La Justicia sobreseyó al único imputado por haber firmado la autorización de los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia. Se trata de un efectivo de la Guardia Republicana que estaba en funciones en los momentos en los que el delincuente iba desde su celda de la propia Guardia Republicana hasta la Cárcel Central, lugar en el que se encontraba el mafioso Rocco Morabito. 

El hombre era defendido por el abogado Andrés Ojeda y había sido imputado por reiterados delitos de abuso de funciones por haber trasladado a González Valencia sin autorización judicial y sin las medidas básicas de seguridad. 

Sin embargo, en el dictamen de la fiscal Silvia Porteiro al que tuvo acceso Montevideo Portal se deja claro que el individuo “tenía como cometido el cumplimiento de las órdenes superiores, que eran procedentes y que referían a la organización del traslado y seguridad de González Valencia”. 

“Estas visitas eran aprobadas por las máximas autoridades del INR [Instituto Nacional de Rehabilitación]”, indica el documento en otro pasaje. La Fiscalía asegura que de los elementos analizados surge probado que las visitas fueron aprobadas por autoridades del Ministerio del Interior de la época y también del propio INR. 

“Se trata de un oficial no penitenciario que entendió haber cumplido con la normativa al efectuar una comunicación al Poder Judicial, cuyo contenido no existe acuerdo ni transcripción”, aseguró Porteiro en su dictamen. 

Sobre el final, la fiscal agrega que no se pudo comprobar la “acción dolosa” por parte del hombre. Además, su declaración ante el Ministerio Público coincide con otros aspectos objetivos que se fueron recabando en la investigación. Estos son las intercepciones telefónicas, el cuaderno de resoluciones judiciales, los movimientos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y otros testimonios aportados por testigos.