la hace venerar a las instituciones democráticas, ya sea el traspaso ordenado del poder o que todo el mundo merece una defensa justa”. Mientras Chutkan se prepara para el juicio de Trump, un colega del poder judicial recordó el día de 2019 en que el último fiscal general confirmado por el expresidente, William Barr, anunció que el gobierno federal reanudaría las ejecuciones de los condenados a muerte tras un paréntesis de casi dos décadas.

Chutkan accedió a que todos los casos se transfirieran a su jurisdicción.

Durante los 16 meses siguientes, bloqueó lo que habrían sido las ejecuciones rápidas de 13 personas y les permitió apelar la constitucionalidad de las inyecciones letales potencialmente inhumanas. Como resultado, varios de los casos de los presos siguen bajo revisión judicial.

El colega de Chutkan, quien se negó a hablar oficialmente debido a restricciones profesionales, señaló que en estos casos lo que estaba en juego era, literalmente, la vida y la muerte. “¿Crees que el caso Trump es de alta presión?”, insinuó el colega. El expresidente Donald Trump sale de su avión tras llegar a Atlanta, Georgia, el jueves 24 de agosto de 2023. (Doug Mills/The New York Times) Juzgado Federal E. Barrett Prettyman en Washington D. C., el miércoles 2 de agosto de 2023. (Shuran Huang/The New York Times)