El Partido Socialista propuso al resto del Frente Amplio "y al conjunto del movimiento popular" la creación de "un espacio de coordinación entre todas las organizaciones sociales y políticas" que se oponen al modelo del actual gobierno. Una de las primeras tareas de este espacio será "el análisis y la difusión de las consecuencias de la ley de urgente consideración (LUC)".

En este sentido, se propone "evaluar en unidad los caminos a tomar para enfrentarla". Así se señala en una declaración del Comité Central del Partido Socialista emitida el pasado sábado.

Además, los socialistas señalaron la necesidad de "seguir respondiendo con solidaridad organizada a la emergencia y el deterioro de las condiciones de vida de nuestros compatriotas y profundizar nuestra política de humildad, escucha, articulación en el territorio y los frentes sociales".

También resolvieron "seguir proponiendo alternativas a la política del actual gobierno", en la búsqueda de "contribuir a revertir un rumbo" que consideran "absolutamente equivocado y muy negativo para las mayorías sociales".

Por otro lado, afirman que es necesario "realizar una oposición honesta, coherente y valiente, fiel a nuestro proyecto y a los intereses de los sectores que representamos". "Esto implica desenmascarar las verdaderas intenciones y efectos de las políticas del gobierno, continuar y profundizar el proceso de revisión y autocrítica que desde nuestro partido hemos comenzado -examinando los errores y desviaciones que cometimos en los 15 años de gobiernos nacionales frenteamplistas-, y confrontar el discurso falso de la 'pesada herencia' con el que se quiere justificar la batería de medidas antipopulares que se están tomando", añade la declaración.

En un análisis del contexto nacional que se dejó escrito en la declaración, los socialistas consideran que Uruguay, "con las fortalezas que nuestro pueblo construyó y con los avances logrados a través de las políticas públicas durante los últimos años, enfrenta el riesgo sanitario y algunos de los efectos del confinamiento relativo de estos meses, con más recursos y fortalezas que otros países periféricos".

"No obstante, la situación social se deteriora aceleradamente, con más de 100.000 compatriotas que han caído por debajo de la línea de pobreza, reducción del salario real y un crecimiento explosivo de los seguros de desempleo", expresaron.

"Las políticas del actual gobierno en materia económica y social no han estado a la altura de los desafíos que nos plantea esta dura realidad que golpea particularmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Junto con todo el movimiento popular seguimos reclamando una decidida respuesta que incluya una política de ingreso ciudadano de emergencia para las y los trabajadores que han perdido su fuente de trabajo o han visto notoriamente afectados sus medios de vida", continúa la declaración.

"La solidaridad es hoy la tarea más urgente y nuestros territorios se han convertido en espacios esenciales de organización de recursos y alternativas a partir de los esfuerzos de la propia gente. Pero el aporte del Estado es insuficiente y si esta situación se sostiene en el tiempo costará mucho revertirla. El elenco gobernante parece optar por seguir las recetas del manual que tenía definido antes de la pandemia, incluyendo decretos que recortan al barrer el gasto público, haciendo caso omiso a la realidad y a contrapelo de lo que definen la enorme mayoría de los gobiernos del mundo", añadieron.

"El discurso de gran parte de los actores de la coalición de derecha insiste con una supuesta herencia maldita, elude responsabilidades y agudiza las tensiones sociales y políticas imponiendo urgencias que no tienen nada que ver con la actual emergencia ni con la realidad de las mayorías sociales", agregaron.

Los socialistas afirmaron que la LUC "es la evidencia más clara de esta decisión del gobierno". En este sentido, consideraron que con esta normativa de centenares de artículos "los ciudadanos uruguayos hemos perdido garantías y solo se ven beneficiados sectores muy minoritarios que concentran ya mucho poder y riqueza".

"El modelo es claro: más concentración en pocas manos, afectación de derechos de las mayorías y de las libertades sindicales, y más represión para evitar la protesta social", añadieron.

"Lo que resulta todavía más grave es que esta política regresiva, cargada de dogmatismo ideológico, se aplica con la cobertura de una supuesta intención de garantizar seguridad y prosperidad, apelando a un concepto totalmente distorsionado y selectivo de la 'libertad', mientras las acciones y las omisiones del gobierno producen todo lo contrario de lo que se proclama. Todo esto conduce inevitablemente a una pérdida de calidad democrática en el país", continuaron.