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Política

Prendidos fuego

Socialistas responsabilizan al gobierno por despidos en empresas de supergás

El sector del FA salió en bloque a cuestionar al Poder Ejecutivo por los cambios en el mercado y acusan de “privatización endógena”

02.04.2023 16:04

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2023-04-02T16:04:00-03:00
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Montevideo Portal

El Partido Socialista salió este fin de semana en bloque a cuestionar al gobierno por los cambios en el mercado del supergás y a responsabilizarlo por la pérdida de empleos en el sector. Los dirigentes de esa agrupación argumentaron que un conjunto de decisiones del Poder Ejecutivo modificó condiciones de esa industria y provocó los despidos.

“El gobierno 'reestructuró' el mercado del supergás, estos son sus resultados: perdida de presencia de Ancap en beneficio de las empresas privadas; aumento de $ 130 de la garrafa de 13 kg; y ahora más de 50 despidos en el sector”, afirmó el senador José Nunes.

A través de su cuenta de Twitter, la dirigente socialista Daniela Brandon replicó los señalamientos de Nunes y apuntó que las decisiones del gobierno “benefician a una empresa y perjudican a trabajadores y a la empresa pública”.

El expresidente de la Federación Ancap y que a su vez es dirigente del Partido Socialista, Gerardo Rodríguez, también se sumó a los cuestionamientos. “A esto se le conoce como privatización endógena. Gestionan empresas públicas con la lógica del mercado desnaturalizando su esencia”, afirmó.

Los trabajadores del supergás alertaron el viernes que hubo 26 despidos en Riogas y en Acodike “cerca de 27”.

Desde Riogas comunicaron que la razón de la resolución fue un cambio en las condiciones contractuales. “A partir del 1º de marzo de 2023 y por razones totalmente ajenas a la voluntad de Riogas, cambiaron las condiciones contractuales y comerciales que rigieron durante 15 años en el envasado de supergás. Esta situación implica que Riogas está haciendo frente a nuevos y significativos costos por arrendamiento e inversiones en la planta de envasado, y costos financieros por compra a crédito de supergás, todo esto en un nuevo contexto de menor volumen envasado”, sostuvo el comunicado.

La empresa Acodike vinculó los despidos a una disminución de la demanda y una “rigidez” del sindicato para negociar, lo que provocó una reestructura que no pudo ser paulatina. Esa compañía aseguró que los desafectados fueron 14 empleados.

Por su parte, Ancap emitió este viernes también un comunicado. “El costo por arrendamiento de las plantas propiedad de Ancap, que rige desde el 1º de marzo, surge de un proceso competitivo en el cual cada uno de los interesados realizó ofertas sin restricción alguna de valor, de acuerdo con su propio análisis de futuro del negocio”, sostuvo la empresa estatal. “Las inversiones que se pudieran realizar en las plantas de envasado serán las que cada operador entienda imprescindibles y justificables para su negocio, no hay obligaciones contractuales”, agregó la empresa pública.

El directorio de Ancap informó en diciembre sobre la adjudicación a la empresa Riogas del alquiler durante ocho años de una de las plantas de envasado de supergás propiedad del ente, y a Acodike el arrendamiento por cinco años de la otra planta, afirmó la compañía mediante un comunicado. Los arrendamientos rigen a partir del 1° de marzo de 2023, tras el vencimiento de los contratos de alquiler, envasado, suministro y regulación del mercado acordados en 2007.

Hasta ese momento, las dos plantas de envasado estaban alquiladas a Gasur. Esa empresa es propiedad en un 40% del Grupo Ancap, un 30% de Acodike y 30% de Riogas. Las plantas arrendadas a Gasur, instalaciones propiedad de Ancap, a su vez eran administradas por Acodike y Riogas. Por tanto, el Gobierno asegura que con las nuevas adjudicaciones mejoran las condiciones de competencia en el mercado. Megal, en tanto, tienen su planta de envasado propia.

El supergás pasó a costar en febrero $ 73,35 por kilo. Esto implicó un aumento de $10 por kilo, lo que representó su primer incremento desde el mes de abril de 2022. El gobierno mantuvo el descuento de 50% en el precio de la garrafa para los 130.000 hogares que reciben alguna de las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social.

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