La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentó una acción de amparo contra el decreto que realizó cambios en el empaquetado de cigarrillos, según informó MVD Noticias y confirmó Montevideo Portal.
En setiembre, la organización había presentado un recurso administrativo, con el fin de revocar la medida del Poder Ejecutivo.
Los recursos de amparo contra el Estado deben presentarse cuando se “lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución”, según reza la ley.
Desde la SUT comentaron a Montevideo Portal que es una medida “pensada” por el bien “de todos los uruguayos” y la “imagen del país”.
Las acciones de amparo son poco usadas en Uruguay, salvo para casos en donde el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos no financian medicamentos de alto costo.
Justamente, quienes apuestan por este recurso jurídico buscan —entre otras cosas— que la Justicia resuelva rápidamente la situación. Generalmente, los fallos suelen emitirse 10 días después de que se presentó el amparo.
Un decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, flexibilizó la normativa sobre el empaquetado de cigarrillos, al modificar los artículos 7, 8 y 10 del Decreto n° 120 de abril de 2019 impulsado por el expresidente Tabaré Vázquez.
En el decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería se argumenta que “al imponer como única versión comercializable la cajilla dura (cartón con apertura ‘flip top’), excluye la cajilla blanda que ha sido tradicionalmente la de mayor venta en el mercado y cuyas características le permiten competir más efectivamente con aquellas mayoritariamente del mismo tipo que ingresan de contrabando”.
En esta línea, el cambio en la normativa justifica la iniciativa al sostener que las “mencionadas limitaciones afectan al cigarrillo comercializado en el mercado formal, frente a la competencia del cigarrillo de contrabando”.
“El ingreso de cigarrillos y contrabando, o su falsificación, generan y fomentan un mercado formal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la Administración en cuanto a su erradicación. Con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización, se entiende necesario mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda e identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal”, justifica el documento.
“Proteger derechos”
En un comunicado divulgado por la SUT se afirmó que, la acción llevada adelante por el gremio “tras la modificación del empaquetado neutro de productos de tabaco”, se presentó “una acción de amparo para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
“Este decreto representa una clara vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes consignados en el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual en su artículo 15 literal “E” establece: ‘La obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto de todas formas de estímulo al consumo de tabaco’”, señaló el gremio de médicos.
Además, expresó que “la normativa de control de tabaco, introducida por el Decreto 282/022, contraviene flagrantemente la legislación vigente”.
“En el año 2019, la Ley 19.723 estableció el empaquetado neutro o genérico de los productos de tabaco con el objetivo de reducir el atractivo del producto y desincentivar su consumo, especialmente entre el público joven. El Decreto 282/022 significa un claro retroceso en la normativa sanitaria y contraviene el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) y la legislación vigente, introduciendo cambios en el régimen legal del empaquetado neutro. El mismo permite incorporar elementos distintivos de marca en el interior de la cajilla y en el cigarrillo, dejando a la discrecionalidad de la industria tabacalera los elementos a incorporar, pudiendo constituir publicidad del producto y elementos engañosos con respecto a su nocividad. Es conocido científicamente que estos elementos van dirigidos fundamentalmente a la población adolescente”, afirmó la SUT en el documento.
Finalmente, la SUT informó que en Uruguay mueren 6.500 personas por año por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, y cuestionó que el decreto responde a “una solicitud de la industria tabacalera”, hecho que ha sido públicamente expresado por las autoridades del Gobierno.