Ante una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Partido Socialista (PS) expresó que ve “con preocupación el avance de odio por parte de actores relevantes en la sociedad que incrementan el clima de violencia propio del sistema capitalista y atentan contra los Derechos Humanos”. “Condenamos la brutal violencia institucional que ejerce el Estado sobre las y los más desprotegidos, especialmente sobre niños, niñas y adolescentes, personas institucionalizadas, personas LGBTIQ+, mujeres, personas afrodescendientes y de pueblos originarios, las y los más pobres”, sostuvo el sector político en un comunicado.

De este modo, el PS dijo que los Derechos Humanos (DDHH) están en la “base de un proyecto de sociedad socialista y radicalmente democrática”. Además, reafirmó la “necesidad imperiosa de construir alternativas radicales a un sistema que (re)produce desigualdad, explotación, opresión y dolor”. 

Para el sector político, es “inadmisible” que “medio millón de compatriotas sean vulnerado, en distintos niveles, su derecho a la alimentación teniendo que acudir, muchas y muchos de ellos, a ollas populares para cubrir un derecho fundamental, mientras el 1% más rico del Uruguay concentra el 50% del ingreso”. 

Además, sostuvo que “se vuelve urgente la atención y el seguimiento a las políticas sociales penitenciarias”. “El funcionamiento y gestión del Sistema Carcelario Uruguayo se encuentra profundamente deteriorado”, aseguró. De este modo, expresó que Uruguay a nivel mundial “se ubica tristemente en el puesto número 12” en la cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, con una “población penitenciaria de 14.601 personas  y una densidad de plazas habilitadas de 131%, lo que se traduce en múltiples vulneraciones a los DDHH de las personas privadas de libertad”.

El PS afirmó que redobla su compromiso por la lucha por la Verdad, Justicia y Memoria, junto a la “aplicación plena del principio de no repetición, que adquiere una formulación concreta con el Nunca Más Terrorismo de Estado”. “El Estado debe dar respuestas a interrogantes impostergables: qué pasó, cuándo, dónde y por qué”, y, al mismo tiempo, “debe cumplir plenamente con las sentencias y pronunciamientos que señalan sus responsabilidades”. 

“Entendemos imposible el avance en la construcción de una genuina ciudadanía democrática con políticas que continúan amparando y construyendo lógicas de impunidad”, agregó.