Por resolución del Poder Ejecutivo, las personas que reciban vacunas contra la COVID-19 deberán suscribir un documento dando su "consentimiento informado" al respecto.
Según informa esta mañana el periódico El País, de momento no se conocen los detalles de redacción de dicho formulario. Sin embargo, podría tratarse de un texto similar a los que se utilizan en otros países donde rigen normas similares.
En el caso del Reino Unido, por ejemplo, las personas que ponen el brazo ante la aguja deben rubricar un escueto formulario donde se señala que todo fármaco es factible de provocar efectos adversos.
Esta resolución provocó sorpresa entre los integrantes de la comisión que asesora al Ministerio de Salud sobre el tema, precisamente porque dicha comisión había recomendado seguir el camino opuesto.
El citado medio consultó a cuatro de los integrantes de esa comisión y todos coincidieron en que exigir dicho consentimiento no sería una buena idea. En concreto, enfatizaron que esto podría desestimular la inmunización, especialmente en aquellas que tienen dudas acerca de la seguridad de las vacunas o están influenciadas por desinformaciones negacionistas que circulan en redes sociales.
Además, desde la comisión se entiende que el hecho de concurrir a darse la vacuna es prueba suficiente de que la persona está dando su consentimiento.
Los profesionales entrevistados por el matutino informaron que Miguel Asqueta, director general de Salud, les explicó que a decisión se justificaría por una exigencia de los laboratorios que proveen las vacunas, y establecida en los contratos firmados por el Gobierno.
Dichos contratos son confidenciales, por lo que los técnicos de la comisión no pudieron consultarlos.
Además del posible desestimulo para recibir la vacuna, esta imposición podría generar dificultades logísticas, especialmente con la vacuna de Pfizer, cuya manipulación es compleja.
Los técnicos se preguntaron qué sucedería si una persona agendada para vacunarse decidiera no firmar el consentimiento, cuando su dosis ya hubiera sido descongelada y estuviera lista para inocular.
Ese tipo de casos están previstos en otros países, como en Israel, donde en caso de que alguien renuncie a último momento a la vacuna, su dosis puede ser asignada de inmediato a cualquier otra persona. Sin embargo, señalan, esa modalidad es válida en el caso israelí porque cuentan con una gran abundancia de dosis, algo que no sucedería en Uruguay, al menos en una primera fase de la vacunación.