La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este miércoles su "preocupación" por el allanamiento en Uruguay de la emisora de radio Azul FM que permitió "requisar el contenido informativo" del periodista Ignacio Álvarez, quien difundió audios sobre caso que es investigado por la Fiscalía como abuso sexual agravado.
En un comunicado, la organización con sede en Miami (Florida, EE.UU.) consideró
que "estos episodios pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse
el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas".
El registro de la emisora de radio generó polémica y diversas reacciones en los
últimos días, y el pasado lunes representantes de la Asociación de la Prensa
(APU) se reunieron con el fiscal de Corte, Juan Gómez.
De acuerdo con el comunicado de la SIP, el 4 de febrero personal policial se
presentó en la sede de la emisora para retirar grabaciones del programa
"La Pecera", que conduce Álvarez.
El operativo fue parte de la investigación judicial sobre la difusión de audios
íntimos vinculados con un caso que fue denunciado como violación sexual grupal
de una mujer de 30 años, ocurrido a finales de enero en Montevideo, por el que
ya fueron imputadas tres personas, detalla la organización.
La SIP añade que, a pedido de la fiscal Mariana Alfaro, la jueza Patricia
Rodríguez "ordenó el allanamiento del medio" y de la residencia y
oficinas de Álvarez. También accedieron a los dispositivos electrónicos del
equipo periodístico y al contenido del material audiovisual y las
comunicaciones "para conocer la fuente informativa del periodista".
"Si bien no es tarea de nuestra organización juzgar el criterio editorial
de los medios y de los periodistas, sí nos compete pronunciarnos a favor de la
protección del derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado
sin ningún tipo de cortapisas", señaló en el comunicado Jorge Canahuati,
presidente de la SIP.
Canahuati agregó que "el allanamiento a la radio para confiscar materiales
probatorios representó una actitud desproporcionada por parte de la
Justicia".
"Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco
delincuentes a 'prima facie' como para que seamos atropellados con medidas
forzosas que desconocen principios de libertad de prensa", criticó.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, consideró que "este caso representa un
avasallamiento al derecho legal y legítimo a la protección y la reserva de las
fuentes periodísticas".
Jornet tildó el caso de "despropósito que conlleva el riesgo de intimidar
a otras fuentes periodísticas".
Canahuati y Jornet acotaron además que el procedimiento judicial, "tanto
de fondo como de forma, mostró un sesgo peligroso que desconoce el derecho
internacional y la garantía legal en Uruguay sobre la reserva de la fuente,
garantizada expresamente desde hace más de tres décadas".
Los directivos de la SIP consideraron "productivo" el debate social sobre este suceso, algo, indicaron, que "permite entender mejor la libertad de prensa y su valor esencial en una sociedad democrática".
EFE